(Cimacnoticias)
México, DF.- Senadoras por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunciaron para que la única gobernadora electa, Claudia Pavlovich –quien encabezará la administración en el estado de Sonora–, y los otros ocho gobernadores que triunfaron en los pasados comicios hagan un compromiso político por la igualdad sustantiva.
Las senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna y Luz María Beristaín Navarrete emitieron hoy un punto de acuerdo, para que la gobernadora electa de Sonora y sus pares en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, asuman un compromiso público por la igualdad sustantiva.
Asimismo, para que sus equipos de trabajo –gabinete legal y ampliado– se integren de manera paritaria por mujeres y hombres, según establece el punto de acuerdo de las senadoras.
Las legisladoras acotaron que si bien la reforma político-electoral de 2014 permitió que en el pasado proceso electoral –con el que se renovaron nueve gubernaturas– se estableciera la paridad de género (50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones) en candidaturas al Poder Legislativo federal y local, sólo resultó electa una mujer como gobernadora.
Pavlovich fue la única candidata electa para una gubernatura de entre las seis mujeres que se postularon por el mismo cargo en otras entidades.
Como desde 2012 (año en que Ivonne Ortega concluyó la gubernatura en el estado de Yucatán), los puestos de decisión en la administración pública siguen ocupados en su mayoría por varones, observaron las senadoras.
Las perredistas que suscribieron el punto de acuerdo destacaron la importancia de que la gobernadora y los gobernadores electos en sus respectivas entidades hagan un compromiso político por la igualdad sustantiva.
Es decir, que asuman públicamente como eje rector el principio de paridad que garantice de manera igualitaria el acceso de mujeres y hombres al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales entre los sexos, como lo establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Este principio –señalaron las legisladoras– debe regir no sólo a los cargos de la administración pública, sino también en todos aquellos órganos colegiados de toma de decisión. Asimismo, en los organismos dotados de autonomía constitucional o cualquier otro del ámbito privado en sus respectivas entidades.
