Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) demandó a los tres niveles de gobierno que expliquen qué riesgo los motiva para implementar, en la entidad, un operativo armado con más de 10 mil elementos de la Gendarmería y la Policía Federal, vehículos blindados y sobrevuelos de helicópteros.
Además, los consejeros se quejaron porque la Defensoría no es una institución “estratégica” o educativa para que las fuerzas federales establecieran un cerco policial en sus inmediaciones porque inhibe el acceso de la ciudadanía a presentar sus quejas.
También hizo hincapié que la Defensoría ha tenido que cautelar a diez defensores de derechos humanos de la sociedad civil, quienes han manifestado sentirse sobre-vigilados, asediados y en riesgo, a raíz de la presencia de los uniformados que tienen virtualmente sitiada esta capital.
El Consejo Ciudadano hizo un llamado a todos los actores para que impere la política, no el estado de la fuerza, pues esta última no es la solución, además de que la presencia policíaca por aire y por tierra está generando una psicosis que puede tener nocivas consecuencias psicológicas y de otro tipo entre la población, especialmente entre la infancia.
En su sesión pública, el ombudsman Arturo de Jesús Peimbert Calvo y las integrantes del Consejo: Sara Méndez Morales, y Martha Julia Avendaño, así como de los integrantes Héctor Lorenzo Estrada, Pedro Matías Arrazola y Bernardo Rodríguez Alamilla, fijaron un posicionamiento para que el gobierno de Gabino Cué informe y explique cuál es el tipo de seguridad pública que pretende establecer y cuáles son las razones para tener tanta presencia policíaca.
En el documento, el Consejo Ciudadano pide a las autoridades que informen el periodo durante el cual estas fuerzas federales permanecerán en la zona, al mismo tiempo que exhorta a todos los elementos de estas fuerzas de vigilancia a respetar los protocolos de derechos humanos en sus actuaciones, y abstenerse de emplear armas de fuego o de otro tipo en sus operativos.
Consideró que los estados de fuerza no son estados convenientes para la gobernabilidad ni la buena gobernanza en esta sociedad, máxime cuando la comunidad oaxaqueña no olvida la respuesta represiva y autoritaria que el régimen federal, estatal y el municipal aplicaron a los movimientos sociales de 2006 y 2007 en Oaxaca.
Respecto al hecho de que La policía federal cerró los accesos de la calle de Los Derechos Humanos, impide el libre tránsito de los trabajadores y como burla colocó letrinas móviles precisamente frente a las oficinas de la defensoría, fue considerada una ofensa.
El organismo consultivo de la Defensoría denunció que debido al cerco que la Gendarmería y la Policía Estatal han establecido en la Calle de los Derechos Humanos, la Defensoría ha constatado que la presencia de estas fuerzas públicas inhibe el acercamiento de personas que acuden a la Defensoría para denunciar abusos de autoridades.
E inclusive, el cerco policial obstaculiza el acceso de la ciudadanía a la Defensoría que tiene algún agravio por la conducta de los propios elementos de la Gendarmería y la Policía Federal.
El organismo consultivo señaló que la intimidación ocasionada por la excesiva presencia policial en torno a la sede de la Defensoría viola el derecho a la seguridad jurídica de las personas que requieren los servicios de esta institución.
Cabe recordar que desde la madrugada del pasado 21 de julio, con motivo de la toma del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se instaló una fuerza policial compuesta por unos 10 mil efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, equipados con vehículos de tierra como camionetas, camiones tipo Kodiak y tanquetas, además de nueve helicópteros que todos los días realizan vuelos rasantes en esta capital.
A partir de la fecha señalada, una porción considerable de esa fuerza policial se instaló en la Calle de los Derechos Humanos, donde se ubica la sede de este organismo autónomo. Con este acto, no sólo se vieron obstruidos ambos lados de la vía por más de 50 autobuses y decenas de vehículos de la Gendarmería y la Policía Estatal, sino también las vías cercanas de Privada de Alianza y Privada Licenciado Eduardo Vasconcelos.
Los elementos de las fuerzas policiales cerraron ambas privadas, con lo cual impidieron el paso desde ese día a los vehículos que transitan en esta vialidad, muchos de los cuales son de transporte público foráneo.
Además, el Gobierno del Estado ha habilitado como cuartel el gimnasio estatal “Ricardo Flores Magón” a fin de alojar ahí las fuerzas policiales federales, restringiendo con esta medida el uso público de un espacio destinado al deporte y a actividades recreativas para la población de Oaxaca.
Lo anterior constituye una violación al derecho al libre tránsito que no ha sido justificada por las autoridades, ya que ni la Defensoría ni el gimnasio “Flores Magón” figuran dentro de las instalaciones estratégicas (como el aeropuerto, la central de autobuses de primera clase y radiodifusoras) que los cuerpos policíacos anunciaron que resguardarían.
Finalmente, el Consejo externó su preocupación por la presencia de fuerzas armadas en la entidad al darle un trato de delincuencia organizada como se observa en entidades que padecen situaciones de violencia mucho más delicadas, como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
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