Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México, 16 mar 17 (Cimacnoticias).-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí no investigó con la debida diligencia los casos de feminicidio de las niñas de 9, 11, 15, 13 años de edad y de una mujer de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, en el municipio de Tamuín.
La CEDH determinó, en un informe especial, que se cometieron diversas irregularidades y deficiencias durante la investigación: falta de pruebas de ADN a los cuerpos de las víctimas, no tomar muestras del carro donde ellas fueron trasladadas y no realizar una inspección y recolección de pruebas del domicilio del agresor, además de que se desestimaron los testimonios de los familiares.
Señala como responsables de estas irregularidades y deficiencias a “diversos servidores públicos del estado”, desde el personal de la policía hasta agentes del Ministerio Público (MP) municipal, de la Procuraduría estatal y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, esta última, por incumplir su obligación de brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas, explicó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (GADH ), Karla Micheel Salas Ramírez.
Este no es un hecho aislado, sino un problema estructural, señaló la abogada especialista en casos de feminicidio, y por eso la CEDH mandata al Gobierno estatal crear una Fiscalía especializada para casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, un protocolo policial especializado, capacitado desde la perspectiva de género.
PROCESOS JUDICIALES
El feminicida confeso, Filiberto Hernández Martínez, se encuentra preso, sin sentencia, desde 2014 en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango. Fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del ejército, y durante el proceso, confesó haber asesinado a las cinco víctimas y haber enterrado los cuerpos en Cañaverales de Puntilla, San Luis Potosí.
La identificación de su primera víctima, Rosa María Sánchez, de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de octubre de 2010, se logró en febrero de 2016, a partir de 7 huesos encontrados en Cañaveral de Puntilla. Esto permitió que la investigación por este caso continué y que el asesino pueda ser sentenciado.
Sin embargo, de los cinco casos de feminicidio, sólo tres están ya en proceso: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, mientras los de Rosa María Sánchez González y Adriana Martínez Campuzano aún están en investigación, recordó la abogada Salas Ramírez, quien acompaña los casos.
El caso de Adriana Martínez, una niña de 13 años, está aún en la etapa de investigación porque el feminicida había sido absuelto “por falta de pruebas”, ante lo cual su familia, a través de sus abogados, interpuso un amparo para volver a investigar el delito y lo ganaron en enero pasado.
El reporte especial de la CEDH se presentó el pasado lunes 13 de marzo en un acto público donde estuvieron las familias de las víctimas y las representantes legales del caso, entre ellas la abogada Karla Micheel Salas, quien llevó también el caso conocido como Campo Algodonero, por el cual el Estado mexicano recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009, como responsable de tres casos de feminicidio.
Cabe recordar que en esa ocasión, la CoIDH incluyó en su condena, entre otras cosas, la recomendación de incluir en las investigaciones la perspectiva de género, investigar a funcionarios públicos acusados de irregularidades y sancionarlos, reconstruir los protocolos de investigación en casos de feminicidio y capacitar a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares, para “superar estereotipos” sobre las mujeres. El fallo tiene incidencia en todo el país.
Indicó Micheel Salas que el documento de la CEDH ya fue remetido al Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, “por ser asunto que le corresponde al gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras”, señaló.
LAS RECOMENDACIONES
En la investigación especial se hacen recomendaciones puntuales para continuar con la plena investigación de los cinco casos, señaló Micheel Salas Ramírez, ya que aún no se completa la recolección de las evidencias, como el chequeo del domicilio del agresor y de la camioneta donde trasladó a las víctimas. “Han pasado muchos años, señala, pero son acciones que se deben de tomar en una investigación con la debida diligencia.”
También se pide la reparación integral de daños a las familias de las víctimas, por la inadecuada actuación de los servidores públicos. “La CEDH posee un listado específico de quiénes intervinieron en diferentes momentos”, y se solicita que sean sancionados, tanto administrativa como penalmente, explicó la abogada.
FISCALIA Y PROTOCOLO EN FEMINICIDIO
Las recomendaciones también buscan enfrentar la problemática de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en la entidad, pues el caso de Tamuín “no es un hecho aislado, es un problema estructural” dijo Micheel Salas.
Es por eso que la CEDH, agregó la abogada, ordena al Gobierno del estado crear una fiscalía especializada para investigaciones por casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres. Esta unidad especializa deberá trabajar de manera coordinada con las instituciones gubernamentales necesarias para su debido funcionamiento.
Además, indicó la abogada del Gadh, se pide a la Policía Ministerial del estado crear y contar con un protocolo especializado para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas en San Luis Potosí, deberá ser un grupo especializado el encargado de realizar las investigaciones y deberán recibir capacitaciones en técnicas de investigación criminal desde la perspectiva de género.
A estas acciones se debe agregar el fortalecimiento de los registros para este tipo de crímenes -tanto de feminicidio como desapariciones- pues “resultan fundamentales para el diseño de cualquier política pública” señaló Salas Ramírez.
“Idealmente no tendrían que existir este tipo de documentos”, dijo, pero esto refleja que San Luis Potosí “es un estado donde no se está cumpliendo las obligaciones que mandata la ley y no está realizando su trabajo con la debida diligencia”.
PROCEDIMIENTOS URGENTES
La abogada comentó que este trabajo ha sido posible gracias a la insistencia de las familias para garantizar justicia para sus hijas, pues las autoridades tenían prácticamente en el olvido la investigación del caso, “Esta recomendación es una forma simbólica para las familias para no dejar esta lucha, porque después de todos los años las familias han vivido un proceso muy desgastante”, dijo.
Sin embargo aún quedan procesos urgentes que las autoridades tienen que realizar, añadió la abogada, ya que Filiberto Hernández sigue sin sentencia, pues falta realizar el dictamen pericial en materia de tortura, el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de tortura por parte de los policías durante su detención.
