Sara Lovera
SemMéxico. Cd. de México, 6 abril 2016.- El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y otras instancias federales y locales de Quintana Roo intervendrán en el proceso de apelación de la sentencia de 25 años de prisión contra Reyna de Jesús Gómez Solórzano, quien habría privado de la vida a su pareja en legítima defensa, informó a SEMMéxico Lorena Cruz Sánchez.
En entrevista, la presidenta del INMUJERES explicó que se ha formado un grupo de trabajo donde intervienen la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y Defensoría Pública del Estado, luego de que en el juicio adversarial no se atendió la perspectiva de género, el principio de igualdad y la protección a los Derechos Humanos.
Informó que personal del INMUJERES iniciará la asesoría jurídica de Gómez Solórzano, con quien se entrevistarán; así como con personal de la CEDH y de la Defensoría Pública del Estado, para procurar la restitución de los derechos de la inculpada y se investigará si hubo o no el debido proceso.
Lamentó que en el juicio contra Gómez Solórzano, de 60 años de edad, y con glaucoma que le ha causado la pérdida de la visión de uno de sus ojos de manera casi total, no se hayan considerado los antecedentes.
La hoy sentenciada sufrió reiterada violencia de parte del hoy occiso, por lo que el caso debió ser analizado como un asunto de legítima defensa, pues el día de los hechos, repelió de manera legítima una agresión, además Inmujeres brindará asesoría técnica en perspectiva de género y derechos humanos para el caso.
La presidenta de INMUJERES reiteró a SEMMéxico que la prioridad de esa institución es velar porque se hagan efectivos los compromisos institucionales para eliminar a violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos al debido proceso en casos como el de Gómez Solórzano.
Antecedentes
Reyna Gómez Solórzano hirió a su pareja sentimental y producto de la lesión murió. La mujer de 60 años, y con dos hijos, enfrenta una condena de 25 años en la cárcel por el homicidio del que no solo era su pareja; también era su agresor.
Gómez Solórzano vivía sometida a distintos tipos de violencia. En julio pasado, ella declaró que su ahora ex esposo estaba agrediéndola. Luego de golpearla, Reyna Gómez tomó un cuchillo para defenderse, con lo que provocó una herida mortal en su agresor.
Ella misma llamó a los cuerpos de emergencia, los cuales llegaron media hora después. El hombre perdió la vida y por esa razón ella fue encarcelada.
Desde hace 6 días diversas agrupaciones activistas en Cancún denunciaron que elementos de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, presuntamente torturaron a Reyna para que se declarara culpable. Este tema mereció la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una recomendación girada por el organismo a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, “por trato cruel y degradante, detención arbitraria e incomunicación”.
Hay testimonios de vecinos e, incluso, de empleadores, ofrecidos por la defensa de Gómez Solórzano, quienes dieron cuenta del ciclo de violencia sistemática al que esta mujer era sometida por su pareja, adicto al alcohol y a las drogas.
El Ministerio Público, señalaron las agrupaciones locales, no consideró este hecho como atenuante ni que Reyna Gómez actuó en defensa propia y tampoco lo hizo el juez.
La semana pasada, Reyna fue sentenciada a 25 años de cárcel. Su defensa interpuso entonces recurso de apelación en Chetumal en busca de reducir la condena.
Además de algunas cartas, una petición a la Suprema Corte de la Nación y a la Opinión Pública, el grupo de mujeres y asociaciones, han promovido la difusión del caso y solicitado apoyo económico para las defensoras integrantes de Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche y de la Red de Feministas Peninsulares (Campeche, Yucatán y Quintana Roo).
Argumentan que: “Esta mujer se defendió de su agresor, con un cuchillo y sucede la tragedia que sucedió. Ella llama a la policía y a una ambulancia, que se tardó media hora en llegar; está presa desde hace ocho meses”, expresó Virginia Betanzos, de la Red Peninsular de Mujeres.
“Es víctima de violencia y es víctima del sistema, porque no le dan la asistencia legal adecuada, ni en su caso se aplica el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género, que mandata la Suprema Corte de Justicia”, dijo en otro momento Betanzos, quien agregó que por su edad, Reyna podría haber purgado una condena domiciliaria.
Los grupos sostienen que Reyna Solórzano, además de pagar su condena en la cárcel, ha informado que tiene que pagar 800 pesos a la semana con el objetivo de evitar ser golpeada dentro del reclusorio por otras internas.
Por todo ello, hemos decidido intervenir con nuestra asesoría, dijo Lorena Cruz Sánchez.
