Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La presidenta municipal de San Juan Bautista lo de Soto, Samantha Caballero Melo, envió una carta pública al gobernador Alejandro Murat Hinojosa donde le dice que “la inacción y las omisiones” de su gobierno es una manera de avalar la violencia política que enfrenta y que la orilló a acudir a los Tribunales federales.

Y pide que “voltee (Alejandro Murat) su mirada a la comunidad de San Juan Bautista lo de Soto y se garantice la gobernabilidad; se respeten mis derechos político electorales, así como los derechos político electorales de la tesorera María Hernández Santiago”, quien fue destituida por el secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés, para imponer a una priista.

También le pide que gire las instrucciones necesarias para garantizar la vida e integridad física de ella y de sus colaboradoras e inicie las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones en su contra.

Caballero Melo denunció “han pasado 77 días desde el inicio de su gobierno, un mes después, el primero de enero, yo tomé protesta como presidenta municipal, ese mismo día el síndico y los regidores de obras, hacienda y educación, tomaron el palacio municipal: sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas”.

Y desde hace 46 días “Pablo Anica Valentín, síndico municipal, busca que yo pida licencia para que el pueda ser el presidente municipal pues a su parecer una mujer “no sabe gobernar”.

Hasta la fecha, dijo, es el síndico quien tiene las llaves del municipio y quien busca fungir como presidente.

Por lo pronto, dichas acciones generan afectaciones a habitantes de la comunidad porque no pueden prestarse los servicios necesarios a la comunidad pues los recursos no han sido enviados como corresponde a la presidencia municipal.

“Estamos a punto de quedarnos sin el abastecimiento de el agua y la luz pública, y tanto yo como mis colaboradoras no tenemos acceso a las oficinas de manera plena y hemos recibido amenazas y agresiones, incluso amenazas de muerte”, puntualizó.

Hizo hincapié que “si bien el 2 de enero, junto con mi cabildo me acredité como presidenta municipal ante la Secretaría General de Gobierno del Estado, la propia Secretaría destituyó a mi tesorera y acreditó de manera improcedente a Nazario Bracamontes Clemente, esposo de la presidenta del PRI en la comunidad, y quien fue nombrado arbitrariamente por el síndico municipal”.

Entonces, “ante este panorama he acudido ante distintos servidores y servidoras públicas e instituciones estatales, sin que hasta la fecha haya tenido una respuesta efectiva ni la voluntad política para resolver la problemática que prevalece y que se agudiza ante el descontento de la comunidad, la cual me respalda y apoya como la primera presidenta municipal”, finalizó.