Jaime GUERRERO
OAXACA, (#pagina3.mx).- La Fiscalía Anticorrupción confirmó que investigan la red de prestanombres de Jorge Castillo Díaz, operador político y económico del exgobernador Gabino Cué Monteagudo, para detectar la presunta malversación y desvíos millonarios de recursos públicos en que habría incurrido.
En tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó que al extitular de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), Sergio Pimentel Coello, se le negó un amparo de la justicia federal para no ser detenido.
En tanto, a Jorge Castillo Díaz se le desechó una queja que presentó contra el Agente del Ministerio Público que lo investiga por el presunto desvío de 14 mil millones de pesos del 2012 al 2014.
Tras las detenciones del ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, German Tenorio Vasconcelos (recluido actualmente en el penal), y la vinculación a proceso por el presunto desvío de 100 millones de pesos de Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas, ex tesoreros de Cué Monteagudo, en presunta colusión con el titular de los SSO, dijo que se amplían las indagatorias.
Por lo pronto, a los ex tesoreros de Cué Monteagudo se les dictó prisión preventiva y por los menos estarán recluidos en el penal de Santa María Ixcotel tres meses, para seguir su juicio en el penal.
Y es que además de las investigaciones iniciadas, hay más contra diversas dependencias y funcionarios de la administración de Cué Monteagudo, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); de las Infraestructuras (Sinfra); Turismo y Economía; Sevitra, Finanzas y otras más contra los Servicio de Salud, así como las indagatorias contra Castillo Díaz.
“Previo a mi llegada ya había dos carpetas de investigación, respecto a las cuales al día de hoy, por disposición constitucional y del Código Penal nacional, al estar en fase de investigación no tiene acceso (al expediente) quien se sienta como imputado (Castillo Díaz)”, asentó Emilio Iruegas Álvarez, fiscal Anticorrupción.
Aclaró que aún no han determinado acudir al Juez de Control o determinar un ejercicio porque se está en un proceso de investigación.
No obstante, luego de una publicación en la que se imputaba a Castillo Díaz, se realizó una audiencia ante un Juez de Control debido a que la defensa de “Coco Castillo”, cuestionaba la determinación de no acceso del expediente ante un Juez.
-Mucho se especulaba sobre prestanombres y personas ligadas a él (Jorge Castillo Díaz) los que operaban los recursos. Hay una investigación a esta red-, se le inquirió.
“Sí. A ver. Más allá de cualquier situación y casos en concreto y por la relevancia mediática que en su momento generó, un órgano encargado de perseguir delitos está obligado a ello. A establecer redes de vínculos que puedan conectar por un lado posibles prestanombres”, declaró.
Por otro lado, explicó, como cualquier delito en el que se involucren fondos públicos, seguir la ruta del dinero, lo relativo al sistema financiero y fiscal. “En eso estamos trabajando”, asentó.
En medio de las indagatorias, el Fiscal Anticorrupción evitó ventilar los nombres y los ejercicios fiscales en los que se han detectado más anomalías en la gestión de Cué Monteagudo.
Sin embargo, confirmó que son diversos los ex funcionarios que están involucrados en presuntos actos de corrupción.
Actualmente, son cerca de 50 las denuncias nuevas contra los funcionarios de Cué Monteagudo, las cuales se suman a las 1 mil 500 heredadas contras administraciones pasadas y ex autoridades municipales.
Iruegas Álvarez explicó que de acuerdo con los procedimientos, una vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la propia Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental concluyan que de las auditorías generadas existe la posibilidad de responsabilidad penal de los funcionarios, se da vista a la Fiscalía Anticorrupción para iniciar la investigación correspondiente.
En el caso de Castillo Díaz, se le da otro tratamiento, debido a que en la mayor parte de la administración de Cué Monteagudo no fungió legalmente como funcionario, solo como operador económico y político del ex Gobernador.
Era, se dice, quien pedía porcentajes a cambio de obras y contratos de servicios con el Gobierno del Estado, además de definir por encima de las dirigencias de partidos políticos, las candidaturas a diputados federales, locales y autoridades municipales del PAN y PRD.
Por lo pronto, de la Fiscalía General del Estado informaron que el pasado 9 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito abrió el expediente 947/2017 con el juicio de amparo que promovió Pimentel Coello, contra “actos privativos de libertad”, ordenados por el Juez Primero de lo Penal del Distrito del Centro.
En un primer momento, el Juez Primero de lo Penal concedió la suspensión provisional de cualquier orden de captura en contra Pimentel Coello.
No obstante, tres días después, el 12 de septiembre, el Juez del Consejo de la Judicatura, sobreseyó el juicio de amparo por “inexistencia de los actos reclamados”.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción informó que además de Coello han recurrido al amparo ante el Consejo de la Judicatura Federal, diversos funcionarios para protegerse contra cualquier orden de aprehensión en su contra.
Por lo pronto, el Consejo de la Judicatura Federal evitó revelar los nombres de todos ex funcionarios de Cué Monteagudo.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción reveló que el 4 pasado de septiembre de 2017, el Juzgado Segundo de Distrito inició el expediente 974/2017 con la queja presentada por Jorge Enrique Castillo Díaz, ex operador político y financiero en el anterior Gobierno del Estado, contra el Agente del Ministerio Público de la Mesa 1 del Sistema Adversarial adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
No obstante, la queja fue desechada. “Al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, de plano se desecha la demanda de garantías”, expone el acuerdo de esta autoridad federal, con fecha 5 de septiembre de 2017.
Y es que Castillo Díaz es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca, por el delito de enriquecimiento ilícito, mediante el supuesto robo de 14 mil millones de pesos del erario de Oaxaca, durante los años 2012-2014.
