Pedro Matías-Paulina Ríos
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) admitió la solicitud de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para buscar la declaración de alerta de violencia de género en la entidad donde se han cometido mil 290 feminicidios en los últimos 18 años.
De esta manera Oaxaca se suma a las alertas emitidas en 80 municipios de 11 entidades del país, declaró el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez.
Sin embargo, agregó, Oaxaca representa un gran reto por la complejidad de su
composición política ya que cuenta con mas de 570 municipios y una gran diversidad cultural, entonces, el desafío es cómo implementar medias de prevención, cómo dar seguimiento y cómo vincularlos.
Considera que del caso de Oaxaca podría salir la experiencia nacional de cómo se atiende un fenómeno de violencia y en una entidad tan compleja donde hay ciertas zonas donde el arraigo contra la violencia contra las mujeres es determinante y esta vinculado a expresiones de conflictos agrarios, interétnicos o interreligiosos como los en la región Triqui o Mixe donde las mujeres son utilizadas como botín de guerra.
Lo característico es que por tercera ocasión es una defensoría o comisión de derechos humanos la que presenta la solicitud de alerta de género como ocurrió con los estados de Colima, San Luis Potosí y ahora Oaxaca.
Lo incomprensible es que desde hace 10 años existe esta figura y ni la defensoría ni las
organizaciones feministas la retomaron, únicamente se dedicaron a hacer estadísticas y hacer denuncia pública.
Ahora que el Sistema Nacional admitió su solicitud para buscar la declaración de alerta de violencia de género en la entidad, se creó un grupo de trabajo el pasado 20 de julio y a partir de ahí se corren 30 días para elaborar un informe y realizar visitas in situ.
Por lo pronto, el grupo de trabajo integrado por las académicas e investigadoras Claudia Domínguez Hernández, representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM), y a Noemí Domínguez Gaspar, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, así como por Érika Lilí Díaz Cruz y Mónica Miguel Bautista, ambas investigadoras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ya iniciaron sus actividades este martes 25 de julio.
Explicó que a este grupo le va a tocar la gran tarea de hacer el proceso de investigación de la alerta junto con la CNDH e Inmujeres para que en un plazo de 30 días remitan su informe al secretario de Gobernación, quien lo revisará y luego notificará al estado.
Precisó que el informe viene acompañado de conclusiones (no recomendaciones) y vienen con indicadores de cumplimiento y acciones, y dan un plazo de seis meses para acatar.
Posteriormente, viene la revisión y ahí pueden suceder dos cosas: La primera es que si se cumplieron todas las conclusiones y ya no procede la alerta, la otra es que no se implementaron todas las recomendaciones y, entonces, sí amerita que se declare la alerta, luego viene la declaratoria y el grupo deja de llamarse de trabajo para convertirse en grupo institucional y multidisciplinarios que da seguimiento a las conclusiones.
Finalmente, Navarrete Gutiérrez aclaró que la “alerta no es como castigo, no es un mecanismo de persecución para los estados, ni un tache, es una herramienta de intervención de emergencia para hacer frente a una situación de emergencia”.
Sin embargo, reconoció que hay quienes le quieren dar carácter partidista y un proceso de satanización, aunque tampoco es un instrumento mágico de solución sino una herramienta para sentar bases y revisar qué estas haciendo bien y qué hace falta.
La Defensoría, pidió que se garantice la seguridad de las mujeres, pues desde el año 2013 la Defensoría puso de manifiesto públicamente el imparable incremento en Oaxaca de los índices de violencia y violencia extrema contra las mujeres por razón de género, ya que refiere mil 290 casos mas en 18 años y 70 de la actual administración de Alejandro Murat.
Entre los ejemplos de esa violencia, el documento enviado por la Defensoría al Sistema
Nacional enumera formas como la violencia familiar, desaparición de mujeres adolescentes, muertes violentas de mujeres, feminicidios, posible trata de personas y otros delitos graves cometidos en contra de mujeres por razón de género.
La Defensoría recalcó que debido, sobre todo, a la inacción del gobierno precedente el problema de la violencia contra las mujeres creció en la entidad de manera preocupante, por lo cual es urgente que las instancias y autoridades con injerencia en el tema adopten las medidas pertinentes para prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas relacionadas con la violencia de género en el Estado.
