Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, cancele los proyectos de inversión como el de la presa Paso de la Reina, los parques eólicos o la minería a cielo abierto, porque significan despojos, daños ambientales y que fracturan el tejido social comunitario.
En una carta dirigida a la opinión pública, unas 21 organizaciones demandaron “la inmediata cancelación de los megaproyectos que sólo benefician a las empresas extranjeras y a sus socios los funcionarios gubernamentales”.
También le pidieron “materializar los derechos de los pueblos indígenas en su sentido más amplio reconociéndolos constitucionalmente a través de una Ley de Pueblos Indígenas y afromexicanos sustentada en convenios y tratados internacionales, de igual manera, el derecho innegable a la consulta, previa, libre e informada tal cual lo ha recomendado la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
Además, demandaron la creación de programas y políticas públicas que apoyen de manera efectiva a los pequeños productores de maíz, ajonjolí, café, sorgo, mango, frijol y de ganado. Así como que las reglas de operación tomen en cuenta la realidad de los pueblos, consideren los insumos orgánicos, y que se tenga por prioridad la Soberanía Alimentaria.
Organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Servicios para una Educación Alternativa, Sección XXII CNTE-SNTE, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Comité de Familiares Amigas y Amigos de Damián Gallardo, Comuna Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, reconocieron que “los pueblos de Oaxaca estamos pagando un alto costo por el fracaso de la Transición Democrática”.
Consideran que “seis años de mal gobierno de Gabino Cué acrecentaron la herencia de injusticias, corrupción y desencanto de anteriores administraciones (porque) nuestras gentes carecen de los servicios mínimos de salud, la pobreza extrema alcanza al 63% de la población y la inseguridad golpea día a día nuestras calles y nuestros hogares. La sociedad oaxaqueña está profundamente dividida y confrontada”.
Mencionaron que esta fragmentación permitió sin lugar a dudas el regreso del PRI a la gubernatura del Estado, a parte de la innegable operación política desde la Secretaría de Gobernación.
“Si bien el gobernador Alejandro Murat Hinojosa fue electo ‘legalmente’, también es cierto que carece por completo de legitimidad, pues menos del 19% de los oaxaqueños votaron por él el pasado 5 de junio y sabemos bien que muchos de los votos emitidos a su favor fueron comprados con despensas, materiales de construcción o con dinero”.
A ello hay que agregar que “para nadie es un secreto que el nuevo gobernador desconoce la realidad oaxaqueña y es preocupante que se erija en promotor de grandes inversiones privadas sin tomar en cuenta la voluntad y el derecho histórico de las comunidades de nuestro estado”.
Y adelantaron que “la ignorancia y su compromiso con los grandes capitales nos auguran graves conflictos sociales derivados de la imposición, el despojo y la exclusión. Su posición favorable ante proyectos como el de la presa Paso de la Reina, los parques eólicos o la minería a cielo abierto, que significan el saqueo y la destrucción de los bienes de nuestras comunidades, es una muestra del lado de quién estará durante su mandato”.
Explicaron que en muchos rincones de Oaxaca los pueblos luchan por la vida y resisten en defensa de sus territorios y cultura, situación que ha traído en numerosas ocasiones: persecución, represión, criminalización y judicialización de la lucha social, y lamentablemente, el asesinato de simpatizantes, militantes y sobre todo de dirigentes sociales y comunitarios.
También decenas de organismos defensores de derechos humanos han sido igualmente hostigados y perseguidos por tratar de hacer valer el derecho constitucional y comunitario. Por ello, las organizaciones pidieron a Murat Hinojosa que “cese al hostigamiento en contra de las comunidades que defendemos nuestro territorio y nuestros derechos”.
Y exigen el castigo para los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos de sus compañeros y compañeras; asimismo, demandamos la liberación de los presos políticos.
