Pedro Matías
OAXACA, Oax. (#pagina3.mx).- La criminalización de la protesta social en México, es una política de Estado que busca inhibir la defensa de derechos humanos, afirmaron 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional en su informe sobre detenciones arbitrarias e ilegales. En Oaxaca se han documentado 77 casos de personas presas por motivos políticos.
Pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado como detención arbitraria de cinco defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos tres de Oaxaca, se quejaron que han sido desoídas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mencionaron los casos de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, detenidos arbitrariamente desde hace 1307 días; Librado Baños Rodríguez, detenido arbitrariamente desde hace 1208 días; Pedro Canché Herrera, detenido arbitrariamente durante 638 días antes de ser liberado el 29 de mayo del 2015 y Nestora Salgado, detenida arbitrariamente 941 días antes de ser liberada el 18 de marzo de 2016.
Precisaron que en el caso de Pedro Canché y Nestora Salgado están aún a la espera de recibir la debida reparación integral por los daños sufridos y en el caso de Nestora Salgado sigue siendo perseguida y criminalizada.
Las cinco personas defensoras han sido reconocidas por opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias como víctimas de detención arbitraria.
Las cinco opiniones fueron emitidas en un espacio de poco más de un año entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, lo que constituye un hecho inédito al ser la primera vez que el Grupo emite tal número de opiniones sobre un mismo país en un periodo de tiempo tan reducido.
A dos años y cinco meses de la emisión de la primera opinión, los tres defensores de DH Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños permanecen arbitrariamente detenidos y enfrentan constantes y reiteradas violaciones a sus DH – incluyendo malos tratos y tortura, situación que les ha ocasionado daños irreparables en su salud.
Cabe destacar que estos cinco casos emblemáticos sólo representan una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país, pero ejemplifican la existencia de un preocupante patrón de criminalización de la protesta social en México.
Este patrón de detención arbitraria de defensores y defensoras de derechos humanos parece responder a una voluntad de inhibir su trabajo en defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía mexicana, se resalta en el informe.
Precisaron que los cinco son defensores y defensoras de derechos humanos y su detención está vinculada a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos.
Las cinco personas fueron arrestadas de forma ilegal sin orden de aprehensión, encarceladas por delitos que no cometieron y todas ellas fueron sujetas a un mismo patrón que incluye diferentes formas de tortura y malos tratos en el momento de la detención y en las instalaciones penitenciarias, incomunicación, desaparición forzada antes de su presentación, amenazas, confinamiento, campañas de difamación, violaciones al debido proceso y falta de independencia del poder judicial al calificar como legales dichas detenciones.
Explicaron que este informe forma parte de una campaña nacional e internacional conjunta que ya ha llevado a las organizaciones participantes a organizar reuniones con instituciones internacionales como la Unión Europea y sus Estados miembros en Bruselas, las Naciones Unidas y las autoridades suizas en Ginebra y con autoridades nacionales e internacionales también en la ciudad de México.
Cabe destacar que los tres defensores que permanecen en situación de detención arbitraria – Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños – son originarios y/o realizaban su labor de defensa de derechos humanos en el estado de Oaxaca.
La presentación del informe en Oaxaca responde a la grave preocupación por la situación de los tres defensores que permanecen detenidos y por el carácter sistemático de la criminalización de la protesta social en la entidad federativa, pues organizaciones de la sociedad civil han documentado 77 casos de personas presas por motivos políticos en Oaxaca.
Finalmente, exigieron la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco defensores y defensoras de derechos humanos por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos.
