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Piden renuncia de funcionarios de Seguridad Penitenciaria por amenaza a líder de Ucidebac

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Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- EL líder de la Unión Cívica Democrática de Barrios y Colonias (Ucidebacc), Librado Baños Rodríguez, preso en la Penitenciaria del estado denunció que fue amenazado por el director de Seguridad Penitenciaria, Luis Morales Gutiérrez, en represalia por llevar su caso a instancias defensoras de derechos humanos.

Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el ombudsman Arturo Peimbert Calvo, demandó al gobierno del estado garantizar la seguridad física y psicológica del dirigente de Ucidebacc, Librado Baños Rodríguez, quien el sábado 26 habría sido amenazado por un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Peimbert Calvo explicó que la amenaza de agresión física denunciada habría ocurrido justo unos días después de que una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se entrevistó con Librado Baños, quien está en situación de reclusión en el Centro de Reintegración Social de Santa María Ixcotel desde 2013.

Resaltó que durante un cateo a la celda de Baños Rodríguez, el director de Seguridad Penitenciaria, Luis Morales Gutiérrez le hizo saber:

“Yo soy el que manda aquí, y aquí adentro me parto la madre contigo y ahí afuera con quien sea, y con quien esté chingando”.

Y le advirtió: “Ya me tienes hasta la madre, esto es el principio de lo que viene” y “todo el tiempo te estas quejando con los de derechos humanos”, al tiempo que le tiraban al piso sus pertenencias, vaciaron el medicamento líquido, y le robaron 800 pesos.

Tanto la defensoría como organizaciones de derechos humanos exigieron que se sancione y separe de su cargo al subsecretario de prevención y readaptación social Baldemar Pérez Canseco y  al director de Seguridad de Centros Penitenciarios, Luis Morales Gutierrez.

También se inicien los procedimientos de responsabilidad civil, penal y administrativa contra todos y cada de las y los funcionarios que por acción y omisión han llevado a Librado al deterioro de su salud y actos de maltrato, hostigamiento y tortura.

El ombudsman calificó como urgente que el gobierno del estado tome medidas contundentes para garantizar la seguridad física y psicológica de Librado Baños y de su familia, pues de manera reiterada la Defensoría ha señalado la necesidad de protegerlo y también en forma reiterada el interno ha sido agraviado de nuevo.

Además, consideró como sumamente preocupantes las manifestaciones del propio Librado Baños y de su defensora, Eva Lucero Rivero Ortiz, en el sentido de que el hostigamiento hacia ellos se hizo evidente a partir de que gestionaron medidas cautelares para asegurar la atención médica al interior del reclusorio.

“Esto es muy grave y el gobierno debe asegurarse de que no suceda, pues interpela al sentido mismo de los procesos de cautela gubernamental a favor de defensoras y defensores de derechos humanos”, expuso el defensor al recordar que en el mismo contexto la defensora Rivero Ortiz recibió amenazas telefónicas.

Peimbert Calvo emitió como medida cautelar donde pide al secretario de Seguridad Pública iniciar procedimientos de investigación para determinar la posible responsabilidad de funcionarios públicos sobre las amenazas recientes, y los hechos anteriores.

Asimismo, pidió establecer medidas especiales para garantizar la integridad física y psicológica de Librado Baños y su familia, que estaría en riesgo tras las amenazas creíbles del funcionario de SSP, con el fin de evitar la consumación de daños de difícil o imposible reparación.

Finalmente, dijo que “el gobierno del estado debe dar señales claras; necesitamos acciones enérgicas que muestren su disposición para proteger la seguridad y la vida de defensores y defensoras de derechos humanos”.

Y agregó que a petición del defensor cautelado, también se dará vista de esos hechos al Ministerio Público para que investigue los delitos que se configuren, y se enviará copia de la declaración al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

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