Jaime GUERRERO
OAXACA, (#página3.mx).- Santiago Nieto Castillo, titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), precisó a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que no pueden participar en actos de proselitismo político, ni pueden pedir licencia en días hábiles para acudir a un acto de campaña.
Mientras que a la ciudadanía, organizaciones sociales y al magisterio les dijo que impedir instalación de casillas, obstaculizar el ejercicio de la función electoral, generar actos de temor al electorado o impedir que un Consejo general, municipal y distrital se instale, son conductas delictivas que serán sancionadas penalmente.
El titular de la Fepade arribó a la entidad a firmar un convenio de colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO).
Ahí, pidió a integrantes de los Consejos del órgano local y del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a la magistratura, hacer un proceso electoral en donde los grupos sociales, políticos y ciudadanos respeten el marco normativo.
“Se tiene que señalar a funcionarios que tienen que respetar una campaña electoral. Las y los funcionarios no pueden participar en actos de proselitismo político, ni pueden pedir licencia en días hábiles para acudir a un acto de campaña”, anticipó.
El titular de la Fepade aclaró que no se limita el ejercicio de la libertad de expresión y reunión política, pero queda restringido a días inhábiles para no cometer actos que generen inequidad en la contienda electoral.
Del mismo modo, servidores públicos no pueden rendir informes de labores a partir del inicio de las campañas electorales, de lo contrario se violarían los acuerdos del INE que regulan los procesos electorales.
A la ciudadanía le pidió tener en cuenta que es un delito recoger credenciales y solicitar el voto por paga o contraprestación.
Mientras que a los medios de comunicación dijo que deben saber que en época de veda no pueden publicar encuestas o sondeos de opinión porque generan conductas delictivas. Nieto Castillo refirió que ya se han consignado periodistas en Campeche, Veracruz y Coahuila.
A los partidos políticos, agregó, el no dar comprobación de gastos de campaña y no formar parte del padrón de los proveedores del INE cuando se financian campañas o se contratan empresas para dar bienes y servicios a las campañas, es un delito sancionado.
Lo mismo, recibir dinero en especie cuando existe prohibición. “Se le tiene que decir a la sociedad, empresarios y clase política que no les conviene transitar en la ilegalidad”, asentó.
El titular de la Fepade refirió que el Legislativo estableció una ley en materia penal electoral, en virtud de que era necesaria reconstruirla a partir de distintos tipos penales abiertos y ahora cualquier conducta que afecte los bienes jurídicos tutelados pueden ser consignados y presentados ante los ministerios públicos para librar órdenes de aprehensión.
La materia penal electoral, indicó, se fortalece en el 2014 para establecer sanciones en el plano fáctico.
Citó como ejemplo la nulidad de elecciones en Aguascalientes, porque la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado difunde un tuit donde el gobernador acompaña a candidatos a diputados federales a emitir el voto y se hacía un llamado a través de comunicación social.
En Sahuayo, Michoacán, se anuló la elección porque funcionarios del Ayuntamiento apoyaban a determinado partido político, lo que significó peculado electoral.
En Colima se anuló la elección porque el Secretario de Desarrollo Social coaccionó y ordenó el condicionamiento de programas sociales para ayudar a un partido y su candidato del PRI. Eso generó inequidad en la contienda y tras un proceso penal fue consignado y se le dictó auto de formal prisión.
“Se han generado conductas delictivas que afectan la equidad de la contienda y por tanto se anularon las elecciones”, insistió.
Sin embargo, el titular de la Fepade aclaró que no buscan la nulidad de las elecciones a través del Derecho Penal, pero si no existe otro mecanismo para hacer cumplir la constitución, es obligación de los tribunales y de las fiscalías hacer cumplir la ley.
Recordó que la primera generación de delitos electorales se circunscriben en los delitos cometidos en las mesas directivas de casillas, es decir impedir la instalación, que servidores electorales violaran el principio de independencia en el ejercicio de sus cargos y la compra de voto.
Frente a la presión de partidos políticos y legisladores federales por la obsolescencia de los delitos electorales y porque no ayudaban a los procesos, fue necesario pasar de una etapa de mayor complejidad en la sanción.
El titular de la Fepade indicó que en la segunda etapa de la construcción de los delitos electorales, antes del 2014, el 90 por ciento de los delitos electorales estaban relacionados con el Registro Federal de Electores (RFE), hoy en día las denuncias que se presentan son por temas electorales y la otra mitad por turismo electoral, así como la alteración del Registro Federal de Electores para usurpar identidades.
Actualmente se mejoraron los tipos penales y se aumentaron las penas cuando se afectan con violencia al adecuado ejercicio de los delitos electorales.
Actualmente se mejoraron los tipos penales y se aumentaron las penas cuando se afectan con violencia al adecuado ejercicio de los delitos electorales.
