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Fiscalía de Guerrero traba liberación de Nestora
Por Agencias
08 de marzo, 2016
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Una vez más la Fiscalía General del estado de Guerrero, encabezada por Javier Olea Peláez, insiste en dilatar la liberación de la ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, ya que luego de que dos juzgados ordenaron su puesta en libertad, la instancia decidió ejercer tres órdenes de aprehensión más en su contra.

Con este revés judicial, la activista continuará en prisión a pesar de que anoche dos juzgados del municipio guerrerense de Tlapa ordenaron su libertad al no encontrarla responsable de tres acusaciones de secuestro.

Y es que de último momento y de manera por demás draconiana –mientras Nestora ya alistaba su salida del penal femenil de Tepepan, al sur de esta ciudad–, la Fiscalía de Guerrero presentó tres órdenes de aprehensión contra la ex comandanta para impedir su liberación.

La noche de este lunes 7 de marzo, los juzgados Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, notificaron a Salgado García y sus abogados el auto de libertad al no encontrar pruebas para mantenerla en prisión por tres acusaciones de secuestro.

Sandino Rivero, abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, organización civil que litiga el caso de la activista, informó que a Nestora se le notificó del auto de libertad en la audiencia realizada en el Juzgado 67 Penal, con sede en el reclusorio capitalino de Santa Martha Acatitla.

Mientras la defensora humanitaria era llevada de nuevo a la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan para preparar su salida, la Fiscalía General de Guerrero envió un fax a este penal para informar de otras tres órdenes de aprehensión vigentes contra la ex comandanta, por lo que no podría quedar en libertad.

Para los abogados ya estaba previsto el escenario de que la Fiscalía estatal, encabezada ahora por Javier Olea Peláez y antes por Miguel Ángel Godínez Muñoz, guardara esas tres acusaciones y las sacará de último minuto en una forma “perversa” de administrar la justicia y mantener a Nestora en prisión.

Amanda Rivero, también abogada de la ex comandanta, refirió que –a pesar de que ayer obtuvo la libertad– desde junio de 2015 sabían de tres acusaciones más: una por secuestro, otra por homicidio y una más por robo, las cuales no habían sido notificadas formalmente.

Hace ocho meses, los litigantes sólo sabían que las acusaciones las tenían tres juzgados (en Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, todos en Guerrero). Así que una vez ejecutadas las órdenes de aprehensión, las autoridades deberán informar de la detención a los juzgados de Guerrero para iniciar un nuevo litigio.

Rivero explicó que en próximas horas o días Nestora Salgado tendrá que declarar en un juzgado de esta capital por las tres acusaciones. A ella se le culpa de robar armas de la policía municipal, secuestrar a una persona que en realidad fue retenida por la PC, y de asesinar a un joven.

Desde septiembre de 2015, Defensa Estratégica en Derechos Humanos interpuso un amparo contra estas tres posibles órdenes de aprehensión y ofreció pruebas a favor de la ex comandanta, entre ellas notas periodísticas de la conferencia de prensa que Nestora dio en Acapulco el día que supuestamente asesinó a un hombre en la carretera que va de Tlapa a Olinalá. El amparo aún está en trámite.

La operación orquestada por las autoridades de Guerrero contra la activista confirma su postura en torno al caso, pues desde el 21 de agosto de 2013 cuando fue detenida –sin orden de aprehensión y en un descomunal operativo policiaco-militar como si fuera una peligrosa narcotraficante– ha hecho hasta lo imposible por mantener a Nestora en prisión, pese a las pruebas que demuestran su inocencia.

En diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU reconoció a Salgado García como una defensora de Derechos Humanos y exigió su liberación al gobierno mexicano.

Una vez que Nestora –de 43 años de edad– rinda su declaración, que podría ser esta semana, corren los tiempos legales para que una vez más los juzgados le dicten el auto de libertad o de formal prisión.

En tanto, la mujer lleva dos años y medio en prisión –en los que ha realizado huelgas de hambre en demanda de su libertad, pese a su deteriorado estado de salud– por realizar tareas como policía comunitaria, las cuales son plenamente reconocidas por la ley del estado de Guerrero.

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