Gabriela Ramírez
SemMéxico. Cd. de México, 9 febrero 2016.- En México, 23 periodistas están desaparecidos, sin que hasta ahora las autoridades brinden verdad y justicia. De éstos casos, tres son mujeres.
María Esther Aguilar, originaria de Michoacán, fue la primera mujer periodista registrada como desaparecida. Era corresponsal del Cambio de Michoacán y cubría la fuente policiaca, corrupción, cateos militares y vínculos entre la delincuencia organizada y familiares de autoridades municipales. Su desaparición se registró el 11 de noviembre de 2009.
Guadalupe Cantú, periodista de la La Prensa de Tamaulipas. Cubría la nota roja y el 1 de marzo de 2010 desapareció junto con otras siete personas, todas ellas periodistas y fotógrafos de diferentes medios en Tamaulipas.
La tercera es Adela Jazmín Alcaraz López, que desapareció el 26 de octubre de 2012. Ella era reportera del Canal 12 de Río Verde, San Luis Potosí. Hay dos versiones de su desaparición, uno se vincula a su trabajo de investigaciones de la delincuencia organizada; la segunda, refiere a la detención por personal militar.
Esto consta en el Informe Especial sobre Desapariciones de Periodistas Desaparecidos que presentó este martes la organización Artículo 19 en México.
El documentos señala que 23 periodistas han desaparecido en los últimos doce años y de 2003 a 2015, calculan que en promedio han desaparecido dos periodistas por año.
“México es el país donde más periodistas desaparecidos hay en el mundo. Es un fenómeno que sólo sucede en nuestro país. La desaparición implica un crimen continuo y una señal de desaliento para obtener justicia”, señala Darío Ramírez, director de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
Los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán concentran 15 de las 23 desapariciones, es decir, cerca de 65 por ciento de los casos, mientras que Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco tienen entre uno y dos casos por estado.
En 15 de 23 casos, las y los periodistas desaparecidos cubrían hechos relacionados con el crimen organizado/narcotráfico (69 por ciento); siete, temas de corrupción (32 por ciento); seis cubrían nota roja (27 por ciento); cinco, vínculos entre autoridades militares, federales y estatales con el crimen organizado (23 por ciento) y tres, la fuente policiaca (14 por ciento).
El informe señala que en cuatro de 23 casos se encontraban involucradas autoridades militares en la información; en cinco autoridades federales; en cuatro, autoridades estatales en la información; en tres, autoridades municipales; en dos casos existieron amenazas directas por parte de autoridades militares.
“La documentación que ofrece este informe permite señalar un patrón donde en el 96 por ciento de los casos se identifica como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad, en los que se relaciona a funcionarios y crimen organizado”.
En el 23 por ciento de los casos, los comunicadores recibieron amenazas previas por su labor informativo.
Vale la pena señalar que en ninguno de los casos, según el informe, hay claridad y avances en la investigaciones. De hecho en la mayoría las autoridades locales y federales omitan el ejercicio periodístico como una de las principales líneas de investigación en los casos.
Asimismo, se exponen los obstáculos que enfrentan las familias de las y los periodistas desaparecidos. Es constante que se les niegue el acceso a la investigación, siempre bajo argumentos que no contemplan sus derechos. Las víctimas indirectas terminan por no obtener información detallada sobre el curso y los resultados de las investigaciones.
“Las desapariciones de periodistas representan para la prensa una represalia a su labor, que concluye con la autocensura. Con la omisión del Estado, la impunidad es un mensaje de aliento a la corrupción y la repetición de estas agresiones. Y aún más trascendente, perjudican seriamente a la sociedad, ya que niega su derecho a la información, de claro interés público, y a la libre difusión de ideas”, señala el documento.
Este informe llega en el contexto de la desaparición de la periodista Anabel Flores en Veracruz.
El presidente Enrique Peña Nieto presentó en diciembre de 2015, una iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, producto del fuerte pronunciamiento que hiciera el Comité contra la Desaparición Forzada e Involuntaria (CDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
