Jaime GUERRERO
Oaxaca, Oax. (pagina3.mx).- El Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, desmintió al grupo de feministas que protagonizaron violencia verbal y física en la sede del Congreso del Estado, durante la aprobación de la reforma electoral y refirió que en el artículo 25 constitucional se estableció el principio de igualdad y se garantiza la total participación de la mujer en los procesos electorales en todas las comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca.
Melquiades Rosas Blanco, consejero de ese conglomerado, dijo que con preocupación e indignación ven que se afirma que los sistemas normativos violan los derechos “de nuestras hermanas y que por tanto debe establecerse la paridad de género al igual que se ha establecido para los municipios que se rigen por partidos políticos”.
El consejero indígena, afirmó que el enfoque es falso, porque en los municipios que se rigen por la vía de los partidos políticas, la participación política implica el ejercicio del poder y acceso a un salario y otras prerrogativas, “en muchas de nuestras comunidades y municipios, se concibe y se desempeña el cargo bajo el enfoque de servicio, muchas veces gratuito y que implica múltiples sacrificios”.
“Por esta razón, consideramos que es acorde con esta realidad, lo establecido por la reforma en el artículo 25 Constitucional, en el que se ha reconocido el principio de la “igualdad de derechos” y se garantiza “la plena y total participación de la mujer en dichos procesos electorales y el ejercicio de su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad” en todas las comunidades indígenas y afromexicanas para la elección de sus Ayuntamientos”, señaló.
Rosas Blanco, reconoció que las asambleas generales están obligadas a permitir la participación de la mujer en condiciones de igualdad con los hombres, sin que ello signifique la desaparición o asimilación de sus formas de organización.
Enfatizó que la disposición tiene fundamento y es congruente con lo establecido en la fracción III, Apartado A, del artículo 2 de la Constitución Federal y otros instrumentos internacionales en la materia.
Bajo esta perspectiva, rechazaron “las voces que desde una posición racista y discriminatoria, desconociendo estas realidades, se abrogan una representación que nadie les ha otorgado y pretenden presentarse como nuestras salvadoras y salvadores”.
Y es que el pasado 30 junio, la LXII Legislatura, aprobó la reforma política, en medio de gritos y protestas airadas de un grupo de feministas encabezadas por las ex funcionarias priístas, Norma Reyes Teheran, Rosario Villalobos Rueda, la consejera del INE, Laura Susa Chía Pérez, la comunicadora, Soledad Jarquín; la ex diputada del PRD, Guadalupe Rodríguez Ortiz, entre otras activistas.
Las mujeres reclamaban la paridad horizontal y vertical en los 570 municipios de Oaxaca, principalmente en los regidos por los Sistemas Normativos Internos. La protesta paso de los reclamos y calificativos verbales a los y las diputadas, a lanzamiento de huevos a la puerta principal del recinto legislativo. En respuesta, dos personas que presuntamente eran empleados de diputados del PRI, también lanzaron dos huevos a las activistas.
Reyes Teheran y Villalobos Ruevda, reclamaron airadamente a las diputadas panistas, Alejandra García Morlan, por rechazar la paridad vertical horizontal y vertical en los municipios que se rigen por los sistemas normativos internos, pese a que la panista arribó por la vía plurinominal al Congreso del Estado, tras ganar un juicio en tribunales, alegando la paridad e igualdad de género.
En contra parte, Rosas Blanco -a nombre del Consejo Consultivo- hizo un reconocimiento y agradeció a las diputadas y diputados, “así como a todas las personas que de buena fue han defendido nuestros argumentos y opiniones en el debate sobre la reforma constitucional en materia político electoral”.
En tanto, destacó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, transparencia, procuración de justicia, político electoral y combate a la corrupción, retoma aspectos que consolidan derechos e implican un avance importante, respecto de los derechos políticos-electorales.
Sin embargo, demandó que a la brevedad posible la LXII Legislatura, someta a la consideración del Pleno la reforma integral sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano dictaminada por la Comisión de Estudios Constitucionales y Asuntos Indígenas.
