Jaime GUERRERO
OAXACA, (#página3.mx).- De urgente y obvia resolución, la LXII Legislatura del estado pidió a Procuraduría General de la República (PGR), atraer los casos de asesinatos de actores políticos y casos de violencia política no resueltos en Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.
Y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también le exhortó emitir una recomendación ante las autoridades, ordenando medidas cautelares que salvaguarden los derechos e integridad de las familias de los occisos.
A propuesta del dirigente y diputado local del Partido Social Demócrata (PSD), Manuel Pérez Morales, el Congreso del Estado pidió resultados de los casos de Javier Francisco Reyes de Jesús, ex candidato a diputado; lo mismo de Rolando Vásquez Castillejos, dirigente de la COCEI; y de Carlos Martínez Villavicencio, ex diputado federal del PRD.
Al subir a tribuna, Pérez Morales señaló que la violencia política en Oaxaca es cada vez más grave y sin control y citó el caso de Javier Reyes, cometido por sicarios que penetraron a su casa ubicada en la agencia de Santa Rosa Caxtlahuaca, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, la madrugada del sábado pasado.
De acuerdo con el dirigente del PSD, en el inicio de la administración de Gabino Cué Monteagudo se llevaba un recuento de por lo menos 530 personas que han sido asesinadas por conflictos políticos, sociales y agrarios en Oaxaca.
Pérez Morales aseguró que se rebasa en mucho los casos registrados en los gobiernos anteriores, y algunos más que las cifras negras no revelan, “a lo cual las autoridades estatales en turno han sido indolentes e insensibles, dando una nula respuesta a la sociedad y a las familias de la víctimas”.
Aseguró que lo más grave y coincidente es que en las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca todos los casos de los asesinatos y desapariciones de servidores públicos, activistas políticos y luchadores sociales en la entidad, siempre resulta ser que es por ajustes de cuentas o problemas personales.
Dijo que no se pude seguir viviendo en un Estado en donde la justicia es turbia e incierta.
“Entonces lo más grave es que la profesión más peligrosa es ser político y dirigente social, porque no pasará nada si se sigue con un gobierno tan indolente como el de Gabino Cué Monteagudo”, asestó.
Pérez Morales citó los últimos casos de Jehová de la Cruz Gallegos, excoordinador de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) y afiliado al Partido del Trabajo (PT), asesinado el 20 de mayo cuando salía de un velorio, en la colonia19 de Marzo de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo, en Oaxaca.
Para el 17 de febrero, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a la diputación federal por el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, y dos personas más Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista, fueron ultimados; además del asesinato del líder perredista y dirigente de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, Rolando Vásquez Castillejos.
Bajo esa perspectiva, la LXII Legislatura, pidió a Procuraduría General de la República (PGR), atraer los casos de los asesinatos de actores políticos y casos de violencia política no resueltos en Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.
Y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también le pidieron emitir una recomendación ante las autoridades, ordenando medidas cautelares que salvaguarden los derechos e integridad de las familias de los occisos.
