Como en Chile el aborto está totalmente penalizado desde 1989, las cifras en torno a las interrupciones del embarazo provocado son siempre estimativas.
Como en Chile el sistema público de salud es utilizado por los sectores con menos dinero, las mujeres castigadas por aborto son las más pobres, indica la investigadora.
De este último grupo, que abarca tanto embarazadas como personas que colaboran en el proceso del aborto voluntario, 308 casos corresponden a mujeres (un 73%).
De acuerdo a las estadísticas, en este período 506 personas han sido acusadas por los delitos de aborto contemplados en el Código Procesal Penal.
La Defensoría Penal Pública, que tiene en sus manos la defensa de un 80% de los imputados por diversos delitos que se cometen en Chile, analizó recientemente los datos disponibles entre 2006 y febrero de 2015.
Fuente: http://elpais.com/internacional/2015/10/02/actualidad/1443811912_076425.html