MujeresDescartada la mediación en hechos de violencia de género

Descartada la mediación en hechos de violencia de género

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Rocío Flores

SemMéxico/OaxacaMedia, Oaxaca, 31 enero 2017.- La violencia contra las mujeres y la discriminación no se debe resolver con mediación, opinó la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos del ayuntamiento capitalino, Bárbara García Chávez, luego de que el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas, informara este lunes que el caso de agresión del comunicador Jaime Velázquez, cometida el jueves pasado contra una agente vial, se resolvió con la mediación.
En entrevista opinó que, aunque el incidente inicial es una falta administrativa, la agresión contra la policía representa también un acto de violencia de género y en este sentido García Chávez es clara: “la norma internacional dice que no debe haber mediación cuando se trate de violencia de género”.
“Evidentemente este caso no se llevó al campo judicial, donde hay mediación. Y sí llegó qué rápido se resolvió”, apunta la regidora y abogada por la Universidad Autónoma de México (UAM) en tono sarcástico.
García Chávez explica que para que un caso llegue al campo judicial debe existir una denuncia penal ante la Fiscalía en este caso interpuesta por el gobierno de la capital oaxaqueña, si no solo queda en el campo municipal y ahí solo se sanciona la falta administrativa.
“La falta administrativa no es solo la infracción de tránsito que habría cometido el comunicador sino también la violencia con la que es tratada ésta, que cruza sin duda, el contexto de violencia de género”, agrega.
Cuestionada sobre el mensaje de tolerancia o impunidad que podría enviar el edil municipal, que horas antes del incidente en Sesión de Cabildo corroboró que habría Cero Tolerancia para quienes cometan infracciones de tránsito, la regidora expone varias aristas en el tema: acuerdos, Cero Tolerancia y el Alcalde (hijo del agresor).
Hay acuerdos del presidente municipal -incluso del gobernador- que el comunicador ha hecho obvios, tanto en su espacio radiofónico como en las redes sociales y nadie, es decir, ni el munícipe ni el gobernador lo ha desmentido, señala.
“Se ha vuelto un comunicador temido e intocable a pesar de que ha sido discriminador y misógino, me consta”, agrega la actual regidora.
La excandidata a presidenta municipal por el Partido del Trabajo (PT) recuerda que durante la campaña eludió incluirla en los debates que este comunicador organizó, aludiendo que era su determinación y que ese era una empresa privada y podían determinar lo que quisieran.
“Lo hemos oído, parece el defensor número uno de los programas de gobierno y el “señalador” de quienes salen a manifestarse en la calle, que trata de manera discriminatoria y agresiva”.
El programa municipal Cero Tolerancia a infracciones de tránsito, como la doble fila, fue anunciado el pasado jueves 26 de enero, en la sesión de Cabildo la regidora García Chávez propuso sensibilización y capacitación a las y los agentes viales en derechos humanos y perspectiva de género para evitar el trato discriminatorio y sexista a las mujeres, a lo que el edil capitalino respondió que la ciudadanía tendría también que ser educada para respetar a las y los agentes viales y no considerar sus señalamientos como actos de molestia, cuando éstos cumplen con su trabajo. Incluso, ejemplificó que había quienes los insultaban y trataban mal.
La regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos agregó que de manera adyacente el nombramiento del Alcalde, hijo del comunicador, “que mete las manos para que su padre no sea sometido a la sanción correspondiente, es otro problema. El resultado es todo esto”.
El edil habla de mediación cuando al parecer no existe juicio alguno y si existiera ¿quién representa los intereses de la agente?, cuestionó.
“Es muy fácil someter a la agente para que perdone una agresión de esta naturaleza, como si se tratara de una particular y no de una trabajadora municipal en el ejercicio de sus funciones”.
Agregó que si hubiera existido una mediación ante el juez calificador tendría que haber el reconocimiento de la conducta ilícita, el perdón correspondiente por parte de la autoridad municipal –que dicho sea de paso no se debería someter como autoridad a mediación alguna- y, por último, la restitución de daños.

 

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