Jaime GUERRERO
OAXACA, (página3.mx).- Ante el riesgo y peligro que representaría, la LXIII Legislatura exhortó a la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), a rendir un informe respecto de las fallas y el deterioro que presenta el puente del distribuidor vial ubicado en la agencia de 5 Señores.
El punto de acuerdo fue presentado la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en que solicitaron también a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental realice la práctica de revisiones, inspecciones físicas y auditorías para deslindar responsabilidades.
Lo anterior, respecto a las fallas y deterioro que presenta el puente y por lo que también piden a las Secretarías de Vialidad y Transporte (Sevitra) y a la de Seguridad Pública (SSP), implementar acciones para agilizar el tránsito vehicular, resguardar la movilidad peatonal e instalar señalamientos y retenes en la zona para prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida o el patrimonio de las personas.
Propone PRD ley para prevenir y sancionar la tortura
Por otra parte, el diputado local Horacio Antonio Mendoza propuso iniciativa de Ley que busca erradicar la práctica generalizada de la tortura en el país y en particular en el estado de Oaxaca, al ser un foco rojo para personas que abanderan luchas sociales, activistas y quienes defienden derechos humanos.
El legislador perredista dijo que esta ley contempla que en el proceso penal no se tome en cuenta la declaración o información que haya sido obtenida mediante tortura o violación a los derechos humanos, así como aquellas rendidas ante una autoridad distinta a la judicial, sin el abogado defensor o, en su caso, sin intérprete o traductor correspondiente.
Antonio Mendoza puntualizó que la norma instituye que las instituciones del Estado, aseguren que las víctimas cuenten con las condiciones necesarias que faciliten la denuncia, investigación, reparación y sanción del delito.
El vicecoordinador Parlamentario del PRD en el Congreso Local dijo que el estado, a través de las instancias correspondientes estará obligado a denunciar inmediatamente actos de tortura de los que tenga conocimiento, además de brindar herramientas jurídicas eficaces a las víctimas.
