Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (CADCO) denunció al director del Centro SCT de Oaxaca, Rafael Navarrete Quezada, de ejercer indebidamente 580 millones de pesos y de cobrar el 15% a contratistas para apoyar campañas de candidatos priistas en Oaxaca y Guerrero.
Tanto el director del Centro SCT en Oaxaca como el subdirector de Obras, Julio César Medellín Yee fueron denunciados ante la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como en la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses.
El presidente de la asociación civil, Luis Alberto Ramírez Colmenares, acusó a los funcionarios federales protegidos del Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Cummings, de cobrar a los constructores 15 % adelantado porque tienen compromisos político-electorales.
El ingeniero señaló que en Oaxaca tienen el compromiso de apoyar a Beatriz Rodríguez Casasnovas, candidata del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, mientras que en Guerrero tienen que apuntalar al candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Antonio Astudillo Flores.
Ramírez Colmenares calificó como “un crimen” lo que estos servidores públicos federales le hacen al estado al convertir en un “botín” la delegación de la SCT en Oaxaca porque no han respetado lo términos de las obras que se les ha encomendado realizar, sino que han elevado sobremanera sus costos de contratación para edificar obras de pésima calidad.
Por su parte, Efrén Robles, secretario técnico de la asociación civil, también acusó al director del Centro SCT de falsear cifras respecto a las autopistas Oaxaca-Istmo y Oaxaca-Puerto Escondido al afirmar que llevan un 80% de avance y que serán entregadas antes del primer semestre de 2016 cuando apenas llevan el 45 % y al paso que van las van a terminar en el 2020.
También se quejó que los constructores oaxaqueños han sido marginados de la adjudicación de obras, las cuales en su mayoría son operadas por empresas foráneas en un 65%, las cuales ninguna ha respetado los términos y costos de las mismas.
[pull_quote_center]Detalló que en Oaxaca el centro SCT ejerció tres mil 220 millones de pesos, de los cuales, mil 846 millones de pesos fueron por licitación pública; mil 325 millones de pesos a tres personas y 49 millones por adjudicación directa.[/pull_quote_center]
Las investigaciones que realizó dejaron en evidencia que 32 contratos se adjudicaron por invitación, es decir, están por encima de la ley y fueron otorgados de manera ilegal por un monto de 580 millones de pesos.
A su vez, el abogado del corporativo, Sergio García, precisó que el pasado 13 de mayo presentó las respectivas denuncias ante la Auditoria Superior de Federación, la Secretaría de la Función Pública y la PGR.
Lamentó que en Oaxaca “estemos atrapados en una corrupción que violenta la obra pública en el estado».
Finalmente, aclararon que los acusados al rato no pretendan justificar sus corruptelas declarando que es ajuste de cuentas político porque ya han acusado a funcionarios de la Secretaría de las Infraestructuras que es parte del gobierno aliancista PAN-PRD y ahora señalan a los priistas Beatriz Rodríguez y Héctor Astudillo.