PGR detiene a otros 3 dirigentes de la S-22, entre ellas a Carmen López Vásquez y Norma Cruz

Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Policía Federal ejecutó tres órdenes de aprehensión en contra de los responsables de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) de las regiones del Istmo y Valles Centrales con lo que suman siete los profesores del “ala radical” detenidos.

Extraoficialmente se dio a conocer que Heriberto Magariño López, dirigente de la Sección 22 en el Istmo de Tehuantepec y Norma Cruz Vásquez, líder en Valles Centrales, así como la responsable sectorial, Carmen López Vásquez, fueron detenidas esta tarde.

En respuesta, la Sección 22 del SNTE-CNTE realizó dos marchas hacia los juzgados federales en esta capital, mientras que en el Istmo, fueron bloqueado los accesos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en el puerto de Salina Cruz.

Los inconformes exigen la liberación de los maestros, mientras que la dirigencia reconoció que se promovieron amparos contra 38 maestros del Comité Ejecutivo Seccional.

Mientras que los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, quienes fueron detenidos esta madrugada, fueron recluidos en el penal del Altiplano, en el estado de México.

Antes, alrededor de 800 efectivos de la Policía Estatal y Federal, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) desalojaron esta madrugada a maestros de la Sección 22 que mantenían cercado el Instituto Estatal de Educación Pública y bloqueaban la carretera federal 190.

A los maestros se les acusa de diversos delitos entre ellos la violenta toma de la Junta Distrital en Tehuantepec, así como de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, como la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y el Centro de Distribución y Almacenamiento El Tule, en la capital del estado.

También los acusa de vandalismo contra la instalaciones de la Octava Región Militar en la Ciudad de Oaxaca y el robo de 10 mil libros de texto gratuito, propiedad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En particular, Orozco Matus fue detenido con base en una orden de aprehensión librada por los delitos de motín, daño en propiedad ajena contra el consumo y riqueza nacional, por su implicación en la toma de la Junta Distrito y de la refinería de Pemex.

En un comunicado, la PGR informó que la Policía Federal (PF) trasladó al penal federal del Altiplano a los cuatro integrantes de la Sección 22 detenidos en Oaxaca por diversos actos vandálicos y daños a instalaciones federales.

A Juan Carlos Orozco Matus se le acusa de su probable participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz.

Othón Nazariega Segura fue detenido por su probable autoría en los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.

Y a Efraín Picaso Pérez, de 44 años de edad, por su probable participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos.

Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Roberto Abel Jiménez García quien es señalado por diversos delitos del fuero común.

Resaltaron que a los aprehendidos podrían alcanzar penas entre 3-40 años de prisión, mientras tanto serán puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

Por su parte, el Gobierno de Gabino Cué manifestó su disposición al diálogo pero sin

negociar la ley.

En el caso de las detenciones, dijo que no tiene facultades para intervenir en el tracto procesal de los cuatro trabajadores de la educación detenidos este jueves por la PGR.

El vocero de la administración estatal Miguel Ángel Muñoz Navarro dijo que “el Gobierno de Oaxaca los invita a cernirse a la legalidad, a fin de poder ejercer sus actividades laborales, docentes y académicas, sin ninguna presión”.