Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- La presunta corrupción que priva en los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), llegó a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, debido a que desde ese Poder Legislativo, ya solicitaron al Fiscal General del Estado, investigar las acusaciones de corrupción que han cruzado los magistrados Wilfrido Raymundo López Vázquez, Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor Manuel Jiménez Viloria.
De acuerdo al Senador de la República del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Toledo Luis, las acciones en que habrían incurrido los magistrados del TEEO, podrían constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal para el estado de Oaxaca.
A través de un punto de acuerdo, Toledo Luis, presentó en el Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo para recomendar al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, ejercer sus facultades constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de los magistrados del TEEO que podrían constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal para el Estado.
A la Contraloría Interna del TEEO a ejercer sus facultades legales en torno a las denuncias mencionadas y la actuación de los magistrados involucrados; y a ambas dependencias para que den vista de sus resultados a la Cámara de Diputados estatal, para que actúe conforme a Derecho.
Toledo Luis, argumentó que la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, modificó, entre otros, el artículo 116, fracción IV, inciso c), apartado 5º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dispuso que las autoridades jurisdiccionales que tengan a su cargo la resolución de las controversias en la materia en las entidades federativas, se integrarán por un número impar de magistrados, electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determinara la ley.
La reforma constitucional tuvo como propósito dar a las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia el goce de plena autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, a efecto de no verse afectados por la injerencia de otros órganos o poderes públicos en los estados.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue publicada el 23 de mayo de 2014, y dispuso en su artículo 105, párrafo 2, que los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, sin estar adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.
Así, ninguno de los poderes en los estados debe tener injerencia en el funcionamiento de los tribunales electorales locales.
Vaivenes en el TEEO
El 10 de diciembre de 2015, el Pleno del Senado de la República aprobó la designación de los licenciados en Derecho, Manuel Jiménez Viloria, Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor y Raymundo Wilfrido López Vázquez como magistrados del TEEO.
Posteriormente, el Pleno de ese tribunal estatal designó al licenciado Manuel Jiménez Viloria como su presidente. Dos meses después de su designación, el 8 de febrero de 2016 fue sustituido, en medio de acusaciones de ineficiencia, por su compañero, el magistrado López Vázquez.
El 26 de mayo de 2017, luego de diversas quejas y señalamientos de violación a los reglamentos del TEEO y presuntos actos de corrupción, fue destituido el magistrado López Vázquez, de la Presidencia, y en su lugar fue nombrado como nuevo presidente del Tribunal, el magistrado Carballido Díaz.
López Vásquez ha incurrido en diversas irregularidades en su desempeño en el encargo como Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que configura las hipótesis normativas previstas la fracción sexta del artículo 12 del reglamento interno del Tribunal, que afectan el adecuado funcionamiento del mismo y que han atentado en contra de los derechos humanos de los servidores públicos.
También se dio a conocer que los magistrados Carballido y Jiménez denunciaron en la omisión del expresidente para integrar y presidir el Comité de Adquisiciones,
Arrendamiento, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal. Además, de omitir la integración del Comité de Información del Tribunal y de solicitar al Pleno la aprobación para suscribir los nombramientos del personal de Tribunal.
Ambos magistrados argumentaron que López Vázquez, también cometió actos ilegales al cobrar, de manera simultánea, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
López y es que López Vásquez, devenga un doble sueldo, recibe una dieta y prestaciones por parte del tribunal electoral y cobra otras como catedrático de la Uabjo, lo cual está prohibido por la ley.
Sin embargo, se desempeñaba como catedrático de la facultad de derecho de la UABJO, al mismo tiempo que ejercía funciones de magistrado presidente del máximo órgano jurisdiccional local en material electoral.
Corrupción de magistrados
La Unidad de Transparencia de la UABJO; informó mediante el oficio UT/0191/2017 de fecha 21 de febrero de 2017 que el magistrado recibe de la universidad un salario mensual de 14 mil 405.84 pesos.
A la par, según el sitio oficial del TEEO, el magistrado López Vázquez, percibía una remuneración mensual bruta de 140 mil 576.85 pesos, menos impuestos para quedar como remuneración neta la cantidad de 95 mil pesos mensuales, además un bono adicional por un sistema de compensación y otro por el concepto de primas.
No obstante, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en su título tercero, capítulo II, Art, 107 numeral 1 establece que durante el periodo en el que los funcionarios se desempeñen como magistrados no podrán tener un empleo distinto que implique remuneración alguna.
En contra parte, López Vázquez, reveló el día de su remoción que el magistrado Jiménez Viloria, le pidió 1 millón de pesos a cambio de apoyarlo como Presidente del TEEO, así mismo denunció que en anteriores ocasiones, el magistrado, Carballido Díaz, se quedó con los bonos y compensaciones de sus colaboradores, de los cuales, existen documentos firmados.
De acuerdo a Toledo Luis, priva el clima de inestabilidad al interior del TEEO, tras las denuncias de los magistrados, así mismo, las acusaciones en los medios de comunicación y las formuladas por el magistrado presidente saliente constituyen hechos de extrema gravedad que no deben pasarse por alto.
“Esta situación debe preocupar y ocupar al Congreso de la Unión, pues sería intolerable que en el tribunal que constitucionalmente es el garante de los procesos democráticos existan señalamientos y manifestaciones de conductas contrarias a la ley y a los principios que rigen ese organismo, como la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, pluralismo jurídico y constitucionalidad”, asestó el Senador del PRI.
Urgen investigaciones
Para despejar cualquier duda respecto de la actuación de los magistrados del TEEO, “quienes además tienen el deber de garantizar las elecciones del año siguiente, resulta fundamental realizar acciones que permitan prevenir o corregir conductas que ponga en duda la labor del tribunal autónomo”
Y recordó que en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, establece que los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado pueden ser sancionados mediante juicio político, penalmente y con sanciones administrativas.
El artículo 117 establece que son sujetos de juicio político, entre otros, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su caso inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones, el Congreso del estado integrará una comisión de diputados, de acuerdo a las normas que rigen su funcionamiento, la que se encargará de analizar la acusación y que a su vez substanciará el procedimiento respectivo con audiencia del inculpado; para que posteriormente proceda a emitir su dictamen; erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
Para ello, ya la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, analiza emitir la recomendación al Fiscal General del Estado, ejercer sus facultades constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas los magistrados del TEEO que podrían constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal de Oaxaca.
