Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Comuneros de las congregaciones de San Francisco la Paz, de Santa María Chimalapa, demandaron una audiencia directa con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para revisar y acordar una mesa agraria, suspensión a la tala ilegal y el respeto a suspensión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Oaxaca.
La congregación de San Francisco la Paz, manifestó su apoyo a San Antonio y Benito Juárez, pertenecientes al territorio comunal y municipal de Santa Miguel Chimalapa.
Por lo pronto, urgieron a la reinstalación inmediata de la mesa agraria-ambiental, encabezada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación federal, con participación de SEMARNAT, PROFEPA, PGR, SEDATU, Procuraduría Agraria, INEGI y gobierno de Oaxaca;
La Suspensión total y definitiva de los ilegales permisos de explotación maderera expedidos por SEMARNAT desde 2005, en terrenos comunales chimalapas y castigo a talamontes con todo el rigor de la ley.
También el cumplimiento estricto de los Acuerdos contenidos en el “Acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad de la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas”, firmado en la Secretaría de Gobernación federal, el 22 de diciembre de 2011
Y el respeto irrestricto a la suspensión de plano, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de diciembre de 2012, en el marco del juicio de controversia constitucional.
Todo ello, acordado en un mesa con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
La congregación de San Francisco la Paz, a través del Secretario Auxiliar de Bienes Comunales, Arnulfo Roque, el Agente Municipal, Víctor Eusebio Vázquez y Eri Bejarano, Tesorero, entre otras autoridades auxiliares, señalaron que los tres niveles de gobiernos, el municipal, el oaxaqueño y el federal, no hacen caso de las justas denuncias y demandas de los pueblos chimalapas y los forzan como pueblos a tener que actuar directamente para lograr la atención de nuestros problemas agrarios y de impune invasión de gobierno chiapaneco, con madereros, ganaderos y latifundistas que saquean y devastan nuestra selva chimalapa.
Por esa razón, comprendemos y nos solidarizamos con la acción que se vieron forzados a hacer las asambleas comunales conjuntas de San Antonio y Benito Juárez, para retener después, a un ministerio público, un comandante de policía, dos pilotos y a su propio comisariado comunal José Medel y su Consejo de Vigilancia, quienes llegaron en helicóptero oficial a querer presionarlos para que entregaran al talamontes chiapaneco retenido, en vez de responder como gobiernos a las justas demandas de esos pueblos chimas, justificaron.
Destacaron que durante más de 10 años (1982-1994) fueron agredidos y violados sus derechos indígenas, incluyendo asesinatos, secuestros, detenciones ilegales, desaparición de comuneros y violación de mujeres, por parte de pistoleros de la ilegal colonia San Isidro la Gringa, encabezada por el entonces gobernador chiapaneco y luego Secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido.
Fue en septiembre de 1994, cuando recuperaron 40 mil hectáreas de territorio comunal invadido por ganaderos y narcos de San Isidro la Gringa, contando entonces con el decidido apoyo de los entonces comisariados de nuetra cabecera, santa María Chimalapas, Zeferino López Mendoza, y San Miguel Chimalapa, comisariado Marbel reyes, refirieron.
Desde ese entonces, comunidades y comuneros Chimalapas, de Santa María, San Miguel, hicieron un frente común de defensa del territorio, con el apoyo del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas y de la Diócesis de Tehuantepec, encabezada entonces por el Obispo Arturo Lona Reyes.
Sin embargo, La Gringa, fue reinvadido en los últimos 3 años, en los parajes El Zapotal/Emmanuel; Río Pescaditos y La Reforma, así como en los límites de nuestra Congregación con el Poblado 14 “Río Uxpanapa” y el ejido Nueva Córdoba.
El pasado 24 de diciembre 2015, detuvieron en flagrancia a David Vega Guerrero y a tres acompañantes, pistolero que desde principios de los años de 1980 había sido denunciado por comuneros, de secuestro, tortura y lesiones en contra de Víctor Escobedo Solís, quien murió a causa de esas acciones y luego.
Acusaron que durante casi 15 años, Vega Guerrero, al servicio de González Garrido, continuó quemando casas, violando mujeres y secuestrando y desapareciendo, entre ellos, al comunero Pablo Escobedo Méndez, en mayo de 1992.
Cuestionaron que actualmente, no se cumple la promesa de continuar dos operativos de desalojo de Río Pescaditos y del paraje La Reforma, donde los invasores chiapanecos, avalados y amparados por el gobierno de aquel estado, continúan talando y depredando la selva comunal.
