El escrito toma de referencia casos concretos de activistas criminalizados en el contexto de la extracción de recursos naturales y megaproyectos en ocho países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.
El rol de las empresas en la criminalización de éstos es preocupante en toda la región.
La criminalización comienza generalmente por el etiquetamiento y la estigmatización de las personas que, de forma individual o colectiva, manifiestan pacíficamente su descontento por los impactos de dichos proyectos en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, iniciativa conformada por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura, con el objetivo de prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra defensores de derechos humanos, presentó el pasado 25 de febrero el informe La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina .
Todo ello con el propósito de silenciar sus denuncias y reivindicaciones.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/19/opinion/017a1pol
