Francisco J. Sánchez
Las críticas públicas a la 62 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, a raíz de los revés asestados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar dos leyes lectorales locales y las acusaciones de presuntos actos de corrupción entre legisladores, superó geográficamente los análisis de cubículo y las discusiones de café.
La semana pasada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, miembros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), una agrupación de estudiosos de los procesos electorales de México y el mundo, analizaron en una de sus mesas de su último congreso nacional, algunos los daños y agravios a los ciudadanos oaxaqueños.
En un intercambio de experiencias jurídico-sociológico, académicos, consultores, consejeros locales y federales consideraron a Oaxaca como un caso atípico con síntomas severos de replicar el escenario registrado en las elecciones federales de este año, donde las deficiencias de los actores políticos y electorales contaminaron la participación ciudadana.
Algunas de esas valoraciones son:
- Si bien es cierto que el boicot electoral generalizado fracasó el pasado 7 de junio, la experiencia evidenció las acciones punitivas de los sectores más radicales del magisterio que en el proceso electoral local que ahora tendrán representatividad formal.
- Mostró la falta de previsión e incapacidad del Instituto Nacional Electoral (INE), a nivel nacional y local, para hacer frente a un escenario de esta naturaleza, a pesar de que existían evidencias reales de violencia el día de la jornada electoral.
- Reveló la fragilidad de una institución electoral que teniendo a la mano los instrumentos legales y la autoridad para actuar en tiempo y forma para reubicar casillas localizadas en escuelas públicas, y garantizar la distribución oportuna del material y documentación electoral a todas las mesas directivas de casilla, prefirió someterse a los tiempos políticos marcados por el gobierno federal.
- El mayor beneficiario fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
- Actualmente, la 62 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca vulneró el proceso electoral del 2016 para renovar poderes Legislativo, Ejecutivo y 570 municipios, al olvidar su función esencial como órgano representativo para formular reglas claras y en cambio optó por las concesiones políticas.
- El órgano público local electoral, el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), como otros en el país, privilegió los intereses de la clase política y los partidos políticos por encima de la representatividad de los ciudadanos.
- No parecería lejano que algunos escenarios se repliquen para las próximas elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
Aunque algunos de esos conceptos son pan de todos los días en los medios de comunicación locales, la confirmación no es más que certificar que la fama pública de la 62 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, los órganos electorales y de los partidos políticos locales, superó con creces sus acuerdos políticos de café.
Especialista en análisis y estrategia política.
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