Ignacio Martínez Platas \ AGENCIA JM
Oaxaca, Oax.- La tranquilidad que pende de un hilo en Asunción Nochixtlán, fue vulnerada por la presencia activistas extraños a la población que nuevamente vivió en la angustia y en la zozobra por la literal toma de la comunidad, con el pretexto de conmemorar el primer aniversario de los hechos sangrientos del 19 de junio de 2016.
Las mentiras que desde hace un año vienen repitiendo la CNTE y organizaciones sociales regionales, secundados por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) y ahora por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Alto Comisionado de la ONU, nuevamente se dejaron escuchar en la mixteca oaxaqueña.
Este lunes, alrededor de 6 mil manifestantes, maestros de los sectores de la región mixteca, y en su mayoría de las organizaciones sociales, del MULT, FALP, CODEHP, COMUNA, autoridades municipales y campesinos simpatizantes de MORENA, tomaron literalmente a la población, para marchar de la súper carretera al parque municipal en donde realizaron un mitin.
Por la tarde, en una misa fueron bendecidas ocho estatuas de quienes perdieron la vida durante el enfrentamiento entre las fuerzas federales y estatales contra activistas de diversas organizaciones sociales, aunque ese día oficialmente fueron siete los manifestantes muertos, ya que el octavo murió al día siguiente al manipular explosivos.
Otra de las grandes mentiras que ha propalado la CNTE, secundados por diputados locales y federales de MORENA y otros partidos de izquierda, es que los policías federales y estatales fueron los primeros y los únicos que dispararon sus armas de cargo contra “el pueblo”.
Sin embargo, se tiene documentado que las primeras balas fueron disparadas por los activistas, y más tarde utilizando los arroyos, zanjas y carrizales como trincheras naturales, siguieron disparando contra los manifestantes y contra la policía, con el saldo final de siete muertos y al menos 50 heridos, cinco de ellos de bala.
La CNTE y los “familiares de las víctimas” nunca permitieron la práctica de las autopsias a las víctimas, ni los peritajes médicos a los heridos de bala, para determinar el calibre de los proyectiles de armas de fuego que recibieron, y eso no ha permitido saber oficialmente quien o quienes dispararon contra los manifestantes.
Sin embargo, el fuego regular se intensificó cuando al lugar llegaron integrantes de la Gendarmería Nacional, quienes respondieron el ataque armado, además de que incursionaron en los alrededores de la “zona de guerra”, sin conocer los resultados.
Otra situación que contradice a la CNTE, es que según sus argumentos, la Procuraduría General de la República (PGR), se ha negado a tomar las declaraciones a testigos y a familiares de las víctimas para iniciar las averiguaciones previas.
Aunque en reiteradas ocasiones los familiares de las víctimas y heridos no han permitido el ingreso a la población a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, a los peritos ni a los agentes investigadores, para continuar con el proceso de integración de las averiguaciones previas.
Según los “Familiares de las Víctimas”, el Gobierno Federal y Estatal se han negado a indemnizar a los familiares de los siete fallecidos y de los lesionados, pero el Delegado Estatal de la PGR ha reiterado que las indemnizaciones solamente se entregarán una vez que el juez federal determine los montos y forma de pagos.
Esto fue lo que se vivió detrás de las cámaras de la conmemoración del primer aniversario que algunos han llamado un “crimen de lesa humanidad”, que los propios activistas de la CNTE y organizaciones sociales cometieron impunemente, pero con la “solidaridad” del ombudsman local y nacional tratan de darle otro rostro.
