Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El desastre natural ocurrido en el Istmo de Tehuantepec que enlutó 78 hogares dejó al descubierto la pobreza, pero también exhibió la incapacidad gubernamental, la falta de coordinación en la distribución de la ayuda humanitaria, el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona y, sobre todo, la miseria humana reflejada en el oportunismo político.
Así lo dio a conocer la Misión de Observación Humanitaria integrado por el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa y Tequio Jurídico, que coinciden que las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas.
El coordinador del área de justica trasnacional en ProDESC, Juan Antonio López, reconoció que todos los partidos políticos sin excepción están lucrando políticamente con la tragedia lo que exhibe lo ruin y su mezquinos que son porque hasta de la desgracia ajena hacen negocio.
El oportunismo político va desde el gobernador porque en San Francisco del Mar pueblo viejo llegaron apenas 100 despensas que llegó la Secretaría General de Gobierno y al entregarla hacían hincapié que “es por parte del gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán”.
En otros lugares sorprendieron entregas de ayuda a nombre del senador del PT, Benjamín Robles Montoya, del diputado del PRI, Samuel Gurrión, también hay fotografías de diputados del PRD donde hasta hacen un puente para entregar los apoyos a nombre de su partido.
En el peor de los casos, hay presidentes municipales que confiscan despensas y se las llevan a su domicilio en lugar de llevarlos a los albergues o como en San Francisco Ixhuatán donde hay tres albergues, uno del PRI, otro del PRD y el tercero del PAN.
Otra que observaron es la danza de las cifras, las cuales no son congruentes por eso se mueven de muy poco hasta mucho, entonces, tratan de adivinar cifras, muestra de ello es que primero decían que son 600 mil damnificados, luego subió a 800 mil y hasta un millón y ahora dicen que son alrededor de 300 mil.
Una de las cuestiones que observaron es que los secretarios de estado hacían un pequeño recorrido, se bajaban en dos o tres lugares, se tomaban la foto y se regresaban a sus hoteles donde montaron sus oficinas provisionales pero en áreas climatizadas, con café a la mano, comida a la carta.
Ahí esta el caso del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel que iba un rato a Unión Hidalgo y luego regresaba al hotel Calli de Tehuantepec donde también se hospedó la policía federal.
O el caso del subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros que ocupó la mitad del Hotel Santo Domingo y de ese confort hacían cuadrar cifras y “sino las inventamos” comentó uno de sus subordinados.
Mientras que la titular de Sedatu, Rosario Robles, reservó todo un hotel en Salina Cruz para su equipo y al final no quería pagar las habitaciones que no ocupo.
Considera que las cifras oficiales no son creíbles porque los altos mandos iban a la foto y su personal no tienen preparación de cómo hacer un censo de viviendas dañadas y menos de un damnificados.
Los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como a las Secretarías de Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.
También estaban censando mecánicos de los Ángeles Verdes o personal de la CFE cuando los que están capacitados son el INEGI o Sedesol.
Tras el sismo del pasado 7 de septiembre, la Misión de Observación Humanitaria (MOH) recorrió la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, atestiguando la falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona.
Las labores de reconocimiento las realizó en las comunidades de Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2.
El objetivo fue vigilar que la acción humanitaria se implemente bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional que dictan los más altos estándares del derecho internacional humanitario.
Lo que logró documentar es que existe una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y no se actúa de manera pronta. En contraste, existe amplia presencia militar y de la policía federal en las diferentes comunidades visitadas.
Además, la ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente. Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas. Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y, en algunos casos, el acopio ha sido decomisado.
Hizo hincapié que precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.
También algunas empresas privadas como las eólicas están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería suplir las obligaciones del gobierno.
Y es que varias de estas empresas han tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de megaproyectos y desconocemos si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario.
