Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax., (#página3.mx).- La Comisión de la Verdad de Oaxaca acusó a diputados afines al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz de pretender “sabotear” su trabajo al recortarle dos millones de pesos asignados para imprimir y difundir el Informe que contiene las graves violaciones a los derechos humanos cometido en el conflicto político social del 2006-2007.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad, Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Diego Enrique Osorno, a través de un posicionamiento dirigido a las víctimas del conflicto político social del 2006-2007 y a la sociedad en general, lamentaron la decisión que tomó la LXII legislatura local por el recorte presupuestal.
Y acusaron directamente a los integrantes de la Comisión Permanente de Programación y Presupuesto, Iraís González Melo (PRD), María del Carmen Ricárdez Vela (PRI), Víctor Cruz Vásquez (PAN), Manuel Andrés García Díaz (PRI) y Carlos Alberto Vera Vidal (PVEM), de ser los principales responsables de esta decisión que sabotea la culminación de su trabajo.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad establecieron un diálogo con Adolfo Toledo Infanzón, Presidente de la Mesa Directiva, y con Iraís González Melo, Presidenta de la Comisión Permanente de Programación y Presupuesto, para saber las razones del recorte presupuestal, aunque no ofrecieron argumentos sobre dicha decisión.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad reiteró su decisión de concluir con las responsabilidades que asumió y cumplir el compromiso establecido con la sociedad oaxaqueña y especialmente con las víctimas del conflicto 2006-2007.
[pull_quote_center]Justo cuando está a punto de culminar el trabajo de la Comisión de la Verdad a la que le fue encomendado mediante el Decreto 2056 investigar los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006-2007, de última hora le recortaron el presupuesto.[/pull_quote_center]
Consideran que por las implicaciones operativas, políticas y sociales de dicha determinación, la Comisión de la Verdad reconoció que la última etapa de trabajos de ese organismo autónomo se ve amenazada por la medida legislativa, en especial la presentación y difusión de los resultados de las investigaciones independientes que han realizado.
Sin embargo, el contenido de denuncia de su informe que van a presentar en febrero próximo, se encuentra a salvo, así como los testimonios y las evidencias brindadas por cientos de ciudadanos y ciudadanas que han colaborado en este proceso de búsqueda de la verdad, justicia, reparación del daño y no repetición de los hechos.
Cabe recordar que aunque no se presentaron fueron citados a comparecer 68 ex servidores públicos, entre ellos los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por su presunta responsabilidad en la violación de los derechos humanos cometidos durante el conflicto socio-político de 2006 y 2007.
Consideran que por acción u omisión, participaron en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos en contra de la población civil participante, o no participante, en el movimiento social de los años 2006 y 2007.
Entre los que fueron citados a comparecer también se encuentran el ex secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, el ex secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado.
[pull_quote_center]También fueron citados a declarar para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia de ese conflicto que dejó 25 muertos, alrededor de 500 detenidos, 380 torturados y cinco desaparecidos, Héctor Pablo Ramírez Puga, actual director general de Liconsa y el senador Eviel Pérez Magaña.[/pull_quote_center]
