Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El diputado del PAN, Gerardo García Henestroza, quien detenta el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura desacató las medidas cautelares que emitió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) al asumir una actitud “porril” e intentar desalojar a la directora de Comunicación Social, Gisela Ramírez Hurtado.
El “misógino” legislador panista pretendió obligar a la vocera del Congreso local a firmar un documento del cual ni siquiera le permitieron ver su contenido por el pleito interno que existe en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque la dirigencia nacional y estatal del PAN desconoce al panista García Henestroza como presidente de la Junta de Coordinación Política, éste se aferra a ese cargo que usurpa desde hace un mes.
A un mes y días de que termine la LXII legislatura, el expresidente municipal de Salina Cruz asumió actitudes autoritarias, ilegales, dolosas y perversas al pretender cesar principalmente a mujeres y amenazar con despedir a trabajadores de base.
En una carta dirigida a los medios de comunicación y organismos de derechos humanos, la comunicadora Ramírez Hurtado manifestó que a pesar de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares a su favor ante actos de acoso laboral, intimidación, amenazas e incluso intentos de despidos injustificados, el legislador desacató tal mandato.
Ante tales “arbitrariedades que ponen en riesgo mi integridad física y emocional, así como el sustento y estabilidad de mi familia”, la directora de Comunicación Social decidió denunciar públicamente los hechos.
Ramírez Hurtado denunció que “el pasado jueves 15 de septiembre, por la tarde, al terminar la Sesión Ordinaria, (García Henestroza) ingresó con toda prepotencia acompañado de al menos 10 personas, en su mayoría hombres, entre las que se encontraban los diputados Víctor Cruz, Sergio Bello así como las diputadas Zonia Cruz y Alejandra Morlan, en una actitud porril para intentar desalojarme de las oficinas y obligarme a firmar un documento del cual ni siquiera me permitieron ver su contenido.
La comunicadora aclaró que no se aferra a un cargo público, lo que pide “es que se hagan los procedimientos conducentes para que pueda realizarse un proceso de entrega-recepción, cuando ni siquiera hay una renuncia de mi parte, un aviso, oficio de notificación o documento oficial valido donde me informe que me ha despedido”.
“Con ello, está prohijando abierto quebranto a la legalidad, porque sus determinaciones derivan en varios delitos, incluyendo usurpación de funciones y probablemente uso indebido de documentos oficiales y falsificación de firmas, que serán motivo de las denuncias correspondientes”, agregó.
Por todo lo anterior, Ramírez Hurtado responsabilizó de las medidas de represalias, intimidación y cualquier acto en su contra y la de su familia.
