Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (#página3.mx).- Como en el Porfiriato, a los disidentes de gobiernos dictatoriales no solo se les castiga con cárcel sino que con el cuento de la seguridad nacional y por su “alta peligrosidad”, los mandan a penales de “exterminio” como el del Altiplano.
Muestra de ello, es que el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «El Altiplano» se ha convertido, en sus 25 años, en el “infierno” de 38 oaxaqueños que por participar en movimientos insurrectos, sociales y magisteriales, han sido recluidos en este penal para mandar el mensaje de que toda “rebeldía” será sofocada con tortura.
No hay que ir a prisiones de exterminio como Guantánamo o a Irak para confirmar las graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, basta con vivir en este penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez para constatar que la tortura y la represión es algo que se sigue imperando en México.
Por estas celdas han pasado 27 indígenas zapotecos de la región Loxicha acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), el comandante Antonio, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y el ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano, vinculado a grupos guerrilleros.
Ya en el 2006, por la revuelta socio-política, fueron detenidos e internados en el Altiplano Flavio Sosa Villavicencio y su hermano Horacio, así como el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, por su participación en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Nueve años después, ahora con la resistencia magisterial que se opone a la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, fueron detenidos e internados en ese penal de máxima seguridad los dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus.
El defensor de 152 indígenas zapotecos de la región Loxicha procesados en tribunales federales y del fuero común, acusados de pertenecer al grupo rebelde denominado EPR, Israel Ochoa Lara, considera que el traslado de los maestros y otros luchadores sociales en penales de máxima seguridad son ilegales e inconstitucionales.
En realidad no hay razón para que se lleven a los detenidos a Almoloya con el cuento de la seguridad nacional y el criterio de la alta peligrosidad porque ni siquiera hay pruebas de su culpabilidad, son probables responsables. El hecho de mandarlos viola ese principio constitucional y viola la convivencia con la familia porque para reinsertarse debe estar con su familia y no aislarlo del entorno social.
Hizo saber que las condiciones en que fueron trasladados los maestros viola una serie de disposiciones legales y podría proceder un amparo en contra de ese traslado para que los regresen, ya que a través de amparos lograron que a 27 presuntos eperristas los regresaran a Oaxaca.
Luego de la irrupción violencia del EPR, el 28 de agosto de 1996, el Estado mexicano desplegó las fuerzas federales a la región Loxicha considerado el bastión del grupo guerrillero y detuvo a 152 indígenas, de los cuales 27 fueron enviados al penal de Almoloya.
Entre ellos se encontraban:
- Amadeo Valencia Juárez,
- Gerardo Ramírez Hernández,
- Roberto Antonio Juárez,
- Santiago Pérez Almaraz,
- Laureano Ramírez García,
- Virgilio Cruz Luna,
- Prisciliano Enríquez Luna,
- Alfredo García Antonio,
- Januario Crispín Almaraz Silva,
- José Pacheco Contreras,
- Jordán Almaraz Silva,
- Genaro López Ruiz,
- Silvano Pacheco Pacheco,
- Arnulfo Almaraz Valencia,
- Guillermo Pacheco Pacheco,
- Benito Almaraz Enríquez,
- Eleno Hernández Almaraz,
- Agustín Pacheco Hernández,
- Paladio Luna Pacheco,
- Felipe de Jesús Antonio Santiago, y
- Juan Sosa Maldonado.
Entonces, agregó, en el caso de los maestros procedería un juicio de amparo porque este internamiento es inconstitucional porque va con fines de alejarlos de su entorno social.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está repitiendo lo que en su época hizo Porfirio Díaz que mandaba a los rebeldes a San Juan de Ulúa o a Valle Nacional.
El objetivo es dar un castigo ejemplar y dificultarle la defensa porque si no tienes recursos tendrá que quedar con defensores de oficio, lo que confirma que si hay un proceso represivo.
Además, si bien las órdenes de aprehensión que se libraron son por los excesos que se han cometido durante las manifestaciones magisteriales; sin embargo, hay un problema de acreditar la responsabilidad directa de cada uno de ellos porque el hecho de ir a la marcha no es delito.
La realidad es que penales como el del Altiplano están hechos para torturar. No los van a maltratar, pero estar ahí aislados y vigilados ya es tortura porque son para dominar y someter a la persona.
A casi 20 años de la represión de los Loxicha, el responsable del Bufete Jurídico Popular sostiene que el Estado se ha ido afinando más en cuanto a la forma de control y represión social.
Mencionó que a los maestros -como a los desaparecidos de Ayotzinapa– se les vincula o trata con el crimen organizados y al meterlos en esa dinámica se convierte en una especie de guerra de baja intensidad donde se busca dominar todas las expresiones de inconformidad y rebelión social que se puedan dar y para eso el concepto de delincuencia organizada les funciona bien.
Luego recriminó que los operativos que hacen para desmantelar los cárteles no se ven tan aparatoso como los operativos para enfrentar una manifestación social o el trato que se les da a ex gobernadores como Ulises Ruiz Ortiz, Andrés Granier, Humberto Moreira, Eugenio Hernández que han dilapidado los recursos públicos y han dejado sus entidades en banca rota y no pasa nada porque llegan a arreglos.
A su vez, Maurilio Santiago Reyes, Presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), reforzó que Almoloya fue construido como un penal para delincuentes peligrosos, sin embargo, al mandar a luchadores sociales manda el mensaje que es para sofocar cualquier acto de rebeldía.
“Estamos viviendo una situación como la dictadura de Chile donde si no te desaparecen como a los normalistas de Ayotzinapa, entonces, llenas los penales de presos políticos”, puntualizó.
A su vez, el ex rector de la UABJO, Felipe Martínez Soriano, a sus 88 años, confiesa que en lugar de disminuir la represión, va en aumento y eso es grave porque habla de la desestabilización del país y de un gobierno que no sabe cómo enfrentar las cosas y entonces utiliza la represión”.
Consideró que “esa medida (de enviarlos a penales de máxima seguridad, no ha servido de nada, al contrario, va aumentar la violencia porque en lugar de resolverse crece la inestabilidad del país”.
Recuerda cuando estuvo recluido en el penal de Almoloya: “La cárcel siempre es triste, esta uno aislado totalmente, es la mayor tortura, es el aislamiento lejos de las cuestiones físicas y morales, es el aislamiento. Hay gente que no aguanta.
Martínez Soriano señalado de ser el fundador del Partido Revolucionario Obrero Clandestino, Unión del Pueblo (PROCUP) fue detenido el 26 de junio de 1990 por el asesinato de uno de los vigilantes del periódico La Jornada cometido en abril de ese mismo año.
Antes, el 12 y 14 de junio de 1990 fueron detenidos David Cabañas Barrientos y el oaxaqueño Felipe Edgardo Canseco Ruiz como militantes del PROCUP.
Fue en septiembre de 1996, por la irrupción del EPR, que seguridad nacional los trasladó al Penal de Almoloya.
Ahí permaneció tres meses de aislamiento y luego le permitieron ir y venir por módulos de control donde logró observar a Raúl Salinas de Gortari, a algunos narcotraficantes y presos clasificados como altamente peligrosos.
“Ahí estuve dos años, vigilado por dos o tres oficiales, como les llamaban, aunque en realidad son militares en “servicio social” que mandan a cumplir su sentencia. La mayoría son torturadores profesionales, que se ensañan con los presos del fuero común, no así con los del fuero federal o político”, confiesa en su libro “Movimiento democrático universitario y testimonios de la cárcel”.
A ese penal también llevaron a Jacobo Silva Nogales conocido como el comandante Antonio del ERPI. Aunque nació en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por diferencias políticas y estratégicas relacionadas con la conducción de la guerrilla en México, se separó del EPR y fundó el ERPI en la localidad de El Charco en el estado de Guerrero.
Fue detenido por la policía federal en la ciudad de México el 19 de octubre de 1999 y el 24 de ese mismo mes lo ingresaron junto con su esposa Gloria Arenas Agis y dos personas más al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.
Y fue liberado el 29 de octubre de 2009 del penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit conocido como «El Rincón», tras haber ganado jurídicamente el segundo proceso de amparo directo interpuesto el 8 de octubre de 2008.
Ya en el 2006, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, narró a Proceso que “fui detenido el 6 de agosto como a las cuatro y media de la tarde Los seis agentes que me secuestraron me llevaron cubierto de la cara, me golpearon con sus puños y sus armas. Me torturaron hasta dejarme en estado de desmayo para llevarme a una casa de seguridad de Matías Romero”.
Añadió: “De ahí, el 7 de agosto, me sacaron como a las 11 de la mañana para ser trasladado, en helicóptero, al Altiplano Ingresé al penal de máxima seguridad, según el expediente penal 35/2006, por los delitos de robo calificado, daños en propiedad ajena, motín, sedición y privación ilegal de la libertad.
“Curiosamente, los ofendidos eran los agentes ministeriales y de la Agencia Federal de Investigaciones, encabezado por el delegado de la PGR, Javier Dovalá Molina, lo que confirma que hay una consigna, un amasiato, un grado de complicidad entre los funcionarios federales y estatales”, añadió
Abundó: “En el Altiplano, desde el momento en que llegas, la tortura es permanente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora; es un infierno Desde que llegas, te sientan con la cabeza boca abajo, las manos hacia atrás.
[pull_quote_center]“Dos perros adiestrados olfatean para revisarte de cabo a rabo. Te desnudan. Hay gritos, empujones. Luego de pasar la primera aduana, te llevan arrastrando a un área conocida como el Centro de Observación y Clasificación. Ahí te mantienen sin dormir las primeras 48 horas frente a una cámara que te está vigilando. No hay posibilidad de tener acceso a tu defensa o a familiares. A mí, la toma de declaración preparatoria se dio el 10 de agosto; es decir, cuatro días después de la fecha de mi detención, y con delitos prefabricados.[/pull_quote_center]
Además, no se puede hablar a nadie porque el sólo hecho de pronunciar una palabra frente a un oficial, implica una sanción 15 días, lo que significa padecer frío o dormir en el piso. Además, sólo te dan tres minutos para comer. Uno no tiene oportunidad de asearse; el castigo es permanente. Te convierten en un zombi”.
Torres Pereda dijo que vivió un “infierno” los ocho meses y tres días que estuvo recluido en el penal del Altiplano. El dirigente salió libre el 8 de marzo de 2007 tras el pago de una fianza de 17 mil pesos, sin embargo, el 22 de octubre de 2010 fue asesinado.
Por su parte, el líder de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, fue detenido el 4 de diciembre de 2006 al término de la conferencia que ofreció esta tarde en el Centro de Comunicación Social (Cencos) y enviado al penal de Almoloya donde permaneció hasta el 16 de agosto de 2007.
Además, fueron detenidos Horacio Sosa (hermano de Flavio), Ignacio García y Marcelino Coache, miembros de la Comisión Política de la APPO, en la avenida Insurgentes Sur.
A Flavio Sosa se le acusó de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia.
Después de casi año y medio en prisión, Sosa Villavicencio recuperó su libertad luego que jueces del fuero común consideraron que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no aportó pruebas suficientes para que fuera procesado como responsable de los delitos de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y despojo agravado.
Al narrar sus 10 meses de infierno en Almoloya, Sosa Villavicencio coincide que es “un penal infrahumano que pretende acabar con las personas, acabarlas moralmente, donde no se respetan los derecho humano. Es un penal de exterminio”.
Considera que es terrible lo que pasa en el país y particularmente en Oaxaca donde la “justicia apesta”, ya que mientras el ex gobernador del PRI, Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores Jorge Franco, Miguel Ángel Ortega Habib, Lizbeth Caña Cadeza, Bulmaro Rito Salinas gozan de total impunidad a pesar de los crímenes que cometieron en el 2006 y 2007 y el saqueo de más de cuatro mil millones de pesos, a los maestros se les acuse de robar libros y se les castigue con enviarlos a Almoloya, eso es aberrante.
“Qué importa la educación al gobierno, lo que les importa es imponer una reforma laboral y sembrando el terror es como quieren doblegar a un sindicato”, finalizó.
