Aída Marín Acuapan[1]
Ya pasaron más de tres semanas desde los lamentables hechos ocurridos en Nochixtlán, y para Oaxaca no aplicó el conocido refrán: “Después de la tormenta llega la calma”, de hecho tuvieron que transcurrir dieciocho días exactos para que una representación del gobierno federal acudiera al lugar a encontrarse con las víctimas.
Ello suena más a una visita obligada ante las intensas protestas, bloqueos y demandas que sobrevinieron a aquella madrugada del 19 de junio, que un ánimo genuino de ofrecer reparaciones y encontrar soluciones al conflicto (en fin, no quiero precipitarme, pero habrá que darle seguimiento puntual a los acuerdos generados durante esta visita).
Lo acontecido en Nochixtlán solo fue un botón de muestra de lo que de manera sistemática ha sucedido en Oaxaca desde hace varios años.
Para constatarlo bastaría recurrir a los multimencionados (pero al parecer nada consultados y poco leídos a consciencia) informes sobre el conflicto social que tuvo lugar entre 2006 y 2007 en aquella entidad: “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca” de la Comisión de la Verdad de Oaxaca; “Investigación de posibles graves violaciones a los derechos humanos.
Caso Oaxaca” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (facultad de investigación 01/2007); “Informe sobre Oaxaca” de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos y la “Recomendación 15/2007 sobre el caso de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Dichos informes e investigaciones narran de manera clara (algunos más claros que otros) la gestación del movimiento social en Oaxaca durante los inicios del siglo XXI, el actuar que las autoridades decidieron tomar en aquel entonces frente al movimiento, y porqué éste actuar fue catalogado como “violaciones graves a los derechos humanos”.
Cuando se acredita una violación a los derechos humanos se constata que existió una intervención del gobierno (por acción u omisión) para que tales hechos ocurrieran y, por tanto, tiene la obligación de reparar los daños ocasionados y, más aún, llevar a cabo todas las acciones posibles para que este tipo de acontecimientos no vuelvan a ocurrir.
Entonces, ¿qué pasó?
Durante el año 2013, cuando se realizaron diversas mesas de trabajo para elaborar el Programa de Derechos Humanos de Oaxaca impulsado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchas de las aportaciones giraron en torno a los estragos y consecuencias del conflicto social vivido en 2006 y 2007.
La sensación de impunidad y los pendientes no resueltos afloraban en cada uno de los temas que se abordaban para construir esta herramienta. Ya habían pasado más de siete años; sin embargo, no se tenía mucho avance en las investigaciones, las víctimas seguían buscando justicia e incluso muchas de ellas ni siquiera habían recibido una adecuada atención médica que les permitiera continuar medianamente con su vida productiva.
En aquel tiempo fue recurrente conocer anécdotas sobre el momento del conflicto. Recorrías las calles de Oaxaca y resultaba inevitable que surgieran comentarios como los siguientes: “aquí fue donde rafaguearon mi camioneta los federales”, “en esta esquina se ponía la barricada y para entrar a mi casa debía mostrar mi credencial de elector”, “el día que entró la Policía Federal a la ciudad fuimos corriendo a la ribera del río Atoyac para ayudar a los manifestantes que se lanzaban al agua huyendo del gas lacrimógeno”, “este auditorio, el de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez, fue incendiado durante una manifestación” o “por aquí pasaban las caravanas de la muerte integradas por policías vestidos de civil que llegaban hasta las barricadas para amenazar y generar temor”.
Miles de historias impregnadas en la memoria de las oaxaqueñas y los oaxaqueños que difícilmente van a poder olvidar.
Los testimonios no sólo procedían de personas que se dedicaban a los derechos humanos, al periodismo o al estudio del conflicto social, eran la viva voz de estudiantes, comerciantes, artistas, trabajadoras del hogar, profesores, empleados, etc. Para las y los que no lo presenciamos fue casi increíble concebir que pocos años atrás en pleno centro de la ciudad, escuelas, plazas públicas y lugares comunes se hayan escenificado los más cruentos enfrentamientos entre el movimiento social y las fuerzas de seguridad; sin embargo, sí fue una realidad como lamentablemente lo es ahora en Nochixtlán.
Ante los atroces eventos que la población oaxaqueña vivió hace diez años me parece válido preguntar: ¿Quién se preocupó por reparar el daño hecho a toda una población? ¿Cuál fue la estrategia que se siguió para recuperar la confianza de las personas en las instituciones? ¿Qué acciones emprendió el gobierno para evitar en el futuro este tipo de conflictividad?
Al parecer la respuesta de las autoridades se basó en el viejo dicho “El tiempo lo cura todo”, y desde mi particular punto de vista no implementó soluciones de fondo para sanar las graves heridas que los años 2006 y 2007 dejaron en la memoria de las y los oaxaqueños.
Al leer cuidadosamente las noticias que nuevamente hoy nos llegan desde la Verde Antequera, podemos constatar que lo que se ha gestado en Oaxaca va más allá de la oposición a la reforma educativa, y si bien en este momento esa es la bandera de batalla con la que las partes se sientan a la mesa de diálogo; de fondo, lo que sucede en Oaxaca pareciera una herida abierta que vuelve a sangrar porque tal vez nunca terminó de cicatrizar.
Ya lo decían el pasado martes durante el encuentro entre la Segob y familiares de las víctimas en Nochixtlán: el movimiento ya no es sólo de la Sección XXII, los pueblos también están luchando por la educación y por su libre autoderminación.
Ante este escenario, por supuesto que es fundamental atender de inmediato a familiares de las víctimas y a las víctimas mismas tras los hechos ocurridos del 19 de junio, que se reparen los daños, se haga justicia y se establezca un diálogo de fondo para buscar ajustes al planteamiento de la reforma educativa. Sin embargo, resulta igualmente importante invitar (por no decir “obligar”) a las y los funcionarios gubernamentales a que tomen decisiones serias y de largo alcance, basadas en la dignidad e integridad de las personas, para así encontrar el camino necesario hacia la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos.
Para lograrlo yo propondría como primer paso “la voluntad”, y como segundo, “la colocación de los pies sobre la tierra”. El país se le desmorona a pedazos al actual gobierno priista porque no ha querido reconocer que los asuntos pendientes y las supuestas soluciones de “bomberazo” resueltas con un parche estilo “curita”, tarde o temprano tienen sus consecuencias, no es fortuito que las autoridades municipales y varios pueblos enteros en Oaxaca (y otras partes del país como Chipas y Michoacán) se unan al movimiento magisterial, pues vienen arrastrando heridas abiertas que están propensas a sangrar ante cualquier amenaza.
La historia de Oaxaca no miente, está impresa en sus calles, edificios, parques, escuelas y, sobre todo, en el recuerdo profundo de sus habitantes. Para sanar heridas profundas se requiere también de soluciones profundas… ¿lo entenderá en esta ocasión el gobierno?
[1] Politóloga especialista en políticas públicas y derechos humanos, feminista e integrante de la organización oaxaco-chilanga Mujeres en Alianza “Jaajtakp”.
