Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que a un año y medio de la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado por corrupción de menores, no ha sido sentenciado por complicidad entre funcionarios y autoridades eclesiales.
El Foro Oaxaqueño de la Niñez integrado por 25 organizaciones y ocho sacerdotes católicos exigieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, imponer la pena máxima al presbítero detenido por corrupción de menores contra dos niños de Villa Alta, hechos que ocurrieron durante los años 2009 y 2010.
De igual forma, urgieron al gobernador Gabino Cué a investigar y sancionar demás violaciones cometidas contra niñas, niños y adolescentes por integrantes de la iglesia católica y otras creencias religiosas, así como en espacios familiares, comunitarios y escolares.
Y es que presumen que hay cerca de 45 niños que fueron víctimas de agresiones sexuales en las parroquias de Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec que se cometieron en un periodo de seis años.
El coordinador de Espiral por la Vida e integrante del FONI, Alejandro de Jesús Ramírez, comentó que las exigencias para la procuración de justicia y reparación del daño van en relación a las recomendaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño de la ONU tras la reciente comparecencia del Estado Mexicano realizada en mayo pasado.
Organizaciones como el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad CALPULLI, Ixquixóchitl, Árbol de Muchas Flores, Espiral por la Vida, el Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios y Piña Palmera, urgieron dictar la pena máxima al sacerdote, sin atender las presiones que la Iglesia pueda hacer y en su caso, se investigue también a la jerarquía católica por el delito de encubrimiento.
También pidieron realizar la reparación del daño y atención integral a los niños cuyos derechos fueron violentados por el Silvestre Hernández, de acuerdo a su contexto cultural y evitar la revictimización.
Además, exigieron reconocer públicamente el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes como un delito grave, se ofrezca una disculpa pública a quienes lo padecieron y garantice la no repetición de estos delitos.
Consideran que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes representa una vulneración grave a sus derechos que de no atenderse afecta su proceso de desarrollo físico, psicológico y emocional y cuando se comete en contextos rurales e indígenas adquiere proporciones mayores, por lo cual es necesario que el Estado, tal como se ha comprometido con organismos internacionales, garantice su protección y desarrollo.
A través de un pronunciamiento público, suscrito por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, Fundación de la Mano con la Justicia, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Asesoría Integral y Litigios Estratégicos a Pueblos Originarios y End Child Prostitution, Child Pornography and Traffiking of Children for Sexual Purposes, cuestionaron que a 19 meses que la Procuraduría General de Justicia detuvo al sacerdote no se haya dictado sentencia.
En el documento se señala la gravedad del caso, ya que desde el 2006, en su primera parroquia, se realizó el primer señalamiento hacia Silvestre Hernández por violencia sexual contra un niño; luego fue removido a Camotlán, donde se presume hay cerca de 45 niños víctimas y las agresiones se repitieron Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec.
El pronunciamiento lo firma Alberto Athié, ex cura y activista, así como los sacerdotes, Jorge Pérez García, Miguel Ángel Morelos García, Guillermo Velázquez Gordillo, Leoncio Hernández, Juan Ruiz Carreño, Sergio Herrera Arias, Juan Antonio Martínez y Manuel Arias Montes.
