Paulina RÍOS/ periódico Centro Oaxaca
La frase: “…a lo mejor se quedan sin presidente a medio año, por estar pisando intereses muy, muy, muy fuertes”, pone de manifiesto la grave y delicada situación de seguridad pública en que las últimas tres administraciones han dejado al municipio de Santa Lucía del Camino.
Casi lapidarias fueron las palabras de Raúl Cruz dichas a integrantes de una asociación de comerciantes de esta localidad cuando fueron a exigirle -como su presidente municipal- que los cobros de derechos fueran conforme a la Ley de Ingresos y no excesivos como se había vuelto costumbre.
La tarde del sábado 21 de enero pasado, en la explanada municipal, varias decenas de comerciantes expusieron lo que ha sido “un secreto a voces”: la corrupción y fraude de las administraciones pasadas, actos que podrían salpicar al actual edil Raúl Cruz.
Por el saqueo que autoridades salientes hicieron al corralón municipal, los policías encargados presentaron una denuncia penal, y meses antes, en mayo de 2016, agentes municipales -militantes del Partido del Trabajo- informaron que habían interpuesto seis demandas contra Galdino.
Aunado a la corrupción gubernamental, la población de Santa Lucía también enfrenta fuertes problemas de seguridad pública, derivados principalmente del desmedido establecimiento de los llamados “giros negros”; es decir, bares, cantinas y centros nocturnos.
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Santa Lucía se ubica en la región de Valles Centrales y forma parte de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Colinda al norte con los municipios de Oaxaca de Juárez y San Agustín Yatareni; al este con San Agustín Yatareni, Tlalixtac de Cabrera y San Sebastián Tutla; al sur con Santa Cruz Amilpas, San Sebastián Tutla y San Antonio de la Cal; y al oeste con el municipio de Oaxaca de Juárez.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), había una población de 47 mil 356 personas, y de acuerdo con el Panorama Socio-Demográfico de Oaxaca 2015, aumentó a 49 mil 459 habitantes, 53% mujeres y 47% hombres.
Por su cercanía con la capital del estado, Santa Lucía del Camino es parte de la llamada Zona Metropolitana y es uno los 22 municipios que están en el análisis de riesgo de seguridad del Estado Mayor de la Policía Estatal pues en cualquier momento podría tornarse en “foco rojo”, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
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Hace tres años, en 2014, cuando Galdino Huerta, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó a la presidencia municipal de Santa Lucía tras un controvertido triunfo electoral.
Al asumir el cargo, dijo también que había recibido un municipio saqueado y sin recursos. Al inicio de esa administración, señalaban que había alrededor de 350 comercios de giros negros porque su antecesor, Pedro Cabañas, había autorizado permisos a diestra y siniestra.
Pese a que Galdino se comprometió a que no habría impunidad y no habrían más comercios de ese rubro, los comerciantes de Santa Lucía aseguran que se dieron unas 150 licencias más.
Al respecto, Raúl Cruz afirma que no sabe nada aún, porque la administración de Galdino saqueó el ayuntamiento pues ni muebles ni inventarios, ni nada dejó, por lo que no cobrarán contribuciones municipales a comerciantes en tanto no realicen un listado, aunque se comprometió a que los pagos serán como lo marca la Ley y no como se venían efectuando.
En las administraciones de Pedro Cabañas, del PRD, y de Galdino Huerta, acusan diversos comerciantes, les cobraban mucho, mucho más de lo que establecía la Ley de Ingresos, aunque en el recibo oficial solo aparecería el monto establecido y el resto en un recibo “a mano”.
Hubo señalamientos de que a quienes se negaban a hacerlo así, fueron perseguidos, hostigados y hasta golpeados con apoyo de policías municipales. Y esta situación se dio con mayor énfasis entre comerciantes con establecimientos de bares y cantinas.
Pero el resto de comercios no se salvó, ya que a mediados del año pasado, poco después de la aprobación a la solicitud de licencia por tiempo indefinido a la Presidencia Municipal que Gabino Huerta presentó, ocurre otro fenómeno, entre las misceláneas especialmente.
Dueños o encargados de tiendas de abarrotes al menudeo tenían que ir a los límites territoriales de Santa Lucía para abordar a sus proveedores, debido a que policías municipales les impedían la entrada si no pagaban una cuota, la cual era fijada según el tamaño de la empresa.
Esa situación la enfrentaron otras empresas, como las de servicio de cable, gaseras, y otras, las cuotas podrían ser desde 200 pesos por día pasado, hasta 10 mil mensuales. Y emprendedores que buscaban abrir un negocio en el municipio dejaron de intentarlo ante el altísimo costo que implicaba hacerlo.
El rumor entre comerciantes y la gente común era que estaban “juntando” para pagar el rescate de una hija de Galdino que presuntamente había sido secuestrada, aunque oficialmente no hubo ninguna información, pero los cobros de peaje seguían haciéndose, por lo que dejaron de entrar o prestar servicios.
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Educación contra “inversiones”
Y mientras los centros educativos van desarrollándose lentamente, los giros negros aumentaban velozmente, creando un propicio “caldo de cultivo” para la comisión de actos delictivos.
“Si a diario recorriéramos un antro de vicio de los que hay en Santa Lucía, un año no nos alcanzaría”, declaró hace tres años el entonces síndico procurador José Rogelio García Martínez al periódico semanal Real Politik.
De acuerdo con datos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en el municipio de Santa Lucía del Camino operan 59 centros de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, de los cuales 20 son particulares.
Dentro de las 39 restantes, son escuelas públicas en las que algunas tienen doble turno, y de esas, tres son para adultos; cifras que no concuerdan con el Prontuario Estadístico de Santa Lucía del Camino que contabiliza solo 50 en este nivel y un Centro de Bachillerato.
El INEGI cuenta con mayor información en materia educativa, ya que contabiliza no solo los centros de educación formal, sino los que ofrecen servicio de guardería, así como talleres, cursos, y diversas capacitaciones en diferentes ramas como la deportiva y la artística, dando un total de 72.
Y aún cuando se han incrementado centros de educación y aprendizaje, no puede compararse con el número de nuevos bares, cantinas, expendios de cerveza y alcohol, y centros nocturnos, así como de restaurantes con venta de licor, siendo lo más grave que autorizan su apertura muy cerca de las escuelas, aún cuando la ley lo prohibe.
Ese incremento desmedido impulsado por las autoridades municipales ha provocado de igual forma el aumento de la criminalidad.
Para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), José Raymundo Tuñón Jáuregui, “la problemática de Santa Lucía del Camino es muy particular en relación al resto de los municipios de Valles Centrales, por la gran cantidad de negocios de venta de bebidas (alcohólicas) y negocios nocturnos que tienen”.
“Y eso genera una atmósfera y un ambiente propicio, ese tipo de negocios tienden a ser proclives a la delincuencia, robos, asaltos, y demás (ilícitos)”, abundó sin dar una cifra del nivel de seguridad de ese municipio argumentando que no le corresponde y que es información clasificada.
Sin embargo, admitió que “en Valles Centrales, Santa Lucía es la zona que alberga más negocios de giros negros donde hay venta de bebidas, hay hasta prostitución, pudiera haber venta de drogas, pudiera haber muchas cosas”.
El responsable de la Seguridad Pública en Oaxaca precisó que para atender la inseguridad en ese municipio debe haber coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno, pero para ello el presidente Raúl Cruz primero tiene que hacer un diagnóstico y entonces podrán coadyuvar.
“Aquí la responsabilidad es compartida, no se vale que digan que el Gobierno del Estado o el Secretario de Seguridad no hace nada, él tiene facultades para hacerlo, como todos los demás presidentes municipales”, precisó.
Pero el servidor público también tocó un punto muy sensible en el combate a la delincuencia: la responsabilidad ciudadana, ya que para que se cometan ilícitos y/o corrupción, las personas tienen que cubrirla o participar.
“La solución para Oaxaca de Juárez no es la misma que la de Santa Lucía, pero te insisto, el modelo que hay que entender es una vinculación municipal, estatal y federal. Además de que debe haber corresponsabilidad social, hay que hacer entender eso.
“Raúl tiene que trabajar en el diagnóstico y cuando lo tenga, vamos a hacer algo bueno por ese municipio y por todos los demás”, puntualizó.
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¿Presidente consentido?
Raúl Adrián Cruz González obtuvo el triunfo en las elecciones del 5 de junio de 2016, impulsado por la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), y Verde Ecologista de México (PVEM), y aun cuando está afiliado a este último, parece ser uno de los “hijos consentidos” del PRI.
Con apenas 30 años de edad, se convierte en el presidente municipal más joven que ha tenido Oaxaca por el sistema de Partidos Políticos. Es egresado de la Facultad de Arquitectura plantel 5 de Mayo, de la UABJO.
Se desempeñó como gerente del Corporativo Gurrión, empresa del hoy diputado local Samuel Gurrión, y durante su cargo la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaminó un laudo condenatorio.
También se desempeñó como secretario particular de su antecesor, Galdino Huerta, durante casi dos años, y al igual que este en su momento, también denunció ante medios que su hoy ex jefe no realizó la entrega-recepción de la administración y, por el contrario, saqueó al ayuntamiento.
“Encontré un municipio saqueado, en quiebra, sin muebles ni inventarios, nada”, manifiesta reiteradamente el edil desde el 1 de enero de 2107, fecha en la que rindió protesta de Ley y a cuyo acto acudió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Fue uno de los cuatro afortunados en recibir tal “bendición”.
Los privilegios hacia él continúan cuando al acudir a la Secretaría General de Gobierno (Segego), a realizar los trámites de acreditación, se la otorgan sin cumplir con todos los requisitos en ese momento, a diferencia de otras autoridades, lo que confirmaría que es protegido del titular, Alejandro Avilés.
Desde que gana la elección, Raúl no deja de aparecer en redes sociales, con acciones sociales y a partir del 2 de enero empieza a hacerlo oficialmente y con gran rapidez lo difunde en medios informativos.
En entrevista con este medio y en las reuniones que ha sostenido se enorgullece de ello y repite lo que ha logrado: “Empezamos en ceros, sin un solo peso. Yo vi de dónde conseguí para darle combustible a los camiones, yo vi dónde conseguí los camiones, yo también vi de dónde conseguí dinero para poder pagarle al basurero municipal”.
Precisó que no recibió ni siquiera mobiliario, pero habiendo sido secretario particular de Galdino suena ilógico que no supiera que su antecesor lo rentara ¡y a través de una empresa de Galdino! y la empresa solo fue a recogerlos.
Clama y reclama que no recibió ni patrullas ni camiones de basura, pero se rumora que exigió que no se informara que estaban en el municipio, aunque en pésimas condiciones. En menos de 15 días presenta esos vehículos como nuevos.
En entrevista aseguró que había entregado una patrulla nueva, dos motopatrullas y uniformes nuevos a elementos de su Policía Municipal. Aquí saltan dudas.
¿Cómo las consiguió? Fue una pregunta que no contestó ni en la entrevista ni en reiteradas solicitudes posteriores. La Secretaría de Seguridad Pública rechazó que haya otorgado patrullas nuevas a ningún municipio, además de que llevan a cabo todo un procedimiento oficial para ello.
También presumió que había pagado casi todo el adeudo pendiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y solo le queda un pendiente de 700 mil pesos de los más de cuatro millones de pesos.
¿Cómo consiguió el dinero? ¿De las participaciones municipales? ¿Es de los presidentes municipales consentidos y obtuvo recursos financieros de primera mano en muy pocos días? ¿Por arrendamiento financiero? ¿A través de quién o cuál empresa?
Con menos de un mes en el poder, aún le queda el beneficio de la duda y sus gobernados y gobernadas podrán ser testigos de su actuar, pero la sociedad en general lo será de ambos, para que Santa Lucía deje de ser una zona peligrosa.
¿Valdría la pena?, preguntó Raúl Cruz a comerciantes que lo buscaron ese 21 de enero cuando le manifestaron si haría algo contra el crecimiento de bares y cantinas.
Su respuesta:
Sí valdría la pena, pero con el respaldo de todos ustedes, porque al final a lo mejor se quedan sin presidente a medio año, por estar pisando intereses muy, muy, muy grandes.
