Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).-El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reconoció ante el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, la responsabilidad del Estado mexicano al no garantizar la vida del indígena triqui, Antonio Jacinto López Martínez, asesinado en 2011.
El acto de desagravio se realizó ayer en la secretaría de Gobernación donde el funcionario federal también ofreció una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos del indígena triqui, quien a pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH, fue asesinado en octubre de 2011.
Así lo dio a conocer el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien calificó como un avance el acto donde el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y ofreció disculpas por no haber brindado protección adecuada a López Martínez, asesinado por defender derechos de la comunidad triqui de San Martín Itunyoso.
El ombudsman reconoció que “hay una crisis en los sistemas gubernamentales de protección a las y los defensores de derechos humanos, pues no logran garantizar la seguridad de quienes deciden reclamar el respeto a sus prerrogativas fundamentales”.
En el acto, donde también estuvieron presentes Julia Vásquez Bautista, esposa del activista, así como sus cuatro hijos -tres mujeres y un varón-, Peimbert Calvo sostuvo que una de las causas de la muerte de Antonio Jacinto es la falta de un sistema de protección eficaz para quienes deciden defender derechos humanos desde el lado de las autoridades.
Recordó que López Martínez era un indígena triqui que decidió defender sus derechos políticos, quien por esta decisión afrontó riesgos y amenazas que derivaron en su muerte, porque el Estado mexicano no tuvo la capacidad de protegerlo.
Frente al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, y el abogado de la familia López Vásquez, Maurilio Santiago Reyes, el defensor puntualizó que este esfuerzo del Estado no debe quedar en el acto de desagravio, sino que ahora debe garantizarse el acceso a la justicia, porque este derecho tampoco le fue garantizado a Jacinto López Martínez en su momento.
Por ello, recalcó, ahora es fundamental que se generen las condiciones necesarias que permitan castigar a los culpables del homicidio de López Martínez.
Por su parte, Maurilio Santiago Reyes, representante legal de la familia López Vásquez y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, insistió en la necesidad de que ahora se cautele a los deudos de Jacinto López, pues su viuda, hijas e hijo están en riesgo.
Santiago Reyes recordó que Antonio Jacinto López Martínez fue presidente municipal de San Martín Itunyoso en 2004, pero después de cumplir este cargo fue amenazado por funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca de esa época.
Recapituló que cuando Jacinto López tomó posesión de su cargo comenzó a ser hostigado y fue objeto de diversos atentados, por lo que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que emitió medidas cautelares a su favor. Sin embargo, pese a estas medidas, el activista fue asesinado en octubre de 2011.
A su vez, la señora Julia Vásquez Bautista explicó las dificultades que ha tenido que afrontar para sostener a sus hijas e hijo después de la muerte de su esposo, además de lo difícil que le ha sido acceder a la justicia.
