Guadencia Vargas/elContribuyente
Con la reforma energética, el gobierno federal apostó fuerte por las energías renovables.
“Tenemos una meta ambiciosa: que en menos de 10 años 35% de la energía tiene que ser energía renovada”, dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la inauguración del parque eólico que operará la empresas Lenova en Tecate, Baja California.
Las afirmaciones de Videgaray, sin embargo, soslayan que en el funcionamiento de proyectos como los parques eólicos hay vacíos legales y confusión respecto de las atribuciones de cada nivel de gobierno –federal, estatal y municipal– para establecer claramente sus obligaciones fiscales.
“El gobierno federal fijó objetivos muy ambicioso, pero no hay una política pública clara para cada tipo de energía y para saber cómo cumplirán las metas”, afirma Jorge Ramírez, coordinador de proyectos del Centro de Investigación para del Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Esta falta de claridad ocasiona conflictos sociales y legales que enfrentan a las alcaldías y las comunidades con la industria, como ocurre en Juchitán, Oaxaca, y Charcas, San Luis Potosí.
En estos municipios, autoridades locales y asociaciones civiles acusan que las empresas incumplen con el pago de impuestos y derechos por el uso de la tierra, y afectan a las comunidades.
Pero José Adrián Escofet, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), rechaza los señalamientos. Asegura que los parques eólicos cumplen con sus obligaciones fiscales, benefician a la comunidad porque generan empleos y derrama económica, y aportan obras de beneficio social.
[pull_quote_center]“Son recursos que se suman a los presupuestos de los municipios y que bien aplicados redundan en beneficios para la población”, dice.[/pull_quote_center]
Falta talacha legislativa
La legislación que aplica para los parques eólicos es un galimatías. Cada nivel de gobierno tiene atribuciones para establecer obligaciones a esta industria.
La legislación de México no es fácil: hay tres niveles (federal, estatal y municipal) y es distinta en cada lugar, afirma Pablo Álvarez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Ahora, con la reforma energética, faltan algunas cosas por especificar”, advierte.
Álvarez asegura que el paquete de leyes para energías renovables, de 2008, no tuvo modificación durante la reforma energética. “Ahí se prevé que haya cambios que esclarezcan el marco regulatorio del sector eólico”, explica.
Además, dice, es un tema multisectorial que involucra a las secretarías de Energía, Hacienda, Medio Ambiente y Economía.
“Por eso las empresas tienen que contratar gente que esté al tanto de la legislación local, estatal y federal para instalar este tipo de proyectos que no son nada sencillos”, advierte el académico.
[quote_center]En materia de impuestos, Hacienda establece que las empresas deben pagar a la Federación el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuestos Sobre la Renta (ISR) y, en algunos casos, los impuestos a la importación y exportación.[/quote_center]
En las entidades, los impuestos y derechos que aplican a los proyectos eólicos dependerán de cada legislación local, de acuerdo con Hacienda.
elContribuyente solicitó a la dependencia cifras de los impuestos que pagan estas empresas. Contestó que no cuenta con esa información debido a que “no existe un rubro específico que permita identificar las contribuciones relacionadas con la industria eólica”.
Escofet, de la AMDEE, explica que las empresas del sector pagan, como cualquier empresa, el IVA y ISR al gobierno federal, el Impuesto Sobre Nómina (ISN) al estado, y el predial y los derechos de construcción y cambio de uso de suelo al ayuntamiento.
A su vez reciben beneficios de Hacienda y Energía, como el arancel cero a equipos que prevengan la contaminación o que se utilicen para investigación y desarrollo tecnológico de este sector, con el propósito de fomentar la inversión en el sector energético.
El artículo 40, fracción XII, de la Ley del ISR también establece la depreciación acelerada para deducir 100% de la inversión total en maquinaria y equipo, siempre que opere durante un periodo mínimo de cinco años. El descuento aplica al hacer la declaración.
Hasta los juzgados
Autoridades de los municipios de Charcas y Juchitán se quejan de las facilidades que los gobiernos federal y estatales otorgan a las empresas de energía eólica, y de su falta de cumplimiento de éstas con las autoridades locales.
El gobierno federal les otorga la licencia o la subvención, que pasan por la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, explica Francisco Gutiérrez, presidente municipal de Charcas, en San Luis Potosí, donde hay 100 aerogeneradores de la empresa Enel Green Power.
[pull_quote_center]A veces incluso les permiten construir sin licencias, afirma Gutiérrez. “Si un presidente municipal no les exige el pago de acuerdo con las leyes, nunca darán nada porque los empresarios ven insignificantes a las autoridades locales”, afirma.[/pull_quote_center]
Enrique Figueroa, regidor de Hacienda de Juchitán, afirma que ni siquiera se acercan al municipio para conocer sus obligaciones fiscales. “Su actitud es prepotente y soberbia”, dice.
En ese municipio de Oaxaca, donde hay instalados más de 500 aerogeneradores, la autoridad local y 8 empresas eólicas disputan en juicio 200,000 millones de pesos por concepto de derechos por cambio de uso de suelo, funcionamiento y predial, desde 2014.
“Se metieron a construir, laborar y generar energía sin pagar los permisos y sin tomar en cuenta la opinión de los presidentes municipales y de pueblos”, afirma Figueroa.
Escofet, de la AMDEE, aclara que las empresas recurrieron a amparos porque los municipios quieren cobrarles 2,000 millones de pesos por derechos que no le corresponden, porque no están establecidos en su Ley de Ingresos.
Figueroa las reta: “Si ya contribuyeron que lo demuestren, que presenten su recibo o los documentos correspondientes y asunto terminado”.
¿Donativos o impuestos?
Margarita Rodríguez, directora de Vinculación legislativa de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), afirma que una estrategia de las empresas para entrar a las comunidades es ofrecer obras de beneficio social como la construcción de escuelas.
Cada empresa cuenta con un presupuesto de responsabilidad social para favorecer el desarrollo comunitario, explica Escofet, de la AMDEE. Estos beneficios son independientes del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dice.
[pull_quote_center]Tan sólo en una zona del Istmo, afirma, se han invertido más de 100 millones de pesos en obra social durante los últimos 4 años.[/pull_quote_center]
En Charcas, la empresa Enel Green Power realizó un donativo para colocar el techo a dos escuelas primarias. Pero a cambio no paga el monto total de los impuestos que le corresponden, afirma el alcalde Gutiérrez.
“El cabildo está inconforme con eso, porque es como una dádiva que dio esta empresa”, dice.
Gutiérrez asegura que Enel Green Power tendría que pagar 23 millones de pesos al año por el derecho de uso de suelo de 3,700 hectáreas, pero en 2014 sólo aportó 1 millón 450 mil pesos.
“La Secretaría de Desarrollo Económico del estado intervino como mediador para que pagaran, porque ellos nomás querían dar 372 pesos, con el argumento de que son empresas que no contaminan y que generan empleo”, dice Gutiérrez.
La ganga de la tierra
El Istmo coloca a México como la segunda región de Latinoamérica con más potencial eólico, después de Brasil. Eso hace más valiosa la tierra, afirma Rodríguez, de la CDPIM.
Sin embargo, en México los precios de la tierra son ridículos, dice, con rentas que no llegan ni a 2% del costo total del proyecto.
[pull_quote_center]“Los proyectos en el Istmo de la empresa Iberdrola, por ejemplo, pagan al año entre 23,600 y 1.4 millones de pesos por la renta la tierra. Uno similar en España va de 1.8 a 7.4 millones de pesos”, dice Rodríguez. “La diferencia es abismal”. [/pull_quote_center]
Escofet explica que el arrendamiento en México corresponde a 5% de los ingresos totales de un parque.
“Es una cuota fija que los arrendatarios cobran esté o no operando el parque, lo cual les da una condición de socios privilegiados”, afirma.
En Juchitán, desde 1964 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reconoció 68 hectáreas de terrenos comunales, recuerda Carlos Sánchez, habitante de Juchitán.
Ahora, afirma, las empresas están protocolizando los terrenos, por medio de notarios públicos que trabajan para el gobierno de Oaxaca, para que se las renten a precios no mayores a 50 mil pesos al año.
Rodríguez aclara que la CDPIM no se opone a la operación de las empresas eólicas, pero sí defiende los derechos de las comunidades a ser consultadas y participar de los beneficios de la inversión porque “sin tierra no hay proyecto”, advierte.
Lecciones
Recientemente la empresa Eólica del Sur presentó un proyecto para colocar 132 aerogeneradores en una superficie de 5,332 hectáreas, en Juchitán.
Para evitar un nuevo conflicto, los gobierno federal, estatal y municipal convocaron a una consulta para pedir la aprobación de la comunidad. A cambio de su apoyo, ofrecieron beneficios como 45% de descuento en la tarifa doméstica de luz.
El gobierno federal aportará 15 mil 600 millones de pesos anuales para reducir 35% la factura eléctrica, a partir del 1 de agosto de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2018. El 10% que resta lo aportará Eólica del Sur.
La empresa también se comprometió a cumplir con sus obligaciones, como tramitar la licencia de funcionamiento, la licencia para cambio de uso de suelo y pagar el impuesto predial.
[pull_quote_center]El gobierno estatal, por su parte, solicitó a las autoridades federales la construcción de un hospital de 14 especialidades con 60 camas, un centro cultural de convenciones, una central de abasto, una planta de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, un jardín etnobotánico, la rehabilitación del emisor de descargas de aguas residuales y del sistema de alcantarillado del municipio, informó la presidencia municipal de Juchitán.[/pull_quote_center]
El gobierno federal también adquirirá dos aerogeneradores para que la comunidad o el municipio los administren, y así se reduzca la tarifa eléctrica, comenta Figueroa, regidor de Juchitán.
Raymundo Regalado, miembro de la APPJ, asegura que las consultas están “amañadas” y que estas empresas no benefician a la gente.
En la región Kiliwa de Ensenada, Baja California, la empresa Fuerza Eólica intentó apropiarse de 250 hectáreas de tierra rica, donde hay seis minas de oro y plata, afirma Margarita Rodríguez, de la CDPIM.
[pull_quote_center]“Se necesitan 1.2 a 1,5 hectáreas por aerogenerador, ellos querían abarcar 250 hectáreas innecesariamente”, dice, con base en la información que acopió para el estudio “La energía eólica en México: una perspectiva sobre el valor de la tierra”. [/pull_quote_center]
A pesar de la inconformidad y los conflictos legales, recientemente, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el titular de Energía, Pedro Joaquín Codwell, asistieron a la inauguración de un parque eólico en Tecate, Baja California.
En el lugar hay 40 aerogeneradores de la empresa Ienova, que producirán energía no para México, sino para Estados Unidos, por un contrato de 20 años con la empresa San Diego Gas and Electric.
Mientras los parque eólicos se extienden en el país, está pendiente una legislación para delimitar las atribuciones de cada autoridad en la operación de las empresas y sus obligaciones fiscales.
Numeralia
Entre
20 y 25 años dura la vida de un aerogenerador
35 son los parques que operan en México
Estados donde hay parques eólicos: 8 (Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla)
Proyectos: En Coahuila y Zacatecas
