Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Con 37 votos a favor, la 63 Legislatura local aprobó esta noche el dictamen que elimina el “fuero constitucional” que protegía a servidores públicos de primer nivel incluyendo al gobernador, legisladores, magistrados y al fiscal General de ser juzgados de delitos comunes y del orden federal.
De esta manera, Oaxaca es la décimo tercera entidad que erradica esta figura constitucional y se une a los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
Con la ausencia de cinco diputados, la mayoría del Congreso local aprobó derogar la fracción cuadragésima sexta del artículo 59, y los artículos 118 y 119 y se reforma el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.
Con la aprobación de esta reforma el artículo 123 dirá a letra expresa: “En los delitos del orden común y violación de las leyes federales y del Estado, los servidores públicos señalados en el artículo 115 de esta Constitución no gozarán de protección constitucional alguna, pudiendo en consecuencia proceder contra ellos la Fiscalía General del Estado”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Irineo Molina Espinoza, manifestó que la eliminación del fuero no se contrapone con mantener la libertad de los legisladores para expresar libremente sus puntos de vista, sin que ello sea objeto de sanción por los otros dos poderes.
Aunque la iniciativa de eliminar el fuero fue presentada el 21 de diciembre de 2016 por el Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena); el PRD lo hizo el pasado 29 de marzo y el Partido Acción Nacional hizo lo propio el pasado 15 de abril; fue hasta que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presentó su iniciativa el pasado 21 de julio, cuando se le dio entrada y en menos de 20 días se aprobó.
En la iniciativa del gobernador sobresale que los servidores públicos “respondamos en igualdad de circunstancias la Ley en caso de inobservancia, con la finalidad de que no prevalezca distinción alguna con el hecho de ostentar algún cargo público, como exigencia de la ciudadanía se aplique la norma jurídica con motivo del ejercicio público y se sancione a los servidores públicos que se aparten del cumplimiento de la Ley, sea cual sea el cargo que se les ha conferido”.
Para ello propuso “derogar la figura del fuero constitucional, en el ámbito local, del que hoy gozamos ciertos servidores públicos, que sin duda fortalecerá la democracia, el Estado de Derecho y el correcto ejercicio de la Administración Publica, siempre en beneficio de la población y como una alta responsabilidad que tenemos quienes hemos sido elegidos para ello”.
Ahora, todas las fracciones parlamentarias se atribuyen este hecho “histórico” como un logro de sus bancadas.
