RODRIGO VERA

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Instancias de la Iglesia Católica en México, entre ellas la arquidiócesis de Oaxaca, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Compañía de Jesús, le piden al gobierno federal que dialogue con el magisterio disidente y deje de utilizar “la fuerza” y las “armas de fuego” contra la “ciudadanía en general” que apoya a los maestros, como ocurrió el pasado domingo 19, en Nochixtlán, Oaxaca, pues este acto represivo violó los acuerdos en la materia adoptados en la ONU.

Dichos acuerdos indican, entre otros puntos, que el gobierno debe utilizar armas “no letales” para proteger la vida humana y reducir al mínimo los “daños y lesiones” entre los manifestantes, además de proveer asistencia y servicios médicos a las personas afectadas.

El día de la represión en Nochixtlán, la arquidiócesis de Oaxaca y la diócesis de Tehuantepec acababan de emitir, por separado, comunicados de prensa en los cuales exhortaban a las partes en conflicto a dialogar.

En su comunicado, la arquidiócesis de Oaxaca, a cargo de José Luis Chávez Botello, señaló: “Urge el acercamiento y diálogo en vistas a detener de inmediato toda expresión de violencia con el compromiso de atender las causas reales del malestar social; un diálogo transparente que esté cimentado y guiado por la verdad, la unidad y el bien común, es decir, que sean éstos los referentes para discernir lo que se debe corregir o fortalecer, el termómetro para determinar las mejores soluciones”.

Por su lado, la diócesis de Tehuantepec, presidida por Óscar Campos Contreras, pidió a las “autoridades y maestros” poner “la razón por encima de la pasión” y “tender puentes de diálogo” para resolver sus conflictos.

Y advirtió: “Lo que se consigue con autoritarismo o violencia sólo puede alimentar respuestas de la misma naturaleza. Autoritarismo y violencia son dos caras de la misma moneda”.

Aseguró que el conflicto magisterial afecta principalmente a los niños y a los jóvenes, “cuyo futuro no puede verse como moneda de cambio para los intereses de cualquier grupo. Nadie debe hipotecar el porvenir de las nuevas generaciones”.

El lunes 20, un día después del ataque, la arquidiócesis de Oaxaca lanzó otro comunicado en el que lamentó “profundamente” ese hecho e hizo un llamado “a la sensatez, a la prudencia”. Y añadió que habilitó el templo de Nochixtlán para que ocho médicos, 12 enfermeras y 20 voluntarios ofrecieran primeros auxilios, material de curación y víveres a la población afectada.

Por su lado, Arturo Lona, obispo emérito de Tehuantepec y presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, ubicado en el istmo, dice a Proceso que la Iglesia continúa proporcionando víveres a la población más necesitada en esa zona, ya que el bloqueo de carreteras, producto del conflicto magisterial, ha provocado el desabasto. “Nuestro problema más inmediato es el bloqueo de carreteras. Esto provoca que muchas comunidades estén padeciendo hambre. Como siempre, los pobres son los más afectados”, lamenta.

“Aquí en la diócesis de Tehuantepec hacemos todo lo posible por librar este bloqueo. Tenemos una flotilla de camionetas para llevar a las comunidades más apartadas alimentos básicos: maíz, fríjol, arroz, azúcar, manteca… Las llamamos las caravanas de la misericordia”.

–¿Colaboran con ustedes organizaciones sociales?

–Por supuesto, varias organizaciones y el Centro Tepeyac estamos consiguiendo víveres aquí y allá. Algunas parroquias se han habilitado como centros de acopio y son los jóvenes quienes están más activos.

Lona señala que las fuerzas policiacas también han reprimido manifestaciones en esa zona del Istmo, aunque no al grado extremo de Nochixtlán.

“Ya se veía venir un enfrentamiento sangriento. Yo siempre estoy haciendo llamados al diálogo y a la cordura. Hace falta que las partes se sienten a platicar. No debe haber cerrazón”, dice el obispo emérito, considerado uno de los personajes más representativos de la llamada opción por los pobres.

Mientras que Campos Contreras exclama: “¡El diálogo! ¡El diálogo! Esa ha sido siempre la insistencia de la Iglesia en Oaxaca. No debe haber ni cerrazón política ni cerrazón ideológica entre las dos partes en conflicto”.

–¿Los obispos de Oaxaca estarían dispuestos a servir de mediadores entre el gobierno y la CNTE?

–Si nos lo pidieran, sí. La Iglesia podría hacer ese servicio en la medida de sus posibilidades, ya que para realizar estas labores se requiere cierta cualificación jurídica y una visión integral del problema. Nosotros podríamos aportar lo que tenemos. Con gusto lo haríamos.

“Sin embargo, en el terreno de la mediación se requiere antes que nada que el mediador sea aceptado por las dos partes en pugna. De lo contrario, la mediación se debilita o resulta ineficaz. Afortunadamente acaba de surgir una comisión de mediación integrada por laicos, algunos de ellos muy relacionados con la Iglesia y además con experiencia de mediación en el conflicto zapatista, como es el caso de Pablo Romo y Miguel Álvarez.”

Campos Contreras dice a este semanario que, hasta el momento, los obispos de Oaxaca han respondido un tanto aisladamente al conflicto en el estado, cada uno tomando determinadas medidas en sus respectivas diócesis, aunque todas encaminadas al diálogo y a la reconciliación.

Y adelanta: “En los próximos días, los seis obispos que conformamos la Provincia Eclesiástica de Oaxaca emitiremos un comunicado conjunto. Acordaremos acciones comunes a seguir, pues todos nosotros estamos muy preocupados por el clima de violencia en la entidad; no queremos más masacres ni situaciones de violencia”.

Aparte de la arquidiócesis de Oaxaca y de la diócesis de Tehuantepec, a esta provincia eclesiástica la integran cuatro circunscripciones más: las diócesis de Tuxtepec y la de Puerto Escondido, así como las prelaturas de Huautla y de los Mixes.

Reforma de unos cuantos, represión ilegal

El pasado jueves 23, la CEM –máximo órgano de la jerarquía católica del país y que aglutina a los más de 100 obispos– dio a conocer su postura oficial sobre el conflicto en un comunicado en el cual afirma que la reforma educativa no debe ser “propuesta de unos cuantos”.

Agrega: “Es indispensable crear alianzas, tejer redes y despertar sinergias entre familia, escuela, educadores, empresarios, gobernantes, medios de comunicación e iglesias, colocando siempre a la persona humana y su dignidad como el fundamento y destino de toda política y acción educativa”.

Elaborado por su Comisión para la Pastoral Social, el comunicado de la CEM recalca: “Es necesario sentarse a discutir con todos los involucrados el tipo de proyecto educativo y la reforma correspondiente a la altura de las necesidades de la emergencia educativa que vive nuestro país”.

También expresa sus condolencias al pueblo de Oaxaca –sobre todo a quienes perdieron familiares o resultaron heridos en los enfrentamientos de Nochixtlán–, señalando que la jerarquía católica opta por el “diálogo” y “por reconstruir el tejido social”.

A su vez la Compañía de Jesús, la combativa congregación religiosa a la que pertenece el Papa Francisco, le hizo un fuerte reclamo al gobierno de Enrique Peña Nieto; le recordó que sus actos represivos contra el magisterio disidente ya se extendieron “hasta la ciudadanía en general”, como lo demuestran las ocho personas muertas y las 108 lesionadas de Nochixtlán.

En un comunicado, emitido el pasado miércoles 22 por sus universidades y centros de estudio en México, los jesuitas aseguran que “la represión por parte del gobierno del Estado al movimiento magisterial se ha excedido, extendiéndose hasta la ciudadanía en general”.

Añade: “Exigimos al Estado mexicano que, en el marco de sus obligaciones en materia de derechos humanos, actúe conforme a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados en el seno de la ONU en 1990. En esta tesitura, es primordial que las autoridades cesen cualquier acción represiva y de ataque en la que empleen el uso de la fuerza y armas de fuego”.

Los jesuitas aluden al acuerdo internacional “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptado por la ONU en La Habana.

Con 26 artículos, el acuerdo estipula que los gobiernos están obligados a utilizar solamente “armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado” en algunas manifestaciones de protesta ciudadana, a fin de “reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas”.

Señala que cuando “el empleo de armas de fuego sea inevitable” –“en defensa propia” o por “peligro inminente de muerte”–, deben utilizarse con “moderación” y en “proporción a la gravedad del delito”. Además debe advertirse con “tiempo suficiente” que se utilizará ese armamento letal.

Estos principios básicos, advierte el acuerdo de la ONU, no deberán violarse invocando “circunstancias excepcionales tales como inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia”.

Este fue el ordenamiento que no respetaron las autoridades en Nochixtlán, según las universidades y centros de estudio jesuitas que firmaron el comunicado: la red de Universidades Iberoamericanas de la Ciudad de México, Puebla, Torreón, León y Tijuana, la Universidad Loyola del Pacífico, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk.