Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La torpeza de Enrique Peña Nieto llevó al país a un despeñadero; sin embargo, con el “gasolinazo” está arrojando un cerillo a la pradera, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.
Y agregó: “Hoy más que nunca se corre el grave riesgo de un estallido social o hasta podría darse un golpe de Estado si las fuerzas armadas optaran por dejar de proteger a un títere de los intereses transnacionales y decidieran defender la soberanía nacional”.
Mientras en Oaxaca se alistan acciones que van desde amparos, paros de actividades y suspensión del sistema de transporte, así como tomas de gasolineras y suspensión de pago de impuestos, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa advirtió que las fuerzas estatales se reportan listas para actuar en caso de que se pretendan registrar actos vandálicos.
Ante la ola de saqueos que se han registrado en centros comerciales en diversas partes del país, efectivos de la Policía Estatal reforzaron desde las primeras horas del jueves la presencia policial en diferentes puntos de la entidad, informó el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), José Raymundo Tuñón Jáuregui.
Por su parte, el senador del Partido del Trabajo Benjamín Robles Montoya presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para proponer que la gasolina se fije en 10 pesos por litro.
“Nos estamos manifestando en contra del aumento al precio de las gasolinas. Nosotros vemos esto como una puñalada a la economía popular. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, no solamente a manifestarnos”, manifestó.
Destacó que busca reunir más de un millón de firmas en todo el país para que el costo de la producción de la gasolina se subsidiada por el gobierno con las reservas internacionales donde hay 170 mil millones de dólares, de los cuales se tomarán 20 mil millones de dólares.
De lo contrario, “Peña Nieto estará incendiando al país. En aras de tapar la corrupción de él y de sus funcionarios esta dispuesto a seguir incendiando al país y no entiende que lo está rebasando la situación”.
Por lo pronto, dijo, “ya hay brotes de violencia, la irritación social va en aumento y sí, podría ir en una escalda porque nunca habíamos tenido un gobierno tan torpe como este.
Insistió en que “la política recaudatoria del gobierno federal ha resultado fallida, la reforma energética que idealizó Peña Nieto fue una farsa, nada de los derivados del combustible e hidrocarburos ha disminuido su valor, al contrario, desde el 2013, los precios al público de estos insumos han ido a la alza”, precisó.
“La gente ya no aguanta mas, está hasta la madre. Como se la está jodiendo, vamos a promover un boicot al gobierno para no pagar impuestos”, puntualizó.
Sin embargo, para el fundador del albergue de migrantes “Hermanos en el Camino”, Alejandro Solalinde, no todo es negro porque a veces hartos de las crisis nos ayudan a crecer y “gracias a Peña Nieto y Donald Trump, así como a el gasolinazo hemos despertado”.
Entonces, “yo lo veo favorable para hacer cambios para que la gente ingenua que piensa que las cosas están bien, se desengañen porque este es un momento que va a rebelar que tan consciente esta la gente y si somos capaces de inclinar banderas, egos e intereses a favor de la bandera de México”.
Insistió en el riesgo de un estallido social pese a que hay esfuerzos por la paz, pero si no se logra, ya no va a ser controlable, será la torpeza de Peña Nieto y su necedad de olvidarse de la gente”.
Lo cuestionable es que “Peña está en su burbuja y no quiere ver la realidad de un México que está totalmente irritado. Es necio, no escucha, cada día se esfuerza por joder más a México porque él solo responde a los poderes fácticos, por eso pone a Videgaray, le importa quedar bien con Estados Unidos donde va a terminar de ser un criado y un gatito de alguna trasnacional”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Federal de Diputados, Francisco Martínez Neri, lamentó que el Presidente de la República insista en mentirle a los mexicanos al asegurar que la reforma energética no está ligada directamente a los gasolinazos, “hace tiempo, cuando pidió adelantar la liberalización de precios argumentó que era parte de la consolidación de dicha reforma y hoy quiere negarlo”.
El perredista por Oaxaca afirmó que con sus dichos “lo único que demuestra el Primer Mandatario es que vive ajeno a la realidad del país”.
Aunque el PRD formó parte del Pacto por México, ahora busca deslindarse al advertir que de no revertir el alza en las gasolinas y el diésel, así como no ajustar el salario mínimo a la brevedad, se pone en severo riesgo la estabilidad económica y social de la nación.
“Es insoslayable detener este atraco que se le está haciendo a la economía de la población. Con profunda desazón vemos que el incremento salarial aprobado el año pasado se desvanece y no servirá para nada. La gente está cansada, está molesta por todo lo que está sucediendo y el gobierno no está generando alternativas que beneficien a la ciudadanía”.
A su vez, el diputado del Partido del Trabajo, Jesús Romero López, manifestó el inicio para recabar firmas para promover amparos colectivos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigirle al gobierno de Peña Nieto que eche reversa a su política económica porque lo que está en riesgo es la gobernabilidad del país y el destino de miles de familias que no podrán acceder a la canasta básica.
Romero López adelantó que además de recabar firmas para promover amparos colectivos ante la SCJN y exigirle al gobierno eche reversa, también recurrirán a organismos internacionales.
Por lo pronto, el “equipo jurídico está revisando el formato porque hay una puerta de entrada para irse al amparo y si hay unidad nacional se puede echar atrás esta política de Peña Nieto”.
De igual forma, el integrante de la asociación Abogados en Línea Horizontal, Ángel García García, informó que desde el miércoles pasado se instaló una mesa en el Zócalo de la ciudad para recabar firmas y documentos para la presentación de la demanda ante un juez de distrito.
EMPRESARIOS
La Alianza de Transportistas del Estado de Oaxaca, integrada por 4 mil autobuses que brindan servicio de transporte de pasajeros, advirtió que iniciará un paro de labores y harán un frente común con los sectores productivos y la ciudadanía que se ven afectados por el llamado “gasolinazo”.
El presidente de una de las seis organizaciones de transporte público, de carga y pasajeros que hay en el estado, Miguel Ángel Medina, calificó como una traición del gobierno federal el aumento de la gasolina sin previo aviso y “ahorita nosotros estamos pagando, no tenemos utilidades, hemos tenido que reducir el 30 por ciento de nuestros servicios, pero ya no podemos mas”, aseguró.
Por el contrario, han tenido que soportar las amenazas del secretario de Vialidad y Transporte, Francisco Javier García López, quien en lugar de convocarlos y comprender lo que está sucediendo los intimidó con sanciones si suben sus tarifas, “por eso este señor está desconocido del cargo, no entiende porque no sabe nada del sector, cuando el señor tenga un taxi, un camión o brinde el servicio realmente entonces podrá hablar con nosotros, mientras solo demuestra ignorancia e imbecilidad”.
Dijo que el sector del transporte sostendrá en breve una reunión para analizar las medidas de defensa que habrán de tomar para hacer un frente común con todos los sectores afectados, “incluyendo el propio magisterio de Oaxaca, si antes quemaban nuestros camiones ahora les decimos que si de verdad quieren defender la economía de las familias de Oaxaca se sumen y hagamos un frente común contra este artero aumento”.
El primer paso sería realizar un paro de actividades en todo el estado, “lamentamos que pueda verse afectada la ciudadanía, pero es imposible manejar los costos que nos están imponiendo y además la gente lo sabe porque a 5 días del gasolinazo, hay una disminución hasta del 50% del pasaje”.
Recordó que este sector genera cinco mil empleos directos y 25 mil indirectos, que están en riesgo por el brutal “gasolinazo”.
Mientras que propietarios de gasolineras se reunieron de forma urgente con representantes de Pemex, en la planta ubicada en Santa María El Tule, a fin de llegar a un acuerdo que permita restablecer el abasto de gasolina.
El presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros del Sureste, Juan Antonio Vera Carrizal, reconoció que hasta el momento de 226 Estaciones de Servicio, el 90 por ciento presenta desabasto, entre ellas, la gasolina Premium, Magna y Diésel.
El también diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reportó que las gasolineras con mayor escasez y que en breve podrían hacer crisis son: Mixteca, Costa y Cañada.
Indicó que tan sólo en la región de la Mixteca unas 59 Estaciones de Servicio se han quedado sin alguno o dos de los productos y en algunos casos, se han obligado a cerrar por varias horas hasta conseguir pipas de suministro.
Vera Carrizal lamentó que Pemex no brinde una solución concreta a las demandas de los empresarios y al contrario los envía a surtirse a la refinería Antonio Dovalí Jaime, con los altos costos que ello implica.
“Algunos empresarios se han ido a Veracruz a solicitar las gasolinas o el diésel pero eso eleva los costos de transportación y ahorita como están las cosas, no podemos darnos el lujo de aumentar nada”, enfatizó.
El presidente de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), Ramón Loredo, aclaró que “es falso que los gasolineros vayan a obtener mayores ganancias con el aumento del precio de la gasolina, al contrario, disminuyoó, porque ahora hay una sobrerregulación y sentimos que la sociedad cree que buscamos sacar provecho, pero con quien deben estar molestos es con el gobierno por ser un mal administrador”.
“Ahí esta Javier Duarte, cuántos miles de millones de pesos se llevó, eso sí es una ofensa y hay otros que se enriquecen y nosotros solo somos parte de la sociedad.
El presidente de EGEO -que cuenta con 165 agremiados- explicó que “ojalá entienda la ciudadanía que muchos hemos empezado desde abajo para tener una estación de servicio y que los gasolineros no fijamos el nuevo precio.
MAESTROS
Por su parte, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) convocó a una “lucha civil organizada” en contra de Enrique Peña Nieto y sus nefastas reformas hasta “la caída de los vende patrias”, al tiempo que advirtió que se reserva el derecho de accionar.
El Comité Ejecutivo Seccional resaltó que “desde nuestras asambleas de organización sabremos darle rumbo a esta jornada en contra del gasolinazo con acciones contundentes a las que convocamos a todos los sectores, padres y madres de familia, estudiantes, obreros, campesinos, pueblos y organizaciones sociales y a todos los ciudadanos que se ven afectados por el incremento en el precio del combustible”.
Insistieron en que “EPN, los diputados y senadores representan una amenaza para el país, al igual que las 11 reformas estructurales que siguen promoviendo y defendiendo por millonarias prebendas, desde la Reforma Educativa privatizando la educación pública, laboral, financiera, hacendaria, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica, Ley de Amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales, Político Electoral, Transparencia hasta la Reforma Energética, que representan modificaciones lesivas para el pueblo de México.
Por tal razón, “los mexicanos tenemos la responsabilidad y el compromiso de levantar la voz y exigir un alto a la venta de la nación a manos de transnacionales y extranjeras, por la defensa de nuestra patria y nuestras tierras, por el futuro de nuestros hijos y las generaciones venideras”.
En la primera semana de enero se realizaron marchas, clausuras simbólicas de gasolineras, bloqueos carreteros, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y Valles Centrales.
“¡Que baje la gasolina”, “Fuera Peña Nieto”, “Únete pueblo”, “Ya basta de alza de precios” y “derogación de la ley de hidrocarburos”, son las consignas máas reiteradas.
Los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API) y el Partido Unidad Popular (PUP) fueron más contundentes al tomar las oficinas de Servicios de Administración Tributaria y advertir que “si no hay abrogación de las reformas estructurales habrá una revuelta social”.
