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Se «acuartela» el magisterio ante el envío de 10 mil policías federales; piden no reeditar el 2006

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Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) se “acuarteló” ante el anuncio del envío de entre 8 mil y 10 mil elementos de la Policía Federal (PF) a Oaxaca para vigilar la aplicación de la evaluación docente el próximo fin de semana.

Mientras que organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales a evitar una reedición de la represión de 2006 porque el envío de la fuerza pública s una estrategia del estado para acallar voces críticas como es el caso del movimiento magisterial.

Luego que el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció el envío de tropas federales a Oaxaca para “garantizar” la evaluación de seis mil maestros en el complejo de oficinas gubernamentales de Ciudad Administrativa.

“La Policía Federal empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca; así como llegó a Michoacán la semana pasada, esta semana verán llegar los contingentes de la Policía Federal, para poder garantizar la evaluación”, afirmó Nuño ante la amenaza de la Sección 22 de boicotear la evaluación “punitiva”.

En respuesta, el dirigente de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, insistió en que hay un acuerdo nacional de la CNTE de boicotear la aplicación de los exámenes y en ese sentido “estaremos accionando” en las sedes donde se vaya aplicar la evaluación.

Hizo hincapié que los policías no garantizan que los maestros vayan a los exámenes, por el contrario, los compañeros han tomado esta ruta política y vamos a seguir en el accionar”.

A su vez, el gobernador Gabino Cué se sumó a la postura del secretario de Educación al declarar que la presencia de la Policía Federal, solo será disuasoria, pero si persiste la amenaza de boicot o de lastimar el derecho de los docentes, se actuará de acuerdo a los protocolos para garantizar la integridad de los sustentantes, que es una obligación del estado.

Cué Monteagudo sostuvo que su gobierno “siempre está preparado para intervenir y garantizar el Estado de derecho; la violencia no la genera el Estado, quien quiera generar violencia, la autoridad actuará. Si hay daños patrimoniales o si se pone en riesgo la integridad física de los maestros que acudan a su evaluación, se actuará conforme a la ley”.

A su vez, la responsable jurídica de Centro de Derechos Humanos Gobidxha, Alba Cruz Ramos, declaró que “vemos un escenario semejante al 2006, vemos tanquetas, militares, aviones de la Policía Federal y miles de federales en territorio de Oaxaca y no queremos otro 25 de noviembre donde se violaron los derechos humanos para reprimir un conflicto sociopolítico”.

Y agregó que la “exigencia es desmilitarizar el estado porque no han traído nada bueno, al contrario, se ha acrecentado la violencia, vemos mas grupos de la delincuencia organizada y no queremos mas violaciones a derechos humanos, ni detenciones arbitrarias”.

A su vez, el secretario Técnico de la Red de organismos civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), Fernando Ríos, afirmó aquí lo que observan es un “un embate político para acallar una voz critica y la persecución contra la coordinadora y el movimiento magisterial es para terminar con esas voces disidentes”.

Considera que las recientes detenciones y la militarización de la entidad “es una venganza de parte del Estado que no podemos permitir. Es un modo de actuar que ha violentado el debido proceso de los cuatro dirigentes magisteriales al  llevarlos como graves criminales, incomunicarlos, entonces, es una estrategia del Estado para acallar un movimiento”.

 

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