Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Organizaciones internacionales externaron su preocupación porque el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México se encuentra acéfalo, situación que pone a los beneficiarios y solicitantes bajo un alto riesgo.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), International Service for Human Rights (ISHR), Jass – Asociadas por lo Justo, Latin America Working Group Education Fund, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Washington Office on Latin America (WOLA) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) también identificaron fallas preocupantes en la implementación del mecanismo.

En un documento fechado en Bruselas y Washington, las organizaciones mencionaron su preocupación ante la crisis que está frenando la implementación del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en los últimos meses.

Su afirmación la sostienen porque en febrero y marzo de 2015, Víctor Manuel Serrato, Director de la Unidad de Derechos Humanos, quién supervisa el buen funcionamiento del mecanismo, y Lía Limón, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, dimitieron de sus funciones y dejaron al Mecanismo acéfalo y en una situación similar a la de marzo 2014.

Mencionaron que aunque Roberto Campa Cifrián fue nombrado Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos el 23 de abril del 2015, ya pasaron casi dos meses desde la salida del Director de la Unidad de Derechos Humanos y hay poca claridad sobre cuándo se cubrirá esta posición de forma permanente.

Consideran que la ausencia de dirección pone al Mecanismo bajo un alto grado de presión y obstaculiza la función para la cual fue diseñado, poniendo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas (tanto beneficiarios como solicitantes en espera de una aceptación) bajo un riesgo aún más alto.

Aunado a la falta de dirección, existen varias preocupaciones sobre la grave falta de implementación del Mecanismo de Protección.

Mencionaron que la sociedad civil ha expresado preocupación porque la calidad y el número de análisis de riesgo han disminuido considerablemente y hay pocos incentivos para mejorar esta situación. Esto se debe en parte a la falta de recursos de la Unidad de Derechos Humanos.

Y es que según miembros del Consejo Consultivo, los analistas de la Unidad han tenido que cubrir ellos mismos sus gastos de viaje desde octubre 2014.

También resaltaron que las medidas de protección siguen siendo implementadas muy lentamente. Las personas defensoras y periodistas permanecen en riesgo mientras esperan que las medidas otorgadas durante las Juntas de Gobierno sean implementadas.

Por otra parte, la sociedad civil ha informado que hay un seguimiento inadecuado de las medidas una vez concedidas y en otras ocasiones no ha sido capaz de responder con eficacia.

Además, existe una falta de claridad en los criterios de admisión de casos y los asuntos aceptados se implementan de manera parcial o contradictoria.

Y aunque un director fue asignado a la Unidad de Prevención, Control y Análisis a principios de 2015, la Unidad aún no está operativa., en consecuencia, no hay información para establecer tendencias o patrones de ataques e incidentes de seguridad llevados a cabo contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por otra parte, la impunidad generalizada pone a las personas defensoras y periodistas en un riesgo aún más alto ya que hay pocos avances sustanciales en las investigaciones relativas a los delitos cometidos en su contra y como resultado de su trabajo.

A pesar de que los miembros del Consejo Consultivo han demostrado un muy alto nivel de compromiso hacia el Mecanismo de Protección, sus puestos son voluntarios y no remunerados. En consecuencia, el tiempo que le pueden dedicar al Mecanismo es limitado por otros compromisos.

Las organizaciones recomendaron cubrir el cargo de Director de la Unidad de Derechos Humanos, garantizar que todos los cargos dentro de la Unidad de Derechos Humanos sean permanentes; mayor transparencia en el funcionamiento de la Unidad de Derechos Humanos, y segurar que haya una financiación adecuada para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de la Unidad de Derechos Humanos.