Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) interpuso una nueva demanda de juicio de protección contra la Secretaría de Seguridad Pública por incumplir con la recomendación 3/2015.
Y es que a pesar de que la defensoría acreditó que celadores violentaron los derechos humanos de un interno del Penal de Etla, no se ha iniciado procedimiento administrativo contra custodios involucrados.
Cabe recordar que el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez, ha descalificado el desempeño de la Defensoría al afirmar que “tiene que revisarse pues cobija a organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos y como consecuencia, sus criterios son unilaterales”.
“Hay que hacer un replanteamiento de la funciones de la Defensoría, a eso me refiero. A nosotros (SSP) se nos hace responsables de situaciones, que cualquier ciudadano dice que pasan al interior de un penal, pero no lo dice el interno. Pero si el ciudadano, no está dentro del penal, ¿cómo puede demostrarlo?”
En respuesta el ombudsman Arturo Peimbert Calvo acusó al secretario de Seguridad Pública de “criminalizar” el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Calificó esa declaraciones como “precámbricas, desafortunadas, viscerales, miopes y que reflejan su absoluta ignorancia y que dan un mensaje de simulación”.
Ahora, el organismo defensor acreditó que celadores del Centro de Reinserción Social de la villa de Etla violaron los derechos a la integridad personal y la seguridad jurídica de un interno, a quien le provocaron una lesión en el brazo derecho, hechos por los que el organismo autónomo emitió la recomendación 03/2015 después de integrar el expediente de queja DDHPO/1607/(06)/OAX/2013.
Resaltó que la Defensoría recibió el 27 de septiembre de 2013 la queja de un interno que está bajo proceso a disposición del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de la villa de Etla, quien narró que cuando un celador intentó someterlo por haber participado en una riña con otro interno, lo tiró al piso y, al colocarle las esposas, le jaló con excesiva fuerza los brazos hacia atrás, lo cual le provocó una luxación.
El interno expuso que enseguida fue llevado a la zona de castigo sin proporcionarle atención médica, pese a que informó al celador que sentía un intenso dolor; sólo tras la intervención de otros internos que pidieron ayuda a otros celadores, el lesionado fue conducido al hospital civil “Aurelio Valdivieso” para darle atención médica, la cual tuvo que pagar el propio paciente.
Y el 30 de septiembre de 2013 familiares del quejoso informaron al organismo que el agraviado sería transferido a otro Cereso.
Por estos hechos, la Defensoría emitió la recomendación 3/2015 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual fue aceptada por esa dependencia el 26 de mayo de 2015; posteriormente la autoridad acreditó el cumplimiento de tres puntos de los seis recomendados.
Sin embargo, la autoridad no dio cumplimiento a todas las recomendaciones hechas por la Defensoría. Por ello, la institución autónoma consideró necesario establecer la demanda de juicio de protección a los derechos humanos del interno agraviado, pues debido al incumplimiento de la autoridad no es posible restituir plenamente los derechos de la víctima.
