Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto Castillo, informó que las denuncias por violencia política de género aumentaron más del doble en sólo un año, al pasar de 38 averiguaciones previas en 2015 a 103 en las elecciones de 2016.
En entrevista con Cimacnoticias, luego de participar este 19 de julio en un coloquio en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el fiscal dijo que es necesario tipificar la violencia política de género para que esta institución pueda proteger de mejor manera los derechos político-electorales de las ciudadanas y de las candidatas.
Debido a que en la legislación mexicana no existe el delito de violencia política de género, el fiscal explicó que para investigar estos casos la FEPADE se basa en los tipos penales que establecen la Ley General en Materia de Delitos Electorales, vigente desde mayo de 2014.
El artículo 7 fracción 4 de esta ley, establece el delito de obstaculizar o interferir en el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; y la fracción 16, el de causar temor o intimidación en el electorado.
En este contexto Nieto Castillo expuso que durante la pasada elección de junio de 2016 se presentaron tres tipos de violencia: la de grupos sociales que impidieron la instalación de casillas, la que ejercieron grupos de delincuencia organizada y la que tenía componentes de género.
En comparación con la elección de 2015, este año disminuyeron los incidentes violentos que impidieron la instalación de casillas o que provocaron la destrucción de paquetes electorales pero –dijo– aumentaron los actos de temor o intimidación a los electores.
El fiscal explicó que al no tener un tipo penal específico sobre violencia de género la FEPADE ha argumentado en sus investigaciones que cualquier acto de violencia o presión hacia las candidatas electas vulnera el sufragio del electorado ya que la ciudadanía las eligió como sus representantes y atacarlas a ellas es transgredir el voto.
Sin embargo, reconoció que esta línea argumentativa tiene que pasar por la valoración de los jueces quienes imponen las sanciones cuando consideran que se acreditó un delito.
Hasta ahora la FEPADE ha conseguido dos sentencias condenatorias por violencia de género; la primera contra las personas que en 2015 agredieron a la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el distrito 7 en Oaxaca, Lorena Nava, quien fue violentada por mujeres que la golpearon y la desnudaron.
La segunda sentencia condenatoria fue contra un grupo de personas que destruyeron paquetes electorales en una casilla de Oaxaca, donde la presidenta de la mesa directiva era una mujer.
Además de estos casos hay otros que continúan en investigación como las agresiones contra la ex alcaldesa de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar; y los actos de intimidación contra la magistrada de San Luis Potosí Yolanda Pedroza Reyes, violentada por sus pares magistrados.
Por último Nieto Castillo señaló que es necesario una reforma a las leyes electorales para incluir el delito de violencia política de género y destacó que si bien ello no va a impedir que se cometan estos actos, sí manda el mensaje de que no se pueden permitir estas conductas en contra de las mujeres.
