Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La organizaciones civil feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunció la falta de voluntad política del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa para investigar una serie de ataques e intimidaciones en contra de las activistas, sin que haya habido ninguna acción seria y responsable al respecto.
Por lo pronto, denunció que sus oficinas han sido allanadas en seis ocasiones tan solo en el primer año del priista; lo que es peor, la Secretaría de Seguridad Pública se niega a brindar medidas cautelares, alegando que no hay riesgo para la organización.
En una conferencia de prensa, las coordinadoras de Consorcio Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández y Pilar Muriedas denunciaron “la existencia de un patrón sistemático de ataques hacia nuestra organización y sus integrantes, que involucra intimidaciones, seguimientos, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las oficinas y a casas de sus integrantes.
Resaltaron que de 2011 a la fecha han vivido un total de 11 allanamientos; seis en lo que va de la administración de Alejandro Murat.
El más reciente allanamiento y robo sucedió el pasado 5 de enero, toda vez que durante la madrugada fue allanado el domicilio de la defensora e integrante del Equipo Directivo, Yesica Sánchez Maya, cortando la cerca de seguridad, desactivando alarmas, destruyendo chapas, robándose su computadora, pantallas y material de seguridad de la casa incluyendo videograbadora y modem de internet.
Sin embargo, lo sospechoso es no se llevaron otros objetos de valor que se encontraban en la vivienda, por lo que consideran que “este ataque no es aislado, forma parte de una serie de ,agresiones que se han acumulando en nuestra contra”.
Relataron que el 2 de diciembre de 2016 fue allanado el domicilio de una de las integrantes del equipo de trabajo comunitario donde robaron un equipo de computo, un celular, joyas y dinero en efectivo.
Posteriormente, el 5 de febrero 2017 forzaron la chapa del vehículo de una de las integrantes del equipo de administración; el 15 y 17 de Febrero 2017 fue allanado el domicilio de la hija de una de las integrantes del equipo de Administración sin que se haya sustraído objeto alguno.
Luego el 18 de Febrero 2017 fue allanado el domicilio de Ana María Hernández, integrante del equipo directivo; y el 28 de febrero 2017 se intento de forzar la chapa del vehículo de una de las integrantes del equipo de administración.
También el 6 de Abril de 2017 se denunció el allanamiento y robo a mano armada en las oficinas de Consorcio Oaxaca, llevándose la bolsa de una de las integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la organización, y USBs con información laboral.
Esto sin contar la vigilancia constante alrededor de la oficina por parte de distintos hombres desconocidos, policías viales y vehículos desconocidos; y la intervención de comunicaciones telefónicas y digitales de varias integrantes de la organización.
Consorcio ha interpuesto ocho denuncias penales, de las cuales cinco fueron en el sexenio anterior y tres durante esta administración. De las cinco del sexenio de Gabino Cué una ha sido judicializada y en cuando el actual gobierno llegó, estaban en trámite cuatro, que fueron enviadas a la reserva el 30 de marzo del 2017 por parte de la Fiscalía General del Estado.
Entre las que se fueron a reserva se encuentran la 12/FIDTS/2011, 06/FIDTS/2012, 16/FIDTS/2012, 37/FIDTS/2015 y 28/FIDTS/2015, mientras que el único caso que se judicializó se está en espera de que resuelva la apelación del presunto responsable que goza de libertad bajo caución por una fianza de diez mil pesos.
De las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no han tenido ningún tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer algunas periciales.
Por consiguiente, “no hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca”.
Cabe destacar que pese a que desde el año 2012, la organización es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas vía la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, no han sido cumplidas a cabalidad; ello a pesar de las reiteradas comunicaciones en las que hemos alertando frente a dicho incumplimiento y al aumento de riesgo. Más grave aun, pues las autoridades responsables de brindar protección han buscado levantar las medidas cautelares.
Después del incremento de los incidentes y del aumento de riesgo de la organización, en febrero y abril del 2017, la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras instó en reiteradas ocasiones a las autoridades responsables cumplir y reforzar las medidas cautelares a favor de la organización, en particular cumpliendo y reforzando los rondines a la oficina, petición a la que las autoridades de Seguridad Pública se negaron a hacerlo, alegando que no había riesgo.
Así mismo para justificar el incumplimiento, las autoridades responsables alegaron que sus elementos no estaban disponibles al estar atendiendo situaciones de conflictos sociales, bloqueos o marchas.
Evidenciaron que en diversas ocasiones la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Oaxaca durante este sexenio, ha insistido en que se levanten las medidas que están a su cargo bajo el siguiente argumento: “que no tienen registrados incidentes que pongan en riesgo a las cauteladas y por ende solicita la desactivación de las medidas cautelares”.
En ese sentido el día 17 de enero se les notificó que la SSP reiteró su petición, lo que deja en evidencia la falta de interés de garantizar la protección a Consorcio Oaxaca.
Finalmente responsabilizaron a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, “de nuestra vida e integridad, así como de cualquier nuevo ataque en contra de Consorcio Oaxaca y de sus integrantes”.
Al Fiscal General les exigieron que asuma su responsabilidad y en consecuencia ponga de manera inmediata a los responsables frente a las autoridades judiciales y que deje de entorpecer la investigación, que finque las responsabilidades correspondientes, porque el mensaje de impunidad que está dando, nos deja en pleno estado de indefensión.
Mientras que al Congreso del Estado, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo le recordaron que su obligación es garantizar el derecho a defender derechos humanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar su labor.
Conminaron al gobernador Alejandro Murat para que tome medidas urgentes e inmediatas que garanticen la vida e integridad de todas las personas defensoras de derechos humanos, en particular de las mujeres defensoras en el estado de Oaxaca, ya que con base en datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, aquí se registra el 58% del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.
