Arturo Rodríguez/Pedro Matías
JUCHITÁN, Oax. (#pagina3.mx).- Pese al rechazo que han enfrentado en varias comunidades del Istmo de Tehuantepec por ventajosas, las empresas eólicas realizan trabajos de limpieza y remoción de escombros en la zona de desastre.
El presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez, informó que “en coordinación con los gobiernos federal, estatal y locales se han unido para hacer frente a la situación de emergencia en la entidad que alberga más del 60 % de la capacidad eólica del país”.
Luego de reconocer que las empresas eólicas no estuvieron exentas de daños, pues si bien los parques, sus operaciones y sitios no reportan caídas de aerogeneradores, sí se afectó infraestructura eléctrica y se realiza una revisión exhaustiva para restablecer la generación de energía lo más pronto posible.
Detalló que el sismo registrado el pasado 7 de septiembre afectó las operaciones de las empresas eólicas asentadas en esta región y que forman parte de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), lo que no ha impedido que se sumen a las labores de ayuda y atención a los damnificados.
En coincidencia con los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y estatal, establecieron como prioridad contribuir con la transportación de agua, víveres y medicamentos de primera necesidad.
Además, han facilitado personal y maquinaria para la remoción de escombros y las primeras labores de reconstrucción, incluyendo el apoyo para recobrar la normalidad en el suministro de agua y electricidad.
Asimismo, el personal de los parques eólicos trabaja de manera extraordinaria para restablecer las condiciones de normalidad y esperan las instrucciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Centro de Control de Energía (CENACE) para reiniciar la inyección de energía eléctrica a través de la red eléctrica nacional.
“Nos solidarizamos con nuestros colaboradores y con el pueblo oaxaqueño porque este terremoto ha significado grandes pérdidas para muchos en lo personal y en lo material”, señaló el presidente de la AMDEE Leopoldo Rodríguez.
En la maquinaria de las empresas fueron colocadas cartulinas con colores fosforescentes con la leyenda Eólica del Sur y “estamos atentos a las necesidades de la población conforme a lo que nos expresan las autoridades, nuestros colaboradores y las comunidades, buscando responder a lo que requiere el Istmo”.
Por lo pronto, para “acercarse a la población, iniciaron la instauración de centros de acopio, entrega de despensas y con atención médica o psicológica, ya que cada uno de los asociados que aquí operamos, tenemos el firme compromiso de contribuir significativamente a reconstruir la región del viento”, puntualizó.
Cabe mencionar que en varias comunidades de la región del Istmo persisten conflictos legales contra las empresas eólicas y en algunos lugares han logrado la cancelación de esos proyectos.
Los conflictos en rechazo a los seis proyectos eólicos se localizan en las comunidades zapotecas y huaves como en San Dionisio del Mar (huaves) y de la comunidad Álvaro Obregón (zapotecos), en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se organizaron en defensa de su tierra, territorio y costumbres, ante la amenaza representada por la imposición del megaproyecto eólico de Mareñas Renovables, el cual no les fue consultado.
Esta oposición generó enfrentamientos y agresiones contra los pobladores y las organizaciones que los apoyaban, por lo que interpusieron recursos legales, ganando un amparo para suspender la obra.
Finalmente, la empresa tomó la decisión de cancelar el proyecto en San Dionisio del Mar y trasladarlo a otro lugar.
Además, los zapotecas del municipio de Unión Hidalgo demandan la remoción de aerogeneradores que se han instalado en el casco urbano por la empresa Demex y su asociada consumidora Bimbo.
En Asamblea General, convocada por el Presidente Municipal, el representante de los Bienes Comunales y el presidente del Comité Pro-obras, se manifestaron contra las repercusiones que han tenido para la población los parques eólicos Piedra Larga I y II de la empresa DEMEX, filial de la transnacional española Renovalia Energy.
A su vez, la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) denuncian que el gobierno pretende crear 6 nuevos parques eólicos en la región con inversión de compañías españolas y francesas que venderían la energía a la CFE.
Señalan que estas concesiones generarían el despojo de tierras indígenas, así como impactos al medio ambiente, según activistas de la región y académicos.
Derivado de la oposición de los pobladores indígenas a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el gobierno municipal de Juchitán solicitó que para la instalación del parque de la empresa Eólica del Sur, en 5 mil hectáreas en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, era necesario realizar una consulta indígena.
Por lo que solicitó la intervención del gobierno federal y estatal para llevar a cabo este proceso.
Se instaló una comisión para elaborar el protocolo de consulta indígena, mismo que fue consensuado y aprobado con los representantes de las comunidades indígenas de la zona, con lo que inició el proceso de consulta previa, libre e informada, fundamentada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Secretaría de Energía fungió como autoridad responsable; la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Semarnat, Sedatu, la CDI, entre otras y las similares a nivel estatal, así como el Ayuntamiento de Juchitán.
Se llevaron a cabo las etapas del proceso, concluyendo con la aprobación del proyecto el 31 de Julio de 2015 y el 2 de septiembre firman las autoridades federales, estatales y municipales, así como la empresa eólica el convenio para los beneficios que se otorgarán a las comunidades.
A su vez, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), rechazan la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo, de la empresa Gas Natural Fenosa, por lo que han bloqueado las obras, lo que les ha generado amenazas y violencia por parte de la empresa.
Mencionaron que la obra no les fue consultada y que afecta su actividad pesquera.
De igual forma, comuneros del municipio de San Blas Atempa y el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas advirtieron que no permitirán la invasión de sus tierras.
Han realizado diversas acciones para impedir la construcción de una central de almacenamiento de energía (subestación eléctrica) para el parque eólico que Sedena construyó en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 2 del municipio de Ixtepec y que no fue consultada a los pobladores.
Han llevado a cabo bloqueos carreteros y han cerrado simbólicamente las obras.
Mientras que pescadores zapotecas de Juchitán conformados en tres cooperativas Laguna Santa Cruz, Guse’ Stinu, y Chinchorreros de la séptima sección denunciaron que la empresa “Eólica Zapoteca” utilizó firmas falsas para anunciar la validez de un proyecto eólico que pretende ubicarse en 604 mil hectáreas de zona lagunar.
Los representantes de las tres cooperativas negaron que hayan solicitado recursos económicos al representante de la empresa para poder avalar un proyecto eólico que pretende ubicarse en tres lagunas “Laguna Xhadahui”, “Laguna Guela Xhiña” y “Santa Cruz”, las cuales les han dado de comer porque colectan una variedad de peces y también camarones para su sustento familiar.
Solicitaron se les explique en qué consiste su proyecto y hasta dónde abarcará, a fin de que puedan decidir si permiten o no la instalación de las turbinas.
Los pescadores manifestaron que una vez de haber escuchado en qué consiste el proyecto eólico realizarán una asamblea para definir su postura de avalar o rechazar, porque dijeron el gobierno no tiene intención hasta el momento de realizar una consulta indígena, como lo marca el convenio 169 de la OIT.
En marzo de 2017, zapotecos de Unión Hidalgo manifestaron su rechazo para que las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) instalen tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía en su territorio, sin que antes hayan sido consultados.
Para prevenir violaciones a sus derechos humanos, casi 800 firmantes -entre comuneros y habitantes- presentaron un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas firmas sin su consentimiento.
