Pablo Ferri/ EL PAÍS
Según los investigadores, la muerte de Karla Pontigo no fue más que un accidente desafortunado. La joven chocó contra una puerta de cristal, la rompió y uno de los pedazos le seccionó la arteria por la ingle. Karla llegó con vida al hospital, malherida pero con vida. Al poco de ingresar, conscientes de su estado, los médicos decidieron amputarle la pierna derecha. Karla salió de la operación, pero murió horas más tarde. La fiscalía no tardó en concluir que aquello había sido una desgracia. Sin más culpables que unos trozos de cristal.
Ocurrió en San Luis Potosí, en México, entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de octubre de 2012. Karla tenía entonces 22 años. Había estudiado para ser esteticista y aprendía masaje terapeútico. Trabajaba en un spa y luego, también, en un bar, el Play Club. Fue allí, en el bar, donde ocurrió todo. Según la fiscalía, Karla subió al piso de arriba a buscar algo, trató de entrar a la oficina del jefe y no vio la puerta. De ahí, el resto.
Por algún motivo, la fiscalía de San Luis obvió los golpes con que la joven había llegado al hospital. Karla presentaba contusiones en la cara, el cuello, los brazos. Desgarros en los genitales. En el informe que presentó sobre el caso en diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, dijo: «La descripción de las lesiones fue incompleta, inadecuada y deficiente, sin fundamentos que la avalen».
Desde la muerte de Karla, su familia ha pasado media vida en el juzgado. Literal y metafóricamente. A veces en persona, otras desde la pura rabia, la frustración. Primero pelearon para que el juez no aceptara las conclusiones de la fiscalía. La culpa, decían los investigadores, era del dueño del bar como responsable de la seguridad en el local. Le acusaban de homicidio culposo, involuntario. Nada serio. La familia se negaba a aceptarlo. Una puerta, argumentan desde el principio, no te deja moretones en todo el cuerpo. Una puerta no abusa sexualmente de nadie.
En 2014, la madre de Karla, Esperanza Lucciotto, pidió ayuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Había tratado de que la justicia local devolviera la investigación a la fiscalía. De que les obligara a hacer un trabajo decente. Pero no ocurrió. En 2015, la Suprema Corte aceptó el caso y se espera que decida en pocos meses.
Es el segundo caso por el estilo que trata el máximo tribunal. En 2016, la primera sala ordenó reabrir el caso de Mariana Lima, asesinada en el Estado de México años antes. En su día, la fiscalía estatal dijo que Mariana se había suicidado, pero la lucha de sus padres acabó, igual que en el caso de Karla Pontigo, en la Suprema Corte.
Desde hace ya un tiempo, Amnistía Internacional asesora a Esperanza en el caso, a la espera de la decisión de la corte. Esta semana, el director de la organización en España, Esteban Beltrán, se reunió en San Luis Potosí con el gobernador y personal de la fiscalía. Ya no están los que estaban entonces. Y sin embargo… «Ellos dicen que tienen la voluntad de investigar», explica Beltrán, «pero no hay un solo procesado por homicidio, ni por las irregularidades en la investigación, ni por las amenazas posteriores a la madre de Karla».
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