Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Por malversación de recursos federales y estatales de programas sociales por un monto superior a los 15 millones de pesos y proyectos de obra pública, gestionadas por el diputado federal Francisco Martínez Neri, destituyeron a Gervasio García Martínez como Secretario General; a la secretaria de Gestoría, Rosalba Pérez Santiago y al secretario de organización, Andrés Raymundo Méndez, del Frente Amplio de Lucha Popular (FALP).
Por lo pronto, Benita Jiménez Soriano, Óscar Martínez García y Enrique Mendoza Vásquez, miembros de la dirigencia colectiva del FALP, anunciaron que presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y pedirán formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realice auditorías a los programas y recursos que ha recibido García Martínez y sus aliados, por la malversación de los recursos de la organización destinados para las bases a las que cobraban cuotas para entregarles los apoyos gestionados ante las autoridades.
Así también mencionaron que los demandarán por enriquecimiento ilícito, por sus constantes viajes al extranjero, por la compra de autos nuevos, casas y terrenos y los responsabilizaron por lo que pueda sucederles a ellos o a sus familias, debido a las denuncias que han estado haciendo públicamente.
Por lo pronto informaron que el pasado sábado destituyeron en asamblea estatal constitutiva a la dirigencia del FALP. Aseguraron que fueron más de 700 militantes de diversas regiones, los que acordaron la destitución y expulsión de García Martínez, Pérez Santiago y Raymundo Méndez.
Jiménez Soriano afirmó que han detectado y comprobado que existen desvío de recursos de programas y obra pública, para el enriquecimiento ilícito.
Anunció también la recuperación de los bienes que fueron adquiridos por parte de García Martínez, porque son utilizados para fines personales. “Usaron dinero público para beneficio personal”, afirmó Oscar Martínez García.
Citó como ejemplo el programa de estufas ecológicas. El Gobierno del Estado entregó 10 mil estufas que hacen un total de 13 millones de pesos, pagados por Gobierno del Estado, mientras que cada estufa García Martínez vendió a 500 pesos a sus militantes. “Fueron 5 millones de pesos que éstos dos rateros, tanto Gervasio como Rosalba, se han llevado de la organización”, acusó.
En el caso del rastreo de caminos, en el 2014, de 6 millones de pesos las empresas que colocaba García Martínez, se llevaban el 60 por ciento y la dirigencia el 40 por ciento; en el 2015, hubo recursos por el orden de 10 millones. Esa misma cantidad en el 2016, los porcentajes fueron los mismos.
“Ellos se lo quedaron y no beneficiaron a la gente que marcha al lado de nosotros”, acusó.
Óscar Martínez García afirmó que existen pruebas del desvío de recursos de programas y obra pública, que en su mayoría fueron gestionados por el diputado federal del PRD, Francisco Martínez Neri.
No obstante, sospecharon que el ex rector de la UABJO no tendría conocimiento del desfalco de recursos, por tanto, exigieron deslindarse de los hechos.
En tanto, denunciaron que Gervasio García Martínez tiene secuestrados a los habitantes del campamento «26 de septiembre», porque constantemente les pide recursos de los 500 a los 1 mil pesos, pese a que la Coreturo cedió en comodato el predio en el que habitan.
