Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Unas 120 organizaciones de la sociedad civil mexicana alertaron a la Unión Europea (UE) del peligro que un nuevo Acuerdo Global con enfoque meramente comercial profundice la crisis de derechos humanos y la violencia en el país.
Al mismo tiempo proponen un Acuerdo Global de Derechos Humanos con medidas concretas contra la impunidad en México, antes de cualquier nuevo acuerdo económico.
En vísperas de la visita de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, para impulsar las negociaciones del Acuerdo Global México-UE, las organizaciones proponen que ese convenio esté soportado en la defensa de los derechos humanos con medidas concretas contra la impunidad y la corrupción.
De igual forma, exigen que tenga vigencia una cláusula democrática fuerte que debería suspender la cooperación ante violaciones graves de derechos humanos y el incumplimiento de medidas que mejoren la gobernanza, antes de cualquier nuevo acuerdo económico.
Y es que a pesar de que la situación de los derechos humanos en México se ha deteriorado dramáticamente desde 2006, la UE no ha utilizado la cláusula de derechos humanos establecida el Acuerdo Global para implementar medidas como consultas oficiales o la suspensión (parcial) del acuerdo.
Para reforzar su dicho, resaltaron que desde el año 2006 en el marco de la «guerra contra las drogas» emprendida por el Estado Mexicano han muerto más de 150 mil personas y ocurrido 30 mil casos de desaparición forzada.
Consideran que las negociaciones de la “modernización” del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea van a pasos agigantados, mientras que el país se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos cada vez más profunda, reconocida por todas las instancias internacionales de derechos humanos.
Recordaron que el Acuerdo Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México- UE fue firmado en 1997 y entró en vigor el 1 de octubre de 2000, sin embargo, es“crucial en esta discusión la ‘cláusula democrática’ del acuerdo, también conocida como cláusula de derechos humanos, la cual establece lo siguiente:
«El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo».
Sin embargo, “durante los 17 años de vigencia del Acuerdo, dicha cláusula no fue aplicada en ningún caso, a pesar de que desde 2006 vivimos una crisis de derechos humanos en México que se sigue profundizando, quedando como letra muerta.
Citaron como casos concretos la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; a 32 meses de los hechos, no hay ningún victimario enjuiciado; el asesinato de los defensores de derechos humanos Jyri Jaakkola, ciudadano finlandés, y la mexicana Bety Cariño (2010) ocurrido en Oaxaca por un grupo armado plenamente identificado y con apoyo gubernamental, sin que hasta hoy haya condena alguna; entre otros muchos casos que se pueden revisar en la información adicional.
En este contexto, agrega el pronunciamiento, la “modernización” o renegociación del Acuerdo Global supone varios retos:
El primero, el de la transparencia como una medida contra la corrupción. Las negociaciones iniciaron en junio de 2015 y está prevista su conclusión este 2017, sin embargo se requiere con urgencia un amplio control democrático, pues una negociación a espaldas de la sociedad limita su aprobación popular.
En segundo lugar, se aprecia una nueva ofensiva neocolonial contra los pueblos de México; el borrador del nuevo acuerdo incorpora temas cruciales como el fomento de semillas transgénicas y pesticidas, que ponen en peligro al maíz criollo, con ello los campesinos perderían aún más el control sobre su tierra.
Y en tercer lugar, después de la apertura del sector energético y minero, el Acuerdo Global puede causar una liberalización total e irreversible de este mercado a favor de las grandes empresas europeas con todas las consecuencias: precios altos de luz, extractivismo sin control, daños profundos del medio ambiente; en otros sectores de inversión también bajos salarios a las y los trabajadores, mientras los inversionistas actúan con toda libertad y sin control alguno.
Mencionaron que si estos tres retos no se toman en cuentan, la modernización del Acuerdo corre el riesgo de profundizar la desigualdad, la violencia hacia defensoras, defensores, periodistas y población en general; es decir, ahondaría la crisis de los derechos humanos en el país. Por ello, es urgente incluir elementos explícitos de buena gobernanza, como en la cláusula con Centroamérica.
“No bastan las declaraciones, resoluciones, muestras de solidaridad o diálogos de alto nivel; necesitamos un compromiso a favor de los derechos humanos, más que un nuevo acuerdo global de comercio”, puntualizaron.
Para ello, mencionaron, que cuentan con numerosas experiencias en la materia, de comunidades y redes, opiniones de expertos y organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de la ONU, que propone la creación de un Consejo Asesor contra la Impunidad.
La crisis de derechos humanos en México se actualiza con los recientes asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas los indígenas rarámuris Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos, defensores del bosque en el estado de Chihuahua, y los indígenas wixárika Miguel y Agustín Vázquez Torres, defensores del territorio en Jalisco.
Así como el asesinato de la defensora Miriam Rodríguez Martínez el 10 de mayo de 2017 en Tamaulipas es otra señal alarmante del peligro que corren familias con personas desaparecidas.
Especialmente preocupante es la ola de asesinatos de comunicadores, tan sólo entre marzo y mayo del año en curso fueron asesinados siete periodistas en los estados de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Baja California Sur, Morelos, Sinaloa y Jalisco, siendo Miroslava Breach y Javier Váldez los de mayor trayectoria.
Según Artículo 19, los agresores de la prensa en México durante 2016 fueron en 226 casos funcionarios públicos, en 69 casos particulares, en 31 casos partidos políticos, en 17 el crimen organizado y en 83 casos no se identificó al agresor. Estas cifras ponen en evidencia que en gran medida los agresores a la prensa, son las mismas autoridades que deberían garantizar sus derechos.
La impunidad en estas violaciones graves a derechos humanos es ya histórica y es resultado de la inoperancia de los organismos de procuración de justicia. Basta mencionar tres casos: La tortura sexual de mujeres mexicanas y europeas durante el operativo policíaco en Atenco, Estado de México, en 2006 no fue investigada con seriedad y recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) acaba de retomar el caso.
La falta de voluntad política del gobierno mexicano de proteger a las y los defensores se ejemplifica con el “Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. Un mecanismo que según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería reforzar el gobierno mexicano, lamentablemente este 2017 no cuenta con recursos, situación que ha sido reconocida oficialmente a raíz del asesinato del periodista Javier Valdez.
El creciente descontento social va de la mano con la criminalización de la protesta social, prueba de esto son los cientos de detenciones arbitrarias de defensoras y defensores entre ellos el de la defensora guerrerense Nestora Salgado; asesinatos de civiles en operativos policíacos contra comunidades indígenas, como en el municipio purépecha de Nahuatzen, Michoacán en abril de 2017; en la comunidad nahua de Ixmiquilpan Hidalgo, en enero de 2017 y en el pueblo mixteco de Nochixtlán Oaxaca, en junio de 2016. Recientemente fueron asesinados en el Istmo de Oaxaca los activistas Leticia Nicolás Ramírez, Benjamín Juárez José y Alberto Toledo Villalobos.
Finalmente destacaron que “nos preocupa sobremanera que el Estado solo tenga una respuesta policíaco-militar para la protesta social, en vez de atender las causas de raíz, como la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la corrupción, por ejemplo en los casos de tortura el 99% no reciben una sentencia, quedando de manifiesto la inoperancia del aparato de justicia.
