Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A 10 años de insoportables días de infierno, de sobrevuelos enloquecedores, de tanquetas surcando la ciudad de la resistencia, de heridas que no han dejado de sangrar y de imperar un ambiente espeso de humo de barricadas y de gases lacrimógenos, la lucha magisterial sigue.
La sombra de ese 2006 no ha desaparecido, por el contrario, con el envío de miles de fuerzas federales pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto busca reeditar la represión que ordenó Vicente Fox Quesada para sostener al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz a cambio de que el PRI legitimara como presidente al panista Felipe Calderón.
Hace una década, el entonces senador Gabino Cué Monteagudo defendía las causas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), quienes finalmente lo llevaron a la gubernatura al derrotar al PRI de Ulises Ruiz Ortiz en 2010.
Sin embargo, ahora es el instrumento de la nueva escalada represiva del gobierno federal ordenada por Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer con la participación de Gabino Cué, quien “sepultó toda posibilidad de transición democrática”, afirmó el Espacio Civil de organizaciones.
En el marco de esta fecha, miles de maestros apoyados de padres de familias, organizaciones y el Movimiento de Regeneración Nacional realizaron una “megamarcha” del monumento a Benito Juárez al zócalo capitalino que estuvo encabezada por la Comisión Política de la Sección 22.
A la vanguardia de la columna se encontraban Lilia Ortiz, representante de Valles Centrales y Adrián García, de la Mixteca, en ausencia del secretario general, Rubén Núñez Ginez, y del secretario de organización, Francisco Villalobos Ricárdez, detenidos la víspera por la Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras que en el interior del estado aumentaron a 30 los bloqueos carreteros en las ocho regiones de Oaxaca que incomunicaron a la entidad con los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz.
En tanto que en la supercarretera Oaxaca-México, precisamente en inmediaciones de Nochixtlán, maestros y padres de familia cumplieron 24 horas de bloquear esa vía para impedir el paso de un convoy de la Policía Federal y Gendarmería que vienen a “reforzar” la seguridad en la entidad. Los inconformes no solo increparon a los federales sino que colocaron maderas con clavos y otros se allegaron de palos y tubos ante un posible enfrentamiento.
La Coordinadora de Padres de Familia, Adriana Linares Arroyo, precisó que cada dos horas dan paso a las unidades en ambas carreteras, no así a los uniformados que “vienen a reprimir al magisterio” que se encuentra en el zócalo de Oaxaca desde el pasado 15 de mayo en rechazo a la reforma educativa, la libertad de presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la región del Istmo de Tehuantepec se mantienen los bloqueos sobre la carretera 190, en Tequisistlán en el kilómetro 201; en Jalapa del Marqués kilómetro 221 y en Juchitán en el kilómetro 258.
Y en la capital se mantienen los bloqueos en el crucero al Aeropuerto, Hacienda Blanca y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; en la mixteca los indígenas triquis de San Andrés Chicahuaxtla mantienen bloqueo en la carretera 125; en Tlaxiaco y Putla tomaron las tiendas transnacionales y bancos; en Huajuapan bloquearon la vía 200 que comunica a Tehuacán, Puebla; en la Sierra Sur está bloqueada la carretera a la costa en la comunidad El Vidrio.
También se instaló un bloqueo en San Gabriel Mixtepec, en Pinotepa Nacional, Pochutla y en la región Chontal instalaron plantón en Santa María Huamelula, que exigen la liberación de los 13 dirigentes magisteriales, principalmente, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos.
Los tambores de guerra siguen sonando en el zócalo de esta ciudad donde volvieron a instalarse barricadas. El choque entre maestros y fuerzas federales apoyadas de estatales parece inminente.
Ante este escenario, el Espacio Civil emitió un pronunciamiento donde llaman a unirse, analizar y aprender de las experiencias del 2006, para “poder cerrar un ciclo que nos dejó llenos de heridas y dolores y para abrir nuevas etapas de lucha donde no cometamos las mismas equivocaciones y donde asimilemos todas las enseñanzas positivas de lo que fue la revuelta que adoptó la forma de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”.
“Ahora que estamos luchando en contra de la reforma educativa y las reformas estructurales que golpean al magisterio y a todos los pueblos de México. Hoy que diversos pueblos luchan en defensa de su territorio, contra la minería, las eólicas, por el respeto a su autonomía y a sus usos y costumbres, a su cultura, por el cuidado de sus recursos naturales, sus bosques, el agua y la biodiversidad. Hoy consideramos necesario avanzar en la construcción de una agenda común que nos unifique a maestras, maestros, colonias, pueblos, jóvenes, mujeres, adultos en plenitud; a todas y todos los que aspiramos y estamos dispuestos a luchar por un Oaxaca y un México mejor”.
Por eso, “debemos redoblar los esfuerzos para seguir construyendo nuevos caminos y formas más creativas de lucha que no nos dividan, que unifiquen las demandas de los diferentes sectores del pueblo, es que consideramos necesario el inicio de la Jornada de Reflexión, 2006-2016: 10 años construyendo nuevos caminos”.
Pidieron “no caer en la descalificación y la exclusión entre nosotros mismos; donde asimilemos que no hay dueños de la verdad; donde practiquemos la tolerancia; pero también donde identifiquemos que el gobierno estimula posiciones aparentemente radicales para confrontarnos internamente y con otros sectores sociales para aislarnos, para dividirnos y donde el gran peligro es que el movimiento magisterial y popular seamos usados”.
Mientras que las Comunidades Eclesiales de Base de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca en una carta dirigida al gobierno federal y estatal, donde resaltan que “la violenta irrupción de las fuerzas de seguridad del Estado en contra del magisterio oaxaqueño es una muestra de autoritarismo de los gobernantes en turno”.
Consideran que “la presión del estado para acallar la protesta social, debido a la detención de los líderes magisteriales, también fue una clara provocación para desalojar el plantón que mantenían en el IEEPO desde hace varios días y las instituciones que debieran garantizar la seguridad de la ciudadanía actuaron a la sombra de la noche como actúan los delincuentes”.
Finalmente, invitaron a los maestros a “no desfallecer en su búsqueda de la justicia y paz”, al tiempo que se pronunciaron a favor de un diálogo franco y abierto”.
“Exigimos al gobierno a dejar atrás los oídos sordos y su actitud autoritaria con la cual nos impusieron sus reformas estructurales, pues con esto no han hecho mas que negarse a escuchar las voces del magisterio y de muchos padres de familia que claman justicia y respeto a los derechos fundamentales”, puntualizó.
INFORME DE VIOLACIONES
A una década del conflicto sociopolítico de 2006, el ex presidente Vicente Fox se lavó las manos al afirmar que actuó por la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial, reveló el informe que dio a conocer la Comisión de la Verdad de Oaxaca.
En el documento se desprende que Fox actuó por la crisis poselectoral que existía en el 2006 debido a que Andrés Manuel López Obrador reclamaba un fraude y Calderón Hinojosa necesitaba del PRI para legitimarse, partido que como moneda de cambio pidió la protección para Ulises Ruiz Ortiz.
El consejero Diego Enrique Osorno manifestó que “esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” ocurrida en septiembre de 2014”.
En su comparecencia, Fox reconoció que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a participar en el operativo; sin embargo, luego terminó por aceptar que envió a un grupo de militares vestidos de policías federales en la represión de 2006.
Integrantes de la Comisión de la Verdad Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno, reiteraron el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007 derivadas de la ingobernabilidad, entonces, hay una responsabilidad de Estado.
Entre sus conclusiones mencionó que a partir del14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del Gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social: el objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.
Mientras que el movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada.
En respuesta con el apoyo de la PFP y del Ejército se realizaron los operativos 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006),Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).
El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos.
La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.
A casi una década, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al Gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social. Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.
La CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
La CVO manifestó la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.
Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.
Respecto a los casos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluyó que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.
Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban.
El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y esta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por consiguiente de acuerdo con la información recabada por esta CVO, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.
Esta CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.
