Eduardo Contreras
TUXTEPEC.- Albino Flores Cardoza, Coordinador de la Defensoría Pública en la región de la Cuenca del Papaloapan, comentó que aproximadamente el 40 por ciento de las personas imputadas por algún delito o comisión de delito pertenecen a una etnia indígena y por tanto requieren de un perito traductor-interprete.
Explicó que “durante esta gestión ha existido un porcentaje de aproximadamente el 40 por ciento de los asuntos en que el acusado por algún ilícito, como lo marca la ley, tienen derecho y requieren de traductores indígenas”.
“Pasa que se confronta una disponibilidad de mandato constitucional donde se dicta que, aunque la persona hable el español, con el simple hecho de pertenecer a una etnia indígena, los jueces, la defensoría pública y también el agente del ministerio público, están obligados a velar por ese derecho humano que tiene la persona”, abundó.
Al ser primordial la designación de un intérprete, el poder judicial debe girar las solicitudes a las instituciones encargadas de prestar este servicio o en su defecto a las presidencias municipales para que ayuden a cubrir ese espacio y garantizar el derecho humano de la persona, a que entienda perfectamente la comunicación que se hacen de los hechos que se le señalan.
Nadie debe acotar un derecho de este nivel a una persona indígena, al contrario, para estas condiciones se amplían los derechos que se pueden prever a fin de que legalmente se tramite el proceso de cada persona y se hagan del conocimiento de todos los derechos y los alcances que el código contempla para este sector.
En la Cuenca del Papaloapan existen personas hablantes de las lenguas chinanteca, mazateca, zapoteca, cuicateca y mixes, algunas con más de cuatro variantes dialectales.
“La defensoría también tiene que ver con esta labor de garantizar, y hasta el momento se ve buena disponibilidad con la nueva administración que entró, además hubo cambio del titular de la oficina central”, comentó.
