Jaime GUERRERO
OAXACA, (página3.mx).- La LXIII Legislatura local exhortó al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, informarle el monto que destina en apoyos financieros a las organizaciones sociales, los criterios para su asignación, así como el nombre de las organizaciones beneficiadas y la periodicidad con la que se hace.
Tras la salida de Alejandro Avilés Álvarez de la Secretaría General de Gobierno (Segego), el coordinador de la bancada del PAN, Juan Mendoza Reyes, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el cual fue aprobado sin aspavientos.
En la última sesión ordinaria del primer periodo del primer año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura, el panista refirió que Oaxaca ha conocido y padecido desde sus entrañas las intrigas de los cacicazgos que pasan de un poder a otro con una secuela de impunidad.
“El arranque en el Gobierno del Estado y los vientos de cambio que soplan en la Secretaría General de Gobierno permiten pensar que todas sus trampas, mapacherías, fraudes, triquiñuelas y el uso del dinero público de manera discrecional pueden quedar atrás”, lanzó.
Dijo que es tiempo de cerrarle el paso al oscurantismo político y a la falta de transparencia y abuso en el ejercicio de los recursos públicos.
“Recientemente fuimos testigos de la manera impune en la cual la Secretaría General de Gobierno dispone de los recursos públicos para beneficio personal.
¿Qué nos garantiza que esas transacciones con las organizaciones que realizan actos de presión social realmente llegan a las personas o las poblaciones que dicen representar?
Hoy existe una grave y justificada sospecha que muchos de esos recursos se quedaron en los bolsillos de un puñado de servidores públicos”, asestó al referirse al reciente escándalo en la Segego.
“Los tiempos que se fueron ya no deben volver. Caminar hacia atrás sobre nuestros pasos puede tener consecuencias terribles para Oaxaca. Cerremos las heridas de esa dolorosa historia que alimentó con recursos públicos el surgimiento de movimientos y organizaciones con un supuesto sustento social, pero que evidentemente solo buscaban la desestabilización del estado y estuvieron tuteladas por funcionarios de primer nivel que se sirvieron con la cuchara grande al repartir recursos sin control ni medida en contra del interés de la sociedad oaxaqueña”, remató.
Mendoza Reyes indicó que resulta paradójico que para preservar la paz y la democracia haya que incurrir en manejos poco transparentes e injustificados de recursos públicos, cuando el principio de la paz y de la democracia es justamente la obediencia de la ley y del mandato popular.
Urgió a que el diálogo y el acuerdo político -con arreglo al marco legal-, sea lo que defina la vida interna del estado y no la convicción política de hacer prevalecer el interés de unos pocos en agravio del interés de la mayoría.
Reconoció que el Congreso del Estado también es gobierno y por ello tiene una responsabilidad política con las y los oaxaqueños y pidió no mutilarle las facultades del Congreso para exigir una clara y transparente rendición de cuentas.
Y es que dijo que el arranque del nuevo gobierno con Murat Hinojosa ha sido el banderazo de salida para que numerosas organizaciones sociales y gremiales manifiesten sus exigencias, muchas de ellas legítimas y transparentes, muchas de ellas no, mediante actos de presión política en distintos puntos de nuestro territorio.
Lamentó que se presenten graves demostraciones de intolerancia por parte de grupos radicales que provocan caos y violencia y amenazan la seguridad y la integridad de las familias oaxaqueñas, escondiéndose detrás de pancartas y pasamontañas, cometiendo más que sólo actos de vandalismo, sino evidentes delitos del fuero común, como robo de mercancías, secuestro de unidades de transporte público, bloqueos a vías de comunicación y daño a la propiedad privada y bienes públicos.
En todos los casos, reprobó, ha sido práctica común de la Secretaría General de Gobierno y de otras dependencias del Ejecutivo Estatal “el tranzar con estas organizaciones radicales, para evitar supuesto daños mayores a la gobernabilidad de Oaxaca, con resultados poco exitosos o definitivamente, sendos fracasos que exhiben su incapacidad para lograr acuerdos que permitan la gobernabilidad y la normalización democrática de la vida económica, política y social de los oaxaqueños”.
Indicó que lo más grave de esa práctica antidemocrática es que ocurre en los drenajes de la política y en el más profundo oscurantismo, a espaldas de la sociedad oaxaqueña y dejando un tufo de corrupción e impunidad en las relaciones entre el gobierno y las organizaciones que han encontrado en el chantaje un modus vivendi y un pasaporte a las arcas del gobierno sin control ni rendición de cuentas.
En su oportunidad, el coordinador de la bancada del PT, Jesús Romero López, llamó a distinguir entre los movimientos sociales y los movimientos de chantajes en Oaxaca.
El petista urgió al Ejecutivo estatal, constituir un catálogo que clasifique a las organizaciones sociales y productivas, así como transparentar sus relación con el Gobierno del Estado. Destacó que existen más de 25 organizaciones sociales serias en Oaxaca, el resto, admitió que tienen el derecho a presentar demandas, no obstante, pidió transparentar, a través de un catálogo, la relación con el gobierno del Estado.
