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Las políticas de protección para la niñez migrante no acompañada que impulsan los gobiernos de Estados Unidos y México desde 2014, criminalizan e invisibilizan la situación de las mujeres que cruzan las fronteras junto con sus familias, aseguraron organismos civiles.
Lo anterior, durante la presentación hoy de la campaña “Migrar sin riesgos. Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y su vulnerabilidad ante la trata de personas”, que lanzó la organización Infancia Común, en colaboración con otros grupos civiles, el Senado y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la Ciudad de México.
Martha Sánchez Soler, impulsora de la Caravana Migrante Mesoamericana, precisó que la migración de niñas, niños y adolescentes hacia EU “no es nueva”, y que son principalmente las personas adolescentes, “autosuficientes” e incluso ya con familias propias, a quienes los gobiernos y los medios de comunicación están llamando “niñez migrante no acompañada”.
No obstante, la activista –dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en México– afirmó que las y los niños que cruzan las fronteras generalmente lo hacen con sus madres, hermanas y hermanos o una persona conocida, pocas veces solos, y que se vuelven “no acompañados” cuando las autoridades migratorias los deportan a sus países tras separarlos de sus familias.
Abundó que el auge mediático y político que desde hace dos años se dio al tema en ambos países ocultó que en realidad el aumento de la migración se dio en casi todos los grupos poblacionales, y que en 2014 se detectó el cruce a EU de 63 mil mujeres con hijas e hijos que estuvieron en centros de detención del país vecino.
De acuerdo con Sánchez Soler, la estrategia de la prensa y el gobierno estadounidenses fue no hablar de estas mujeres y destacar como “emergencia” la situación de las y los niños migrantes, porque es más “amarillista” y para que la población aceptara las medidas que impusieron los gobiernos.
En consecuencia, al contrario de lo que significa la protección de la infancia, los gobiernos estadounidense y mexicano impulsaron programas como el Plan Frontera Sur, que no evitan la migración y en cambio abren el camino a la trata de personas.
Según testimonios de mujeres que recogió Martha Sánchez –quien cada año organiza la Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de sus Hijas e Hijos Desaparecidos en México–, ellas expresaron que por el control migratorio se ven obligadas a contratar a los llamados “polleros” (traficantes de personas).
Además, sólo 30 por ciento de las personas migrantes que cruzan la frontera sur de México pasan por un albergue, mientras que las demás siguen su camino por la ruta migrante o están en manos de grupos criminales, detalló.
La activista también criticó que si bien en México se avanza en la construcción de un marco legal para la protección de las personas migrantes, en los hechos está ocurriendo todo a la inversa, ya que en los últimos años se ha agravado la situación de violaciones a los Derechos Humanos.
Por todo ello, Sánchez Soler llamó a “desmitificar” lo que el gobierno de EU ha querido poner en la agenda mediática para aplicar medidas de detención y devolución de personas migrantes, en lugar de que cada país garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes sin importar su condición migratoria.
En lo anterior coincidió Mayra Rojas Rosas, presidenta de Infancia Común, quien aseguró que el Plan Frontera Sur –que se presentó en junio de 2014 como una medida para “proteger” a las personas migrantes en el contexto de la niñez no acompañada– no hizo más que aumentar el número de personas menores de edad detenidas por agentes migratorios, ya que mientras en 2012 se reportaron 3 mil 221 detenciones, en 2015 la cifra se disparó a 17 mil 132.
Rojas criticó que esa población, al ser desplazada de sus países por la violencia y la pobreza, en México no tenga un recibimiento acorde con el principio de interés superior de la infancia, ya que no es atendida por personal capacitado y sensible. Y es que los agentes no verifican si pueden acceder a la condición de personas refugiadas, y por el contrario las detienen y deportan.
Al respecto, la ahora presidenta de la recién creada Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, Nelly Montealegre Díaz, justificó que las personas menores de edad sean detenidas en estaciones migratorias –algo prohibido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–, porque –explicó– los DIF en los estados “no estaban preparados para recibirlos, ningún país lo estaría”.
Sin embargo, la funcionaria se comprometió a tomar medidas para que en adelante las y los niños migrantes no sean canalizados a los centros de detención del Instituto Nacional de Migración.
